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Judiciales ⚖️

Contundente fallo judicial reivindicó el derecho a la protesta, liberó presos y cuestionó la represión policial

La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos durante la manifestación en el Congreso, resaltó serías irregularidades en las detenciones y enfatizó la importancia del derecho a la protesta en una sociedad democrática.

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El Argentino Diario-Represión marcha de jubilados.

Una decisión judicial que expone irregularidades en las detenciones y el accionar policial

En un fallo que ha generado amplio debate, la jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, ordenó la liberación de 114 personas detenidas durante la marcha de jubilados en las inmediaciones del Congreso Nacional. La magistrada señaló que las fuerzas de seguridad no proporcionaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni especificaron los delitos imputados, lo que constituye una grave irregularidad en el procedimiento policial.

La jueza Andrade enfatizó en su resolución que «se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión». Además, destacó que los adultos mayores son parte de los «sectores más vulnerables de nuestra Nación» y que están «protegidos convencionalmente».

Reacciones del Gobierno contra el estado de derecho

La decisión judicial provocó críticas desde el Gobierno. El vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó en su cuenta de X: «La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad. La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los que militan la impunidad en cada fallo también son cómplices».

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lamentó la decisión de Andrade y señaló que «si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza dice que estaban defendiendo derechos y los libera, es muy difícil combatir la violencia organizada».

El derecho a la protesta como pilar de la democracia

El fallo de la jueza Andrade pone en relieve la importancia del derecho a la protesta en una sociedad democrática. La magistrada subrayó que «en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales».

Este pronunciamiento judicial invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el accionar de las fuerzas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente de aquellos pertenecientes a sectores vulnerables, como los adultos mayores.

Puntos clave del fallo de la jueza Andrade:

  • La jueza Karina Andrade ordenó la liberación de 114 detenidos durante la marcha de jubilados en el Congreso.
  • Se señalaron irregularidades en las detenciones, como la falta de información sobre los motivos y lugares de arresto.
  • El fallo destaca la relevancia del derecho a la protesta y la libertad de expresión en una democracia.
  • Funcionarios del Gobierno criticaron la decisión judicial, generando un debate sobre la actuación policial y los derechos ciudadanos.

Investigación 🔎

Causa ANDIS: le negó a la Justicia los correos de la Suizo por las coimas y quedó libre de culpa

La Sala I de la Cámara Federal desligó al jefe de sistemas de la droguería de los Kovalivker, que en pleno allanamiento se negó a entregar las claves de los mails corporativos. Para los camaristas no hubo dolo: el técnico solo hizo lo que le indicó el abogado de la empresa.

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Puertas cerradas en la Suizo: la Cámara de Comodoro Py absuelve el bloqueo a la investigación por las coimas en Discapacidad.

Las claves de los correos electrónicos de la droguería que está en el centro del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no llegaron a manos de la Justicia el día del allanamiento, y nadie va a responder penalmente por eso. El único imputado por haber cerrado esa puerta a los investigadores acaba de quedar libre de toda acusación.

La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Daniel Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola, sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la droguería Suizo Argentina S.A., propiedad de la familia Kovalivker. Díaz estaba imputado por desobediencia a un funcionario público, y los camaristas resolvieron cerrar su situación por «no poder afirmarse la existencia del dolo requerido por el tipo penal previsto».

Qué pasó en el allanamiento de Avenida Monroe

El episodio ocurrió el 29 de agosto de 2025, durante el allanamiento a la sede de la droguería, en Avenida Monroe al 800, en la Ciudad de Buenos Aires. El procedimiento había sido ordenado por el entonces juez de la causa, Sebastián Casanello, a pedido del fiscal federal Franco Picardi.

Ese día, Díaz se negó a blanquear las contraseñas de los correos de la firma y a dar acceso a las autoridades. Su argumento fue que no contaba con la autorización de los directivos ni del abogado de la empresa. La negativa motivó que el propio Casanello lo denunciara por obstaculizar la investigación, y el expediente derivado quedó luego en manos del juez federal Julián Ercolini, que lo citó a indagatoria. En abril de este año, Díaz se presentó y entregó un escrito en el que defendió su postura.

Los argumentos de los camaristas

Bertuzzi y Yadarola sostuvieron que la conducta del técnico «resulta incompatible con la existencia de una voluntad general de desconocer la autoridad judicial», ya que el abogado de la droguería le había indicado que no estaba obligado a cooperar. En otras palabras, el consejo legal de la propia empresa investigada funcionó como escudo para quien frenó el acceso a la prueba.

Llorens adhirió al sobreseimiento con un fundamento propio: planteó que la intervención de Díaz en el procedimiento «respondía exclusivamente a sus conocimientos técnicos en materia de sistemas y no podía, por ello, discernir por sí mismo si la asistencia requerida en ese punto era, o no, jurídicamente exigible a su persona».

La composición del tribunal no es un dato menor. Bertuzzi llegó a la Cámara Federal mediante un traslado dispuesto por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, y Llorens quedó asociado en la memoria pública a sus partidos de pádel con el entonces presidente en la Quinta de Olivos. Es la misma Sala que suele tener la última palabra sobre las causas más sensibles del poder político que tramitan en Comodoro Py.

Una droguería en el centro de la trama

Los correos que Díaz no habilitó pertenecen a la empresa que la Justicia investiga como pieza clave del presunto circuito de sobornos en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La causa se analizan más de 600 contratos entre la ANDIS y la Suizo Argentina, bajo sospecha de sobreprecios y licitaciones direccionadas.

El expediente estalló a partir de los audios atribuidos al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo «Lule» Menem. En el megaoperativo de agosto de 2025, en la casa de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería, se encontraron 266 mil dólares y 7 millones de pesos, además de anotaciones.

En la causa principal, Casanello dictó el procesamiento de 19 personas, entre ellas Spagnuolo, y ordenó peritar servidores, celulares, computadoras y otros dispositivos secuestrados en las oficinas de la Suizo Argentina. Mientras la investigación avanza a paso lento sobre el corazón del negocio, cada resolución que despeja a un engranaje de la estructura empresarial alimenta la sospecha de una Justicia que mide con distinta vara.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de la Cámara Federal (Bertuzzi, Llorens y Yadarola) sobreseyó a Hernán Daniel Díaz, jefe de sistemas de la Suizo Argentina.
  • Díaz se negó a entregar las claves de los correos de la droguería durante el allanamiento del 29 de agosto de 2025.
  • Estaba imputado por desobediencia a un funcionario público tras una denuncia del juez Casanello.
  • Los camaristas entendieron que no hubo dolo, porque el abogado de la empresa le dijo que no estaba obligado a cooperar.
  • En la causa principal hay 19 procesados, entre ellos el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
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