La inversión en obra pública nacional cayó un 83% en términos reales durante 2024, según un informe de la Fundación Éforo. El ajuste presupuestario implementado por el presidente Javier Milei paralizó significativamente la ejecución de proyectos, impactando de manera desigual en las provincias.

Impacto general y distribución desigual

El informe señaló una disminución nominal del 24% y del 83% en valores reales en la ejecución de obra pública durante los primeros diez meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. «La decisión del Poder Ejecutivo de prácticamente paralizar la obra pública ha tenido un impacto significativo en todas las provincias. Si bien todas las jurisdicciones provinciales recibieron menos recursos respecto al año anterior, la distribución no fue igual a lo largo del país”, destacó el reporte.

La Ciudad de Buenos Aires encabezó la lista de jurisdicciones que más recursos recibió, con $149.009 millones en 2024, lo que representa una caída real del 82%. La provincia de Buenos Aires, que recibió $67.507 millones, experimentó una contracción del 89%. En el otro extremo, La Rioja y San Luis fueron las provincias más afectadas, con caídas del 97% y 94%, respectivamente.

Provincias con menor retroceso

En contraste, Jujuy y Tierra del Fuego registraron descensos reales menores al promedio nacional, con caídas del 29% y 48%, respectivamente. Estas cifras resultan moderadas frente a los retrocesos superiores al 80% observados en Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

Principales áreas afectadas

El informe de Éforo señaló que más del 70% de los recursos ejecutados correspondieron a la Dirección Nacional de Vialidad, principalmente en mantenimiento de la red vial y obras en corredores viales. Sin embargo, los sectores que más sufrieron los recortes fueron los subsidios a la energía y el transporte, que experimentaron una caída del 97% en términos reales.

Consecuencias de la política de ajuste

El ajuste implementado por el gobierno de Milei generó críticas de diversos sectores por su impacto en el desarrollo de infraestructura y los servicios económicos esenciales. La contracción histórica de la inversión pública plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo aplicado y sus consecuencias a largo plazo en las provincias más afectadas.