Judiciales ⚖️
Generación Zoe: otro golpe a Cositorto, la Justicia inhibió sus bienes y los de su socio
Estas nuevas medidas se dictaron en el marco de expedientes presentados hace una semana por la Inspección General de Justicia (IGJ).
El juez nacional en lo Comercial Pablo Frick dispuso hoy la intervención judicial por seis meses de las firmas Generación Zoe S.A. y Zoe Capital S.A. y decretó la inhibición general de bienes de su presidente Leonardo Cositorto, quien se encuentra prófugo en el marco de otro expediente en el que se lo acusa de maniobras defraudatorias a través de estafas piramidales, informaron fuentes judiciales.
Las medidas dispuestas por la Justicia comercial se dictaron en el marco de expedientes iniciados a partir de presentaciones realizadas hace una semana por la Inspección General de Justicia (IGJ), según surge de los dos fallos a los que tuvo acceso Télam.
El juez dispuso que la inhibición general de bienes de Cositorto y de su socio Maximiliano Bustos sea, en principio, por el período de dos años, medida que ordenó inscribir de inmediato en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor y en los Registros de la Propiedad Inmueble de esta ciudad y de la Provincia de Buenos Aires
“No puede pasar desapercibida la trascendencia pública del caso analizado y la naturaleza de las denuncias efectuadas. Parece hallarse en juego la confianza de los inversores particulares (por poco o mucho dinero que hubiesen invertido) y, por lo tanto, el interés general derivado de la captación espuria del ahorro de los ciudadanos”, sostuvo el juez.
El juez también tuvo en cuenta que la Comisión Nacional de Valores (CNV) había intimado en octubre pasado a Generación Zoe S.A. al cese de actividades de captación de ahorro público y asesoramiento en materia de mercado de capitales, toda vez que la firma no tenía autorización para ello.
“Creo conveniente señalar que la aparente inobservancia de la decisión administrativa ya mencionada de la CNV podría hacer presumir que, de no adoptarse en lo inminente una medida como la requerida, se continuará con la actividad ilícita denunciada”, sostuvo.
“El deber del Estado de corregir los conflictos que se sitúen en la sociedad comercial encuentra sustento en la defensa de la seguridad jurídica hacia quienes creyendo en ese ente han transmitido parte de sus ahorros. Y si bien Generación Zoe S.A. no se encuentra inscripta como sociedad de capitalización y ahorro, se le atribuye precisamente haber desarrollado esa intermediación o captación (acaso escudada en supuestos servicios “educativos” o afines) sin la debida autorización; cuestión que prima facie afectaría gravemente el interés público”, señaló el juez.
“Los entes que captan del público una significativa masa de fondos se encuentran, en general y sobre todo en los países desarrollados, sujetos a la autorización y fiscalización estatal, como un medio de tutelar los intereses de los ahorristas y permitir el desenvolvimiento ordenado de una actividad, la del ahorro, en la que se encuentra fuertemente comprometido el interés ciudadano”, remarcó.
“Finalmente, tampoco escapa a mi conocimiento el hecho de que, conforme a lo informado por la IGJ, los únicos socios de Generación Zoe serían el director titular Leonardo Cositorto y el suplente Maximiliano Batista, quienes, según trascendió públicamente, estarían en el exterior y respecto de quienes se habrían emitido ordenes de captura internacional en el marco de causas criminales en curso”, concluyó.
CABA
Rehenes y motín en pleno centro porteño: el costo de mudar presos a contrarreloj sin garantías
Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D de Lavalle 451 y tomaron personal policial como rehén; liberaron a uno. Según trascendió, rechazaban ser trasladados a Marcos Paz. La versión oficial habló de una pelea entre internos y descartó riesgo de fuga.
Un grupo de al menos 20 detenidos se amotinó en la Comisaría Vecinal 1-D del microcentro porteño y tomó como rehén a personal policial, en una tarde de máxima tensión que obligó a desplegar al SAME y a los bomberos. Según se informó, uno de los rehenes fue liberado.
El episodio ocurrió en la alcaidía de la dependencia, ubicada en Lavalle 451, en el barrio de San Nicolás. Voceros de la Policía de la Ciudad indicaron que no hay peligro de fuga y que, hasta el momento, no se reportaron heridos. El parte oficial señala que el conflicto se originó en un enfrentamiento entre internos dentro de una celda. Según trascendió, un celador que intervino para frenar la pelea habría terminado como rehén de los presos.
Según versiones que circularon desde el lugar, los detenidos rechazaban ser trasladados al nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, adonde ya se derivó a cerca de 1.400 internos de la cárcel de Devoto. Esa motivación no fue confirmada oficialmente. Según las imágenes difundidas por canales de televisión, personal del SAME ingresó a la comisaría con dos camillas.
Una mudanza a contrarreloj
El traslado desde Devoto comenzó el domingo 11 de octubre, cuando el Ministerio de Seguridad Nacional movió a 609 internos en dos días, el 40% de la población del penal. La ministra Alejandra Monteoliva ratificó en una entrevista radial que la meta del Gobierno es «finalizar este año con el penal de Devoto trasladado y cerrado».
Un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los complejos federales de Ezeiza y Marcos Paz, que relevó el primer semestre de 2026, registró que casi el 57% de los detenidos en Marcos Paz está procesado sin condena firme. Además, documentó 18 fallecimientos entre ambas unidades y 41 medidas de fuerza, en su mayoría huelgas de hambre. Un traslado masivo a un complejo con ese historial es, como mínimo, un motivo de preocupación para quienes están alojados en comisarías y esperan destino.
Un problema que se repite en las alcaidías porteñas
No es la primera vez que detenidos alojados en comisarías de la Ciudad se amotinan por su lugar de alojamiento. En marzo de 2022, 22 detenidos de la Comisaría 3A, en Lavalle al 1900, protagonizaron un motín en el que pedían ser trasladados a cárceles del Servicio Penitenciario Federal, según informaron en aquel momento fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. En ese caso, el reclamo se daba en medio de una tensión entre la Ciudad y la Nación por los cupos y la sobrepoblación en alcaidías.
Hoy los detenidos no reclaman ir a una cárcel federal sino evitar un traslado, lo que muestra que el conflicto de fondo es el mismo: un sistema que no ofrece alojamiento digno ni previsible. Las comisarías no están diseñadas para alojar detenidos durante períodos prolongados.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban las responsabilidades de los detenidos que participaron del intento de fuga y de la agresión, y no se informó el número exacto de involucrados ni la situación de los rehenes.
Lo que tenés que saber
- Al menos 20 detenidos se amotinaron en la Comisaría Vecinal 1-D, en Lavalle 451, y tomaron personal policial como rehén.
- Uno de los rehenes fue liberado, según se informó.
- La Policía de la Ciudad indicó que no hay peligro de fuga y que no se reportaron heridos hasta el momento.
- Según versiones no confirmadas, los presos rechazaban ser trasladados a Marcos Paz, adonde se envió a cerca de 1.400 internos de Devoto.
- El Gobierno nacional se propone cerrar Devoto antes de fin de año.
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