Movimientos Sociales
Integrantes de Tercer Malón en Tribunales dejan ayuno, se quitan cadenas y anuncian nuevas acciones
Uno de los referentes sostuvo que «como gesto de voluntad política y de diálogo intercultural”, los tres hermanos héroes que están hace más de 48 horas con huelga de hambre, van a deponer su actitud voluntariamente «hasta el lunes».
Integrantes del Tercer Malón de la Paz que mantiene una vigilia frente a los tribunales porteños contra la reforma constitucional de Jujuy, anunció este jueves en conferencia de prensa que los tres maloneros que permanecían encadenados en huelga de hambre en la entrada de la Corte Suprema de Justicia desistieron de la medida como gesto de «voluntad de diálogo», pero advirtieron que «de no tener respuestas el próximo lunes profundizarán medidas».
«Como gesto de voluntad política de diálogo intercultural los tres hermanos héroes que están hace más de 48 horas con huelga de hambre, van a deponer su actitud, voluntariamente se van a sacar las cadenas y dejarán la medida en suspenso hasta el lunes», expresó uno de los referentes del malón durante la conferencia de prensa en Plaza Lavalle.
En ese contexto, los tres maloneros se desencadenaron y fueron recibidos entre aplausos y cánticos por sus compañeros, que rápidamente los asistieron y advirtieron que «si el lunes no tenemos respuestas, las medidas se van a profundizar».
Durante la conferencia se informó que representantes del Tercer Malón mantuvieron una serie de reuniones «muy importantes»: ayer en el predio de la exESMA con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y hoy fueron recibidos por el secretario gremial de la CGT y adjunto del SMATA, Mario «Paco» Manrique y el Frente Sindical, en la sede porteña de la central sindical.
«Acordamos impulsar la realización de una gran mesa de diálogo en Jujuy donde participen funcionarios del gobierno nacional y provincial, representantes de comunidades de pueblos indígenas, organismos de DDHH nacionales e internacionales, religiosos, sindicatos y todos aquellos actores relevantes para la resolución del conflicto, convocados por la Secretaría», informó sobre el encuentro desde su cuenta de Twitter la cartera encabezada por Pietragalla.
Además amplió que mientras los representantes de las distintas comunidades originarias expresaron su posición frente a la reforma constitucional provincial y pidieron que «el Estado nacional intervenga para la resolución pacífica de los conflictos», la Secretaría repasó las distintas acciones realizadas junto al Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), sobre todo en lo relativo a las denuncias por violaciones a los derechos humanos.
En la conferencia de prensa celebraron el compromiso firmado con el secretario de Derechos humanos, el inicio de una mesa de acciones directas acordado con la CGT y la articulación con movimientos sociales y ambientalistas para llevar a cabo un plan de lucha si la semana que viene no tienen respuestas a sus reclamos.
«Es fundamental visibilizar la situación de emergencia que se vive en Jujuy en estos momentos donde se sigue persiguiendo, hostigando a compañeros, se siguen mandando multas y contravenciones millonarias sin perder de vista que este es un modelo que se quiere implementar en el resto del país», denunciaron.
De ello se dio cuenta más temprano en otra rueda de prensa titulada «Violencia y censura contra los medios indígenas y populares en Jujuy», brindada por comunicadores del Tercer Malón en la Fundación Servicio Paz y Justicia (Serpaj), quienes expusieron sobre el hostigamiento que aún persiste en la provincia.
Tal es el caso de la periodista Olga Burgos que -según expusieron- en el día de ayer «recibió una contravención del gobierno provincial y fue hostigada por cinco policías en su domicilio a tal punto que debió esconder a sus hijas en el baño».
También relataron el temor que persiste entre los periodistas de las comunidades indígenas, que intentan informar lo que está pasando en la provincia que han llegado a «desmontar radios ante los recurrentes allanamientos y secuestro de equipos, sumado a la vigilancia constante de patrulleros que circulan por los alrededores de las emisoras».
Los comunicadores indígenas señalaron además la escasa cobertura de medios hegemónicos y exigieron a los organismos pertinentes que se resguarde el derecho a la comunicación con identidad.
«Venimos a exponer la marginación y persecución hacia los medios indígenas independientes que salieron a proteger y difundir las actividades que se realizaron en el marco de nuestro derecho de protesta», expresó Armando Quispe, integrante del Tercer Malón.
Durante la tarde se desarrollarán distintas actividades culturales e intervenciones artísticas para seguir visibilizando el reclamo del Tercer Malón de la Paz que partió el pasado 25 de julio desde diversas localidades jujeñas rumbo hacia la Capital Federal e ingresó a la ciudad de Buenos Aires el martes 1º de agosto, momento desde el cual sostienen una vigilia pacífica en Plaza Lavalle con el pedido de ser recibidos por la Corte Suprema.
CABA
Barrios porteños en llamas: Jorge Macri profundiza el abandono social
El desmantelamiento del programa Veredas Limpias, los desalojos, la violencia institucional y el cierre de cooperativas de trabajo configuran un cuadro de crisis social creciente en los barrios populares de la Ciudad. Referentes territoriales señalan un patrón deliberado de expulsión y hostigamiento hacia los sectores más vulnerables.
Cinco mil personas, en su mayoría madres jefas de hogar, perdieron su única fuente de ingresos cuando el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, decidió discontinuar el programa Veredas Limpias, una política de trabajo con cooperativas que llevaba más de quince años de funcionamiento en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que quedó en su lugar no fue una alternativa laboral sino una conversión en plan social: el programa Ciudadanía Laboral, que ofrece capacitaciones y bolsas de empleo sin perspectiva de continuidad, y cuyas tareas serían sociocomunitarias sin garantía de trabajo genuino.
La situación fue descripta por Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie Capital, quien dialogó con el medio de comunicación Tiempo. Córdoba explicó que la discontinuación del programa desató un proceso de conflicto, negociación y diálogo con el Gobierno de la Ciudad que duró aproximadamente tres meses, sin que los trabajadores lograran revertir la decisión. «Este era un programa que tuvo más de 15 años donde trabajaban 5.000 personas, sobre todo madres jefa de hogar que tenían su único ingreso y hace unos meses Macri lo discontinuó», sostuvo el referente social.
Militarización de los barrios y violencia institucional
El cuadro no se agota en la pérdida de empleo. Franco Armando, integrante del comité de crisis del Barrio Mugica (ex villa 31), señaló que Jorge Macri tiene el foco puesto en la expulsión de los sectores más empobrecidos de la Ciudad, y que esa expulsión, que en otro momento operaba de manera silenciosa a través del encarecimiento del costo de vida y los alquileres, hoy tiene una dimensión abiertamente violenta.
«Con los barrios casi militarizados y que hacen como nuevas fronteras. Que vos tengas que entrar a tu casa y que te revisen, el auto, la moto; si sos extranjero. Es realmente desgastante», describió Armando. El referente territorial también denunció operativos de hostigamiento a la economía informal: una vecina que transmitía por TikTok la venta de tortillas fue denunciada y la policía se presentó a confiscarle la mercadería y el carbón. «Te ajustan y no te dejan trabajar», remató.
En la misma línea, Agustín Navarro, responsable político del Frente Popular Darío Santillán, denunció que desde mayo los trabajadores de las cuadrillas del programa Veredas Limpias tienen sus retiros adeudados. La deuda acumulada los obligó a endeudarse para pagar servicios básicos. Entre los afectados hay personas electrodependientes, para quienes la situación tiene una complejidad crítica. Y la retirada de las cuadrillas de limpieza dejó a los barrios populares con un colapso sanitario que el Gobierno de la Ciudad no resolvió.
Desalojos, personas en situación de calle y capacitaciones vacías
La cadena de consecuencias se extiende: las familias que no pueden afrontar el alquiler son desalojadas y quedan en situación de calle, sin que el Gobierno de la Ciudad las asista. Las únicas respuestas institucionales que llegaron a los barrios fueron capacitaciones obligatorias en las que el propio Gobierno porteño exige a los participantes comprar sus propios utensilios de trabajo. «Les enseñan a hacer tortas y pizzas como si eso te resolviera el ingreso y la economía familiar», ironizó Navarro, sintetizando el abismo entre la oferta oficial y la urgencia real de los vecinos.
Las organizaciones sociales presentes en los territorios, entre ellas Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, coinciden en que el Gobierno de Jorge Macri no solo no acompaña a los sectores populares sino que los hostiga de manera sistemática: con operativos policiales contra ferias y vendedores ambulantes, con el cierre de comercios en los barrios, con el desmantelamiento de los pocos programas que generaban trabajo genuino. Córdoba advirtió que ante ese escenario las organizaciones sociales sostienen la resistencia territorial coordinando entre ellas para construir una propuesta que priorice el trabajo y la solidaridad por encima de la lógica del plan y la capacitación cosmética.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Jorge Macri discontinuó el programa Veredas Limpias, dejando sin ingresos a 5.000 trabajadoras, en su mayoría madres jefas de hogar.
- El reemplazo, el programa Ciudadanía Laboral, no garantiza trabajo genuino sino capacitaciones y bolsas de empleo sin continuidad.
- Desde mayo, los retiros adeudados a los trabajadores de las cuadrillas los forzaron a endeudarse para pagar servicios básicos.
- Referentes del Barrio Mugica y del Frente Popular Darío Santillán denuncian operativos policiales de hostigamiento contra la economía informal en los barrios populares.
- Las organizaciones sociales señalan un patrón deliberado de expulsión y abandono de los sectores vulnerables por parte del Gobierno de la Ciudad.
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