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Judiciales ⚖️

Caso Báez Sosa: Thomsen pidió que le revoquen la prisión perpetua

El rugbier condenado a la pena máxima también pidió la realización de un nuevo juicio y que le bajen la pena a seis años de cárcel.

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Máximo Thomsen, el principal imputado del grupo de rugbiers condenados asegura que el abogado que los representó a todos no hizo una defensa eficiente y reclama nuevo juicio. Además, cuestiona que él nunca apareció grabado pegándole a Fernando aquel enero del 2020 y que no hubo premeditación en ir a matarlo ni hubo intención de hacerlo en ningún momento.

Thomsen pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia Bonaerense que declare nulo el juicio que lo condenó a prisión perpetua por el crimen ocurrido el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell, y asegura que no está probado que él le haya pegado, así como tampoco que existió un plan premeditado para hacerlo.

Lo hizo con su nuevo abogado Francisco Oneto al apelar el fallo de la Cámara de Casación Bonaerense que confirmó la condena a perpetua para él, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi; en tanto, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años de cárcel como partícipes secundarios.

El planteo del nuevo abogado es que Thomsen no tuvo una defensa anterior eficaz pues el entonces letrado Hugo Tomei representaba a los ocho rugbiers y por querer hacerlo a la totalidad del grupo no representó los intereses individuales de aquel.

Por eso pide que se declare nulo aquel proceso y se haga un nuevo juicio a la par que niega que existió premeditación en el accionar del grupo, lo que determinó el agravante de prisión perpetua al homicidio durante el juicio.

En ese sentido, refiere que hubo intereses contrapuestos y que teniendo un único abogado no pudo representarlos a cada uno de los ocho acusados.

Asimismo, en el recurso aseguró que si bien a Thomsen siempre se lo señaló como el líder del grupo y quien habría tenido el incidente propio con Báez Sosa en el interior del boliche Le Brique no fue él sino el acusado Blas Cinalli.

En ese sentido, hasta asegura que ya ambos grupos fuera del boliche es que hubo algún cruce de palabras y gestos, y ahí se inició la pelea que terminó con la muerte de Fernando.

Al respecto y ante la inmediatez de los hechos, la defensa cuestiona tal cual establecieron los jueces que haya hablado premeditación, esto es la planificación en irlo a matar, pues ello se aplica cuando hay un tiempo para reflexionar sobre llevar adelante eso y en el caso no lo hugo.

También que no está probado en base a los varios videos de la secuencia de aquella madrugada que Thomsen le haya dado el golpe que provocó la muerte de Fernando y hasta sugiere que pudieron ser otros que dieron algunos de los demás acusados.

Por último, reclamó la nulidad del juicio y subsidiariamente que se aplique el artículo 95 del Código Penal, esto es el homicidio en riña que prevé pena de dos a seis años de prisión.

Los ocho condenados están todos juntos detenidos en el penal de Melchor Romero y ahora aguardan a que resuelva la Suprema Corte Bonaerense, que no es la última instancia sino que luego cuentan con la posible apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hace tan solo días Thomsen confirmó el cambio de abogado y de esta manera de a poco los rugbiers condenados empezaron a buscar nuevos argumentos para desligarse del asesinatoocurrido en enero de 2020. 

Ante esta decisión, Oneto criticó a Hugo Tomei, quien todavía sigue siendo abogado de la mayoría de los jóvenes involucrados: “Las circunstancias hicieron que la asistencia técnica brindada por la defensa no sea efectiva y sustancial. La defensa eficiente necesariamente debe ser egoísta y no solidaria como en este caso”.

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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