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Judiciales ⚖️

Era una promesa de San Lorenzo y ahora va a juicio por un narcocrimen ocurrido en Ciudad Evita

Los acusados son Lautaro Iván «Taro» Carrachino, quien a partir de mañana a las 8.30 comenzará a ser juzgado junto a Christian Daniel «Chucky» Cruz.

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Un exfutbolista de San Lorenzo, que fue goleador de las juveniles y era considerado una promesa para el club, comenzará a ser juzgado mañana junto a otro hombre por un narcocrimen cometido en enero de 2020, cuando quisieron usurpar un departamento ubicado en un monoblock de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, La Matanza, para instalar un búnker de venta de drogas y asesinaron de un tiro en la cabeza a uno de sus ocupantes, informaron hoy fuentes judiciales.

«En cinco horas saca todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos», fue la amenaza que numerosos testigos escucharon de boca de los ahora acusados, quienes la cumplieron tres horas después, cuando regresaron al lugar y ejecutaron de un tiro en la cabeza a uno de sus habitantes.

Los acusados son Lautaro Iván «Taro» Carrachino (26), quien a partir de mañana a las 8.30 comenzará a ser juzgado junto a Christian Daniel «Chucky» Cruz (45) por el «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego» del vecino Rubén Oscar López, durante el intento de usurpación de un departamento del barrio Villegas, el 27 de enero de 2020.

De ser hallados culpables, tanto la expromesa del fútbol como «Chucky» deberán cumplir la pena de prisión perpetua.

Voceros judiciales detallaron que la primera audiencia del juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, integrado por los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Matías Jorge Rouco, se desarrollará en una sala de la Universidad Nacional de La Matanza, situada en Florencio Varea 1.903, mientras que las restantes se harán en los tribunales situados en Entre Ríos 2.795, de San Justo.

La acusación estará en manos del fiscal de La Matanza Sergio Alejandro Antín, mientras que «Taro» Carrachino será defendido por el letrado Alberto Fornaro y «Chucky» Cruz por la defensora oficial Gabriela Chaumiel.

Durante la primera jornada, los jueces tienen previsto escuchar el requerimiento elevación a juicio y luego dar lugar a los acusados si tienen voluntad de declarar.

En las jornadas sucesivas, los magistrados podrán asistir a las declaraciones de los cerca de 15 testigos convocados.

De acuerdo a la acusación del fiscal de Instrucción de Homicidios Dolosos de La Matanza que intervino en el hecho, Federico Medone, cerca de la 1.40 del 27 de enero de 2020 «Chucky» Cruz y «Taro» Carrachino, portando armas de fuego, ingresaron a la fuerza a una vivienda ubicada en el primer piso del Monoblock 18 de la localidad de Ciudad Evita y, tras amenazar a una joven que vivía en el lugar con su pareja y su hijo de 2 años, sustrajeron una PlayStation 4, cuatro gorras de visera, una camiseta de fútbol de la selección colombiana de fútbol, 500 pesos y un morral con documentación a nombre del hijo de la mujer.

Según consta en requerimiento de elevación a juicio, los acusados le dijeron a la joven: «En cinco horas saca todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos».

Para los investigadores, tanto el futbolista como su cómplice tenían intenciones de apoderarse de ese departamento para utilizarlo como punto de venta de drogas al menudeo.

Es que, más allá de que en este debate se los juzgue por el crimen de López, los pesquisas establecieron que «Taro» trabajaba con «Chuky», quien era pareja de su tía y había recibido una condena a prisión perpetua en 2003 por robo con arma, tentativa de homicidio calificado, daño, homicidio simple en grado de tentativa y homicidio calificado, aunque había sido liberado en 2016 por la Justicia de Morón.

Ambos acusados, según las fuentes, actuaban siempre bajo ese mismo modus operandi para copar domicilios y comercializar estupefacientes en distintos barrios y asentamientos de La Matanza.

De acuerdo a la investigación, casi tres horas después de cometer esa amenaza contra los habitantes del monoblock 18, «Taro» y «Chuky», junto a otros dos hombres, regresaron al lugar armados.

«Con una clara división de roles, Cruz junto a un hombre que no pudo ser identificado se quedaron en la planta baja del mencionado monoblock, mientras que Carrachino y otro sospechoso que tampoco fue identificado, subieron hasta el primer piso y se dirigieron al departamento 18 antes mencionado», describió el fiscal en su acusación.

Una vez allí, de acuerdo a la acusación, el futbolista disparó contra López, quien también se hallaba en el departamento, tras decir: «Esta casa es de nosotros».

El herido fue trasladado por un allegado al Hospital Interzonal Paroissien, donde se constató que presentaba una herida de bala en el cráneo con pérdida de masa encefálica y finalmente murió.

Tras el homicidio, la policía y el fiscal Medone iniciaron una pesquisa, se entrevistaron con los testigos del hecho e inspeccionaron la escena quien si bien había sido limpiada, aún conservaba algunas manchas de sangre, cinco vainas servidas y un plomo deformado, que fueron recolectados por la Policía Científica.

Del testimonio de la mujer inicialmente amenazada, surgió que el futbolista y el otro hombre la amenazaron, le preguntaron por la anterior dueña de la casa y le dijeron: «Queremos la plata y la droga que tenés escondida».

Antes de irse, contó la mujer, le dijeron «esta casa es de nuestro compañero Secue» y luego la intimidaron para que sacara todo porque regresarían en unas horas a «matar a todos».

En el marco de la pesquisa y con todos los testimonios y elementos analizados, se dispuso la detención y arresto de Caracchino y Cruz

«Taro» Carrachino fue apresado el 22 de octubre de 2020 en inmediaciones de las calles Crovara y Cristianía de Ciudad Evita, tras permanecer casi diez meses prófugo, luego de distintas diligencias, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la comisaría de Isidro Casanova.

Los efectivos realizaron el procedimiento vestidos de civil, en un vehículo particular y, cuando se dirigieron al señalado, vieron al sospechoso que intentaba huir, por lo que lo redujeron y apresaron.

Las fuentes judiciales dijeron que el jugador había tenido una causa cuando tenía 15 años en La Matanza en 2013 por robo calificado por el uso de armas y homicidio calificado, en la que fue declarado inimputable, mientras que también fue detenido por portación de arma de guerra en diciembre 2019 en la puerta del boliche Pinar de Rocha, de la localidad de Ramos Mejía, por lo que tuvo otra causa penal dirimida en un juicio abreviado.

Al ser indagado en el marco de la causa, el futbolista negó haber participado de los hechos y dijo que había estado con unos amigos en una cabaña de la localidad bonaerense de Sierra de los Padres.

En dicha declaración, el exjugador de San Lorenzo -quien fue goleador en varias de las categorías inferiores del club, entrenó con el plantel de primera división y hasta firmó su primer contrato profesional en 2016-, dijo sobre Cruz que lo conocía del barrio porque era el esposo de una familiar suya, pero que se lo cruzaba solo esporádicamente y que no tenía trato.

Sin embargo, para el fiscal su versión no coincide con lo relevado en la pesquisa.

«Por todo lo antes mencionado, este Ministerio Público tiene por suficientemente acreditada la forma en que ocurrieron los hechos descritos, así como la participación de los imputados en los ilícitos que se les atribuye», concluye la acusación fiscal.

DDHH

Traslado de 1.400 presos: la Cámara lo avaló pero le puso límites al Gobierno

La Cámara del Crimen confirmó el rechazo del hábeas corpus de la Procuración Penitenciaria, pero reconoció irregularidades en las comunicaciones del operativo y ordenó avisar con 72 horas de anticipación los próximos movimientos. Mientras el Gobierno celebra la mudanza de Devoto a Marcos Paz, la educación universitaria en contextos de encierro quedó en el centro del reclamo.

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El Argentino Diario-Traslado presos Devoto.
El Gobierno completó la primera fase del traslado de 1.400 detenidos de Villa Devoto a Marcos Paz.

La Justicia admitió que los traslados de presos desde Devoto no se comunicaron como exige el protocolo del Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero dejó firme lo ya ejecutado. No hubo marcha atrás para los 1.400 detenidos movidos a Marcos Paz, aunque sí una orden con plazos concretos para todo lo que viene.

La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Hernán Martín López, confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). En paralelo con las actuaciones judiciales, el Gobierno nacional anunció este lunes, a través de la Presidencia, que completó la primera fase del traslado de personas detenidas de la cárcel de Villa Devoto al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz.

Lo que exigió el tribunal

El tribunal no cuestionó la decisión estatal de cerrar Devoto; analizó si la forma en que se organizaron y ejecutaron los traslados provocó, o podía provocar, un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. En ese examen, los camaristas detectaron que las comunicaciones no se habrían ajustado a las pautas previstas en el protocolo del SPF, y por eso encomendaron al juez de primera instancia que ordene notificar los próximos movimientos a los órganos judiciales y a las defensas con al menos 72 horas de anticipación.

Pese a esa irregularidad, consideraron que no se acreditó un perjuicio concreto derivado de la falta de comunicación que justificara revertir lo hecho. También advirtieron que devolver a los detenidos a Devoto podía empeorar su alojamiento, porque algunos sectores del establecimiento quedaron inhabilitados por razones técnicas vinculadas con la seguridad de la infraestructura.

La resolución incluyó otra medida relevante: la Cámara ordenó garantizar de inmediato el ingreso de personal de la Procuración Penitenciaria para inspeccionar y monitorear los establecimientos, en respuesta a los planteos sobre las dificultades para acceder a los pabellones y entrevistar a las personas detenidas.

Estudios universitarios, en el centro de la disputa

El impacto sobre la educación es uno de los focos del conflicto. Organizaciones vinculadas con la educación en contextos de encierro denunciaron, al comenzar los traslados, que el operativo empezó por estudiantes universitarios alojados en Devoto, y cuestionaron la interrupción de sus trayectorias académicas. El reclamo apunta al Centro Universitario Devoto (CUD), del programa UBA XXII, que funciona desde 1985 y es una experiencia histórica de educación universitaria en las cárceles argentinas.

La abogada Claudia Cesaroni, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), cuestionó que se trasladara a detenidos con un rol importante en la organización del espacio educativo. Sostuvo que existían acuerdos previos para derivar a determinados estudiantes a Ezeiza, porque en Marcos Paz no estaban garantizadas las mismas condiciones para continuar sus actividades.

La Cámara consideró que hasta ese momento no se había acreditado que los traslados impidieran ejercer el derecho a la educación. Evaluó, entre otros elementos, las gestiones para habilitar espacios de UBA XXII en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, con modalidad híbrida, y la oferta académica disponible en Marcos Paz. Los jueces dejaron abierta la posibilidad de volver a plantear la cuestión si se comprueban afectaciones concretas. Es decir, el fallo no dio por probado que el derecho a estudiar esté garantizado en todos los casos; consideró insuficientes los elementos presentados para disponer una medida general.

Salidas transitorias y casos individuales

Sobre las personas con salidas transitorias o próximas a acceder a ese régimen, la Cámara sostuvo que los efectos sobre la progresividad de la pena deben analizarse de manera individual ante el juez de ejecución o la autoridad judicial correspondiente.

El fallo examinó, entre otros planteos, el caso de Ricardo Alberto Castro Madrid, integrante de la denominada Banda del FAL, cuyo abogado objetó su alojamiento en Marcos Paz porque una resolución anterior había limitado los destinos posibles a unidades del SPF bajo un régimen abierto y de autodisciplina. Los camaristas entendieron que el pedido debía tramitar ante la autoridad competente y que no se acreditaron razones de gravedad y urgencia para resolverlo mediante un hábeas corpus.

La versión oficial y lo que queda pendiente

La administración nacional destacó el despliegue de fuerzas federales, las evaluaciones médicas, la identificación mediante códigos QR y la coordinación entre los organismos intervinientes. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que el procedimiento se desarrolló sin conflictos, motines ni fugas. El traslado forma parte del acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires para dejar de usar Villa Devoto como establecimiento penitenciario y poner en funcionamiento el complejo de Marcos Paz.

Mientras el Gobierno pone el acento en la desocupación del predio y en la puesta en marcha de la nueva cárcel, los reclamos se concentran en las condiciones de alojamiento, el acceso a la educación, la comunicación con las familias y la supervisión de los organismos de control. La decisión de la Cámara no frenó el operativo ni ordenó el regreso de los detenidos, pero fijó obligaciones para los próximos traslados y reforzó el rol de la Procuración Penitenciaria. El cumplimiento de esas medidas será uno de los puntos a observar en la siguiente etapa.

Lo que tenés que saber

  • El Gobierno completó la primera fase del traslado de 1.400 detenidos de Villa Devoto a Marcos Paz.
  • La Sala V de la Cámara del Crimen confirmó el rechazo del hábeas corpus colectivo de la Procuración Penitenciaria.
  • El tribunal ordenó notificar los próximos traslados con al menos 72 horas de anticipación.
  • La Cámara dispuso garantizar el ingreso inmediato de personal de la PPN a los penales.
  • Los jueces dejaron abierta la discusión sobre el derecho a la educación universitaria si se comprueban afectaciones concretas.
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