El juicio que investiga seis homicidios y la apropiación y abusos sexuales cometidos contra dos niños y una niña durante la última dictadura ingresa en su tramo final con pedidos de condenas a prisión perpetua para un exministro y seis policías y de 21 años de prisión para una exfuncionaria judicial de esa época.

Se trata del juicio denominado «Hogar de Belén», por el hogar de menores de la ciudad de Banfield donde estuvieron alojados Carlos, María y Mariano Ramírez, de 5,3 y 2 años respectivamente, luego de que su madre, Vicenta Orrego Meza de Ramírez, fue asesinada por fuerzas militares y policiales en un operativo en marzo de 1977 en la casa que habitaban en Almirante Brown.

La Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad en La Plata, integrada por el fiscal general Hernán Schapiro y los auxiliares fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlín, además de solicitar las penas reclamó tres medidas novedosas: una declaración de verdad para los tres hermanos; que los diarios corrijan la información brindada sobre los operativos donde murieron las seis personas y que el Hogar de Belén, aún en funcionamiento, se convierta en espacio de memoria.

El juicio, que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó el 4 de marzo de 2022, ingresa en su tramo final luego de que, tras las exposiciones de la fiscalía, el jueves próximo aleguen los abogados defensores.

Los acusados son el exministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart, el excomisario y jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk y los expolicías bonaerenses que revistaban en la Brigada de Investigaciones de Lanús Roberto Guillermo Catinari, Héctor Raúl Francescangeli, Armando Antonio Calabró, Rubén Carlos Chávez y José Augusto López, expolicía de la misma brigada, además de la exsecretaria del Tribunal de Menores N°1 de Lomas de Zamora Nora Susana Pellicer.

El represor Miguel Etchecolatz estaba imputado pero quedó impune de estos hechos al fallecer en prisión el 2 de julio último, a los 93 años.

El auxiliar fiscal Nogueira explicó que «es un juicio complejo dividido por un lado por dos operativos en los que vio la vinculación de la policía de la provincia de Buenos Aires en ambos, y donde los homicidios, al ser calificados, son todos (merecedores) de penas perpetuas».

«Por otro lado, se investiga la responsabilidad en cuanto a los hechos del Hogar de Belén, en función de la apropiación de los hermanos Ramírez donde la única persona con vida que intervino en ese proceso es Nora Pellicer, son tres apropiaciones y se pidieron 21 años» de cárcel, explicó.

«Con la doctora Oberlin tuvimos el desafío de proponer una alternativa al Tribunal para dar justicia a esos hermanos, se analizó la vinculación de los hechos que sufrieron con la dictadura y se pudo comprobar cómo esos chicos estaban en condiciones infrahumanas y cómo cada abuso sexual que sufrieron estaba asociado a provocarles la pérdida de la identidad y a su calidad de hijos de personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura», explicó.

Detalló que «cada abuso y maltrato tenía una connotación despectiva hacia los padres, con los mismos estereotipos de la dictadura, que eran padres subversivos, etc».

Nogueira afirmó que el Hogar de Belén «fue un lugar que funcionó como un dispositivo concentracionario».

«El Hogar estaba vinculado concretamente a personas que pertenecían a fuerzas represivas, que concurrían al lugar, hacían reuniones y fiestas, y eso no sólo lo dijeron los hermanos Ramírez», destacó.

«Comprobamos que desde el inicio hasta el fin de los 7 años que duró el alojamiento de los hermanos se construyó artificiosamente toda una serie de condiciones para mantener ocultos en el hogar a los hermanos Ramírez, con conocimiento pleno de quiénes eran, de donde venían, y ocultándole a la familia que los buscaban dónde estaban», explicó.

Sostuvo que la exfuncionaria imputada «daba fe y ponía en las actas cosas que sirvieron para cometer los crímenes contra la identidad».

Los hombres que abusaron sexualmente y maltrataron a los hermanos están muertos o sin capacidad mental para afrontar un juicio y esto llevó a la fiscalía a proponer que los hermanos reciban «una declaración de verdad».

Nogueira precisó que hay jurisprudencia nacional y del sistema interamericano que habla del derecho a la verdad. Remarcó que «pedimos que esa declaración de verdad se exprese en el veredicto, lo que sería la primera vez que se avanzaría en ese sentido en una causa de lesa humanidad».

Nogueira contó que se pidió que se desafecte el Hogar de Belén y, una vez reubicados los niños y niñas alojados allí, se lo convierta en un espacio de memoria.

«También pedimos que los diarios Clarín y La Nación que publicaron informaciones de los dos operativos plegándose a los relatos oficiales, desvirtuando la realidad de los asesinatos, rectifiquen esas noticias, que se trataron de ataques y asesinatos», puntualizó.