Judiciales ⚖️
Era una promesa de San Lorenzo y ahora va a juicio por un narcocrimen ocurrido en Ciudad Evita
Los acusados son Lautaro Iván «Taro» Carrachino, quien a partir de mañana a las 8.30 comenzará a ser juzgado junto a Christian Daniel «Chucky» Cruz.
Un exfutbolista de San Lorenzo, que fue goleador de las juveniles y era considerado una promesa para el club, comenzará a ser juzgado mañana junto a otro hombre por un narcocrimen cometido en enero de 2020, cuando quisieron usurpar un departamento ubicado en un monoblock de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, La Matanza, para instalar un búnker de venta de drogas y asesinaron de un tiro en la cabeza a uno de sus ocupantes, informaron hoy fuentes judiciales.
«En cinco horas saca todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos», fue la amenaza que numerosos testigos escucharon de boca de los ahora acusados, quienes la cumplieron tres horas después, cuando regresaron al lugar y ejecutaron de un tiro en la cabeza a uno de sus habitantes.
Los acusados son Lautaro Iván «Taro» Carrachino (26), quien a partir de mañana a las 8.30 comenzará a ser juzgado junto a Christian Daniel «Chucky» Cruz (45) por el «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego» del vecino Rubén Oscar López, durante el intento de usurpación de un departamento del barrio Villegas, el 27 de enero de 2020.
De ser hallados culpables, tanto la expromesa del fútbol como «Chucky» deberán cumplir la pena de prisión perpetua.
Voceros judiciales detallaron que la primera audiencia del juicio a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Matanza, integrado por los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Matías Jorge Rouco, se desarrollará en una sala de la Universidad Nacional de La Matanza, situada en Florencio Varea 1.903, mientras que las restantes se harán en los tribunales situados en Entre Ríos 2.795, de San Justo.
La acusación estará en manos del fiscal de La Matanza Sergio Alejandro Antín, mientras que «Taro» Carrachino será defendido por el letrado Alberto Fornaro y «Chucky» Cruz por la defensora oficial Gabriela Chaumiel.
Durante la primera jornada, los jueces tienen previsto escuchar el requerimiento elevación a juicio y luego dar lugar a los acusados si tienen voluntad de declarar.
En las jornadas sucesivas, los magistrados podrán asistir a las declaraciones de los cerca de 15 testigos convocados.
De acuerdo a la acusación del fiscal de Instrucción de Homicidios Dolosos de La Matanza que intervino en el hecho, Federico Medone, cerca de la 1.40 del 27 de enero de 2020 «Chucky» Cruz y «Taro» Carrachino, portando armas de fuego, ingresaron a la fuerza a una vivienda ubicada en el primer piso del Monoblock 18 de la localidad de Ciudad Evita y, tras amenazar a una joven que vivía en el lugar con su pareja y su hijo de 2 años, sustrajeron una PlayStation 4, cuatro gorras de visera, una camiseta de fútbol de la selección colombiana de fútbol, 500 pesos y un morral con documentación a nombre del hijo de la mujer.
Según consta en requerimiento de elevación a juicio, los acusados le dijeron a la joven: «En cinco horas saca todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos».
Para los investigadores, tanto el futbolista como su cómplice tenían intenciones de apoderarse de ese departamento para utilizarlo como punto de venta de drogas al menudeo.
Es que, más allá de que en este debate se los juzgue por el crimen de López, los pesquisas establecieron que «Taro» trabajaba con «Chuky», quien era pareja de su tía y había recibido una condena a prisión perpetua en 2003 por robo con arma, tentativa de homicidio calificado, daño, homicidio simple en grado de tentativa y homicidio calificado, aunque había sido liberado en 2016 por la Justicia de Morón.
Ambos acusados, según las fuentes, actuaban siempre bajo ese mismo modus operandi para copar domicilios y comercializar estupefacientes en distintos barrios y asentamientos de La Matanza.
De acuerdo a la investigación, casi tres horas después de cometer esa amenaza contra los habitantes del monoblock 18, «Taro» y «Chuky», junto a otros dos hombres, regresaron al lugar armados.
«Con una clara división de roles, Cruz junto a un hombre que no pudo ser identificado se quedaron en la planta baja del mencionado monoblock, mientras que Carrachino y otro sospechoso que tampoco fue identificado, subieron hasta el primer piso y se dirigieron al departamento 18 antes mencionado», describió el fiscal en su acusación.
Una vez allí, de acuerdo a la acusación, el futbolista disparó contra López, quien también se hallaba en el departamento, tras decir: «Esta casa es de nosotros».
El herido fue trasladado por un allegado al Hospital Interzonal Paroissien, donde se constató que presentaba una herida de bala en el cráneo con pérdida de masa encefálica y finalmente murió.
Tras el homicidio, la policía y el fiscal Medone iniciaron una pesquisa, se entrevistaron con los testigos del hecho e inspeccionaron la escena quien si bien había sido limpiada, aún conservaba algunas manchas de sangre, cinco vainas servidas y un plomo deformado, que fueron recolectados por la Policía Científica.
Del testimonio de la mujer inicialmente amenazada, surgió que el futbolista y el otro hombre la amenazaron, le preguntaron por la anterior dueña de la casa y le dijeron: «Queremos la plata y la droga que tenés escondida».
Antes de irse, contó la mujer, le dijeron «esta casa es de nuestro compañero Secue» y luego la intimidaron para que sacara todo porque regresarían en unas horas a «matar a todos».
En el marco de la pesquisa y con todos los testimonios y elementos analizados, se dispuso la detención y arresto de Caracchino y Cruz
«Taro» Carrachino fue apresado el 22 de octubre de 2020 en inmediaciones de las calles Crovara y Cristianía de Ciudad Evita, tras permanecer casi diez meses prófugo, luego de distintas diligencias, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la comisaría de Isidro Casanova.
Los efectivos realizaron el procedimiento vestidos de civil, en un vehículo particular y, cuando se dirigieron al señalado, vieron al sospechoso que intentaba huir, por lo que lo redujeron y apresaron.
Las fuentes judiciales dijeron que el jugador había tenido una causa cuando tenía 15 años en La Matanza en 2013 por robo calificado por el uso de armas y homicidio calificado, en la que fue declarado inimputable, mientras que también fue detenido por portación de arma de guerra en diciembre 2019 en la puerta del boliche Pinar de Rocha, de la localidad de Ramos Mejía, por lo que tuvo otra causa penal dirimida en un juicio abreviado.
Al ser indagado en el marco de la causa, el futbolista negó haber participado de los hechos y dijo que había estado con unos amigos en una cabaña de la localidad bonaerense de Sierra de los Padres.
En dicha declaración, el exjugador de San Lorenzo -quien fue goleador en varias de las categorías inferiores del club, entrenó con el plantel de primera división y hasta firmó su primer contrato profesional en 2016-, dijo sobre Cruz que lo conocía del barrio porque era el esposo de una familiar suya, pero que se lo cruzaba solo esporádicamente y que no tenía trato.
Sin embargo, para el fiscal su versión no coincide con lo relevado en la pesquisa.
«Por todo lo antes mencionado, este Ministerio Público tiene por suficientemente acreditada la forma en que ocurrieron los hechos descritos, así como la participación de los imputados en los ilícitos que se les atribuye», concluye la acusación fiscal.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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