Sociedad
L-Gante se negó a declarar por la nueva imputación por el delito de encubrimiento
Actualmente, está detenido por privación ilegal de la libertad, amenazas y ahora también por encubrimiento agravado. La Cámara de Apelaciones revocó su excarcelación extraordinaria, pero se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica.
El músico Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, se negó a declarar ante una nueva imputación por el delito de encubrimiento. Actualmente, Valenzuela se encuentra detenido desde el pasado 6 de junio por privación ilegal de la libertad y amenazas. Las fuentes judiciales informaron que fue trasladado a la fiscalía en General Rodríguez, donde se le imputó el delito de «encubrimiento agravado» debido a que uno de los teléfonos que se le incautaron había sido denunciado como robado.
El pasado martes, L-Gante recibió un revés judicial cuando la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó un fallo que le otorgaba la excarcelación extraordinaria. Sin embargo, más tarde se le concedió el arresto domiciliario con tobillera electrónica, aunque esta medida se hará efectiva cuando el fallo quede firme.
La Cámara de Apelaciones de Mercedes consideró la gravedad de los hechos imputados a L-Gante, así como su historial de causas anteriores en su contra, la pena en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su persistencia en conductas desajustadas a la ley. A pesar de esta decisión, el juez de Garantías de Moreno-General Rodríguez le concedió la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, pendiente de la confirmación del informe positivo de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Mientras tanto, L-Gante seguirá detenido por los delitos de amenazas, privación ilegítima de la libertad, tenencia de estupefacientes y ahora también por encubrimiento agravado. La denuncia que llevó a la detención del cantante fue realizada por un vecino que afirmó haber recibido amenazas y haber sido agredido físicamente por Valenzuela y miembros de su grupo de amigos y músicos conocido como «La Mafilia».
Según la denuncia, el vecino fue obligado a subir a un automóvil y permaneció cautivo durante 23 minutos antes de ser liberado.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: la querella pidió 11 años y 2 meses y rechazó la legítima defensa
Fabián Améndola sostuvo que el músico “se acercó y lo remató” y que los últimos tres disparos ya no respondían a ninguna agresión. El fiscal general Sandro Abraldes alegará el miércoles 11 y la defensa, el viernes 13.
Cuatro disparos, tres de ellos a corta distancia, y una víctima que ya había caído cuando se efectuaron los últimos: esa es la reconstrucción con la que la querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para el músico Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz.
El pedido lo formuló el abogado Fabián Améndola, que junto con Fernando Burlando representa a la madre de una de las hijas de Díaz, en los alegatos de clausura que comenzaron a las 11:30 del viernes 6 de noviembre ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Díaz murió de cuatro disparos el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, de Villa Lugano.
Un pedido con arresto domiciliario y salidas laborales
La querella calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y pidió que, si el tribunal dicta una condena, Álvarez la cumpla bajo arresto domiciliario y con salidas laborales. Améndola aclaró que no buscaban una condena ejemplificadora y recordó la paciencia con la que la familia atravesó las demoras de un proceso condicionado por la salud del acusado.
Para la querella no hubo legítima defensa, porque cuando Díaz cayó ya no existía una agresión real. Según Améndola, el músico “se acercó y lo remató”, comprendió y dirigió su acción, y no había peligro para él cuando efectuó los últimos tres disparos.
La acusación fiscal y la estrategia de la defensa
El fiscal general Sandro Abraldes sostiene una acusación por homicidio simple con dolo eventual, un delito con pena de 8 a 25 años de prisión, y le atribuye además portación ilegítima de arma de uso civil. Alegará el miércoles 11 de noviembre. El viernes 13 será el turno de los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que buscarán probar que Álvarez actuó en legítima defensa o, de manera subsidiaria, que hubo un exceso en ella, figura que prevé entre uno y cinco años de prisión.
El relato de Álvarez ante el tribunal
Álvarez declaró por primera vez el lunes 2 de noviembre, durante unas cuatro horas, después de llegar en ambulancia desde la clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado de manera involuntaria desde el 2 de octubre. Dijo que se sintió acorralado por una persona peligrosa, que tenía el arma en el bolsillo y que apuntó al cuerpo de Díaz. Luego describió un “fogonazo blanco” en su cabeza y aseguró que no supo qué ocurrió durante unos segundos.
También pidió perdón a la familia de Díaz y propuso dar un recital para recaudar dinero destinado a las hijas de la víctima.
Dos lecturas que el tribunal deberá resolver
La distancia entre ambos relatos define el juicio: miedo y un vacío de segundos para el acusado, disparos sin peligro real para la querella. El debate comenzó el 10 de agosto de 2026, ocho años después del hecho, tras un proceso penal que estuvo suspendido durante años por planteos sobre la salud del músico.
Será el tribunal el que determine si corresponde homicidio simple, homicidio agravado por arma de fuego, legítima defensa o exceso en ella. Hasta que haya sentencia, rige la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber
- La querella pidió 11 años y 2 meses de prisión para Pity Álvarez, con arresto domiciliario y salidas laborales, por la muerte de Cristian Díaz el 12 de julio de 2018 en Villa Lugano.
- El pedido se formuló en los alegatos de clausura ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
- Para el abogado Fabián Améndola no hubo legítima defensa, porque los últimos tres disparos ya no respondían a una agresión.
- El fiscal general Sandro Abraldes acusa por homicidio simple con dolo eventual, con pena de 8 a 25 años, y alegará el miércoles 11.
- Los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro alegarán el viernes 13 y plantearán legítima defensa o su exceso.
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