El fiscal federal con competencia electoral Ramiro González dictaminó por rechazar un amparo interpuesto por una ciudadana que pretendía que los cinco candidatos presidenciales sean sometidos a estudios para «acreditar su idoneidad física y mental», de cara a la eventual asunción del cargo al que aspiran.

El dictamen, conocido este miércoles, fue firmado el pasado lunes y ahora es la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini la que deberá resolver si hace lugar a la medida solicitada por la mujer que presentó el amparo, identificada como María Valeri Viglianchino, según explicaron las fuentes consultadas.

«Exigir -como lo indica la accionante- que ‘se intime a las personas nombradas a que acrediten y sometan a exámenes de aptitud psicofísica en instituciones públicas’ resulta improcedente, en ausencia de una regulación normativa -constitucional o infra constitucional- que así lo establezca», sostuvo el fiscal en su dictamen de 12 páginas.

«Los candidatos a presidente, Javier Gerardo Milei, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, Sergio Tomás Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, han pasado por diversas instancias de oficialización sin que se hubiesen formulado impugnaciones en ninguna de ellas e incluso, participaron de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias», recordó el fiscal.

Las eventuales inhabilidades morales que no hubiesen sido oportunamente planteadas «deberían quedar libradas al juicio de los votantes, que es en definitiva el pilar central de nuestro sistema democrático», enfatizó el representante del ministerio público.

El fiscal González también recordó que la Constitución Nacional establece que para ser elegido presidente o vicepresidente de la Nación «se requiere haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador».

Mientras que para ser senador, el artículo 55 establece que los requisitos son: «Tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, disfrutar de una renta anual de dos mil pesos fuerte o de una entrada equivalente, y ser natura de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella».

En su presentación, la amparista había señalado que los demandados no se encontrarían habilitados para participar de la compulsa, con fundamento en que no se habrían sometido a exámenes de aptitud física y mental previos que acrediten su idoneidad para el cargo.

Para reclamar que se los someta a exámenes psicofísicos, Valeri Viglianchino invocó el artículo 16 de la Constitución que establece que «todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas».

En ese punto sostuvo que todas las personas que aspiran a ingresar a desempeñarse en la administración pública son sometidas obligatoriamente a exámenes para determinar su aptitud psicofísica para el cargo y remarcó que el presidente ocupa un cargo muy importante, ejerciendo funciones y adoptando decisiones que afectan al patrimonio, la salud y la vida del conjunto de los argentinos.