El balance fiscal del primer semestre de 2026 confirmó que el Gobierno de Javier Milei sostiene el equilibrio de las cuentas públicas mediante una fórmula conocida: recortar el gasto allí donde el costo político es menor. Según el informe elaborado por la consultora Analytica sobre datos oficiales del Ministerio de Economía, el gasto primario devengado de la Administración Nacional acumuló entre enero y junio una caída real del 2,3% interanual. Pero ese número agrega una paradoja estructural que el discurso oficial omite: la única partida que creció con fuerza en el período fue la de subsidios energéticos, que trepó un 71,4% real, impulsada por el encarecimiento global de la energía y la creciente brecha entre el costo de generación eléctrica y las tarifas que pagan los usuarios.

Las provincias y la obra pública, otra vez en el fondo del ajuste

La arquitectura del recorte semestral no fue homogénea. Según Analytica, las transferencias a las provincias registraron el mayor ajuste del período: una caída acumulada del 62,1% en términos reales. Parte de ese número responde a un cambio metodológico, ya que desde este año las partidas destinadas a hospitales SAMIC dejaron de computarse dentro de esa categoría; aun con ese descuento, la reducción acumulada alcanza el 52,3%. La magnitud del recorte, en cualquiera de sus versiones, es históricamente inédita.

La obra pública no corrió mejor suerte. En el acumulado semestral registró una contracción real del 32,4%, con una caída de 74,9% solo en junio: construcciones bajaron un 78% y las transferencias de capital un 72,6%. La consultora Vectorial advirtió que el ajuste nacional sobre esas partidas está desplazando las tensiones financieras hacia las administraciones subnacionales, que en 2026 no logran compensar con recursos propios la caída de las transferencias federales. Las provincias absorben hoy parte del ajuste que el Gobierno nacional no está dispuesto a ejecutar en otras partidas.

Subsidios energéticos: el agujero que el Gobierno no controla

El principal factor de presión sobre el gasto en junio fue el salto en los subsidios energéticos. Según Analytica, el 79,5% de los subsidios energéticos otorgados durante el primer semestre correspondió a transferencias a Cammesa, la distribuidora mayorista de electricidad, que crecieron un 71,4% real. La cobertura de las tarifas sobre el costo de generación eléctrica descendió al 65,5% en mayo de 2026, frente al 70,1% registrado un año antes, lo que amplió la brecha que el Estado debe cubrir. El encarecimiento global del sector energético, vinculado al contexto geopolítico internacional, impulsó toda la cadena de costos que el Gobierno argentino debe sostener para no trasladar la suba íntegramente a los usuarios, en un escenario donde el tarifazo ya acumuló subas superiores al 500% desde diciembre de 2023. En contrapartida, los subsidios al transporte cayeron un 24% en el semestre, afectados por la baja en las transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

La seguridad social: el único amortiguador que no cayó

El gasto en seguridad social fue el componente de mayor estabilidad relativa durante el semestre. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%, mientras que las partidas para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares se mantuvieron prácticamente sin variación, con un incremento de apenas el 0,3%. Se trata del único bloque del gasto que no registró caídas significativas, aunque los montos reales de los haberes jubilatorios siguen muy por debajo de los niveles previos al inicio de la gestión libertaria.

La recaudación, el talón de Aquiles del modelo

Si el frente del gasto muestra señales de control relativo, el frente de los ingresos exhibe un deterioro que amenaza la sostenibilidad del esquema. La recaudación tributaria de junio totalizó $20,017 billones, con un incremento nominal del 23,7% respecto de junio de 2025. Contra una inflación interanual del 33,2%, el resultado implica una caída real del 7,4%, según estimó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). La cifra retomó la tendencia descendente que venía acumulando nueve meses consecutivos de retroceso, luego de una pausa en mayo impulsada por el ingreso del Impuesto a las Ganancias de empresas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuyó el resultado principalmente a la caída en los ingresos del comercio exterior. Los derechos de exportación se desplomaron un 27,8% nominal (un 45,9% real, según el IARAF), golpeados por la reducción de las alícuotas sobre los principales cultivos agroindustriales, establecida mediante los Decretos 877/2025 y 423/2026. La baja de retenciones al campo, presentada por el Gobierno como un estímulo a la producción, se traduce directamente en una pérdida de recursos para el Estado. El IVA, principal fuente de la recaudación con $6,54 billones y una suba nominal del 28,2%, también quedó por debajo de la inflación, lo que el IARAF estimó en una caída real del 4%, reflejo de un consumo que no termina de recuperarse. El Impuesto a las Ganancias sumó apenas $3,21 billones, con una suba nominal del 11,3%, afectado además por la prórroga excepcional de los vencimientos para personas humanas hacia julio de 2026.

En el acumulado de los seis primeros meses, la recaudación totalizó $109,57 billones, con un crecimiento nominal del 25,9% interanual; una cifra que, descontada la inflación, equivale a una caída real del 5,3%. Sin las retenciones, que bajaron por decisión política, el retroceso acumulado sería del 3,6%. La consultora Outlier advirtió que el deterioro sostenido de los ingresos se convirtió en la principal fuente de presión sobre el resultado fiscal, y obligó al Gobierno a mantener una gestión extremadamente austera de la caja, con mecanismos técnicos como la acumulación de deuda flotante y su posterior cancelación por debajo de la línea fiscal. La deuda flotante de la Administración Nacional alcanzó $3,9 billones al cierre del semestre, equivalente al 0,3% del PIB, parcialmente explicada por el pago estacional del medio aguinaldo.

Un equilibrio fiscal sobre bases frágiles

La consultora LCG proyectó una caída de alrededor del 7% real en la recaudación para todo 2026, lo que plantea un interrogante de fondo sobre la viabilidad del modelo. Si una caída sostenida de los ingresos obliga a profundizar aún más el ajuste del gasto para no perder el superávit, el costo recaerá inevitablemente sobre los eslabones más débiles de la cadena presupuestaria: obra pública, transferencias provinciales y programas sociales, partidas que ya registran desplomes acumulados de entre el 32% y el 62% en lo que va del año. El Gobierno apuesta a que el crecimiento económico y la formalización laboral compensen la reducción de impuestos. Pero los datos del primer semestre de 2026 muestran que esa apuesta todavía no cierra.

Puntos clave

• El gasto público primario cayó 2,3% real en el primer semestre de 2026, según Analytica.
• Las transferencias a provincias se desplomaron un 62,1% real en el semestre; la obra pública, un 32,4%.
• Los subsidios energéticos crecieron un 71,4% real, impulsados por Cammesa y el encarecimiento internacional de la energía.
• La recaudación cayó 7,4% real en junio, según el IARAF, retomando una tendencia descendente de nueve meses consecutivos.
• La deuda flotante del Estado alcanzó $3,9 billones al cierre del semestre, equivalente al 0,3% del PIB.

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Informativo: Gasto público bajó 2,3% en el primer semestre pero la recaudación cayó 7,4% real en junio.
Analítico: Equilibrio fiscal ficticio: el Gobierno recorta provincias y obra pública para tapar el agujero de los subsidios energéticos.
De Impacto: Superávit en jaque: sin recaudación y con subsidios energéticos disparados, el ajuste no tiene techo.