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Córdoba

Marcha a un año de las muertes de bebés en un hospital de Córdoba

La movilización se concentró frente al Hospital Neonatal, donde se dio lectura: «No vamos a parar hasta que llegue la justicia que tanto esperamos. Que la justicia sea ejemplar. Justicia por los bebés del neonatal».

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Las familias de los bebés que murieron el año pasado, presuntamente por acciones intencionales, luego de nacer sanos en un hospital neonatal de la ciudad de Córdoba, marcharon esta noche portando velas encendidas para «exigir justicia» al cumplirse el primer aniversario de estos hechos, que tiene nueve imputados en la causa judicial y un solo detenido.

La movilización se concentró frente al Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo del barrio Alto Verde de la ciudad de Córdoba, donde se dio lectura a un documento, en el que se remarcó: «No vamos a parar hasta que llegue la justicia que tanto esperamos. Que la justicia sea ejemplar. Justicia por los bebés del neonatal».

Asimismo afirmaron que en el tránsito a la espera del juicio, comprobaron «lo mal que funciona el sistema de salud» provincial.

También, durante la marcha, expresaron sus reproches a los funcionarios del área de salud provincial que «no actuaron a tiempo ante casos sospechosos (de muertes)», y que por el contrario «hicieron callar con la excusa del secreto de sumario administrativo (interno) mientras los bebés seguían muriendo».

En ese sentido los familiares de los fallecidos consideraron que «las responsabilidades no se agotan en una sola persona», al referirse a la única detenida e imputada como la presunta autora de las muertes, la enfermera Brenda Agüero (28).

Además, agregaron que «los funcionarios que eligen a los profesionales son los que también tienen que hacerse cargo» de lo que ocurrió.

Vanesa Cáceres, mamá de uno de los bebés fallecidos, manifestó a los medios locales que ayer se reunieron con el fiscal Raúl Garzón que les transmitió que «se está avanzando» aunque «la investigación es compleja».

Al cumplirse un año de que tomó estado público el caso, «estamos marchando desde donde salimos vacías y volvemos nuevamente vacías», dijo Cáceres y que su sentimiento es de «injusticia y bronca a lo largo de este camino en reclamo por justicia».

La investigación judicial se conoció el 11 de agosto de 2022 a partir de denuncias por la muerte de cinco bebés nacidos sanos los días 18 de marzo, 23 de abril, 23 de mayo y otros dos el 6 de junio del año 2022.

Los informes determinaron que dos bebés, nacidos el 6 de junio último, ocurrieron por cuadro de «hiperpotasemia» que fue causado por «por exceso de potasio inyectada de manera intencional», ya que se descartaron otras patologías, error y mala praxis en las muertes.

El 19 de agosto del 2022, el fiscal Garzón ordenó la detención de la enfermera Agüero y la imputó por los delitos de «tres hechos de homicidio calificado por aplicar método incidioso de suministrar potasio incompatible para la vida», que sería la causa de los fallecimientos de los bebés nacidos sanos.

También la acusó por el mismo delito en grado de tentativa sobre ocho bebés que habrían pasado por la misma práctica y sobrevivieron, y corresponden a nacidos entre marzo y junio de ese año, y desde entonces la enfermera permanece alojada en el penal de mujer de Bouwer en la ciudad de Córdoba.

Además de Agüero están acusados el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo; el ex vicedirector de Gestión Hospitalaria, Alejandro Escudero Salama, por el delito de «omisión de los deberes de funcionario público».

También Marta Gómez Flores y Adriana Morales, las dos jefas del área Neonatología, por omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

La exdirectora del Materno Neonatal, Liliana Asís está imputada por «encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público»; la ex subdirectora médica Claudia Ringelheim y la exjefa de Enfermeras Alicia Ariza, enfrentan el delito de «omisión de los deberes de funcionario público».

Córdoba

El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.

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La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.

Una condena perpetua ignoró el contexto

En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.

Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.

El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.

Perspectiva de género y estándares internacionales

Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.

Más de diez organizaciones impulsaron la revisión

La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

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