Flybondi acumula 13 días consecutivos con su flota completamente en tierra. No es una turbulencia pasajera ni un contratiempo técnico aislado: es el punto de inflexión de un colapso anunciado que combina insolvencia financiera, abandono laboral, apagón digital y una pasividad estatal que genera sospechas cada vez más difíciles de ignorar. Mientras tanto, la aerolínea continúa ofreciendo y cobrando pasajes por vuelos que materialmente no puede operar.

El regulador que habilita sin regular

El interrogante central que recorre al sector aerocomercial apunta directamente al Estado: ¿por qué se le permite a una aerolínea inoperativa seguir comercializando pasajes? La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) quedó en una posición insostenible al ratificar la habilitación técnica de la empresa bajo el argumento de carecer de herramientas jurídicas para disponer una suspensión preventiva. En los hechos, esa inacción funciona como un salvoconducto que permite a Flybondi seguir recaudando a expensas de los pasajeros.

El contraste con la respuesta de otros países resulta elocuente: Brasil resolvió prohibir la venta de pasajes de Flybondi en su territorio para resguardar a sus consumidores. En Argentina, en cambio, el organismo regulador tolera que una compañía sin aviones disponibles y con cuentas judicialmente embargadas continúe vendiendo servicios que no puede prestar. La asimetría regulatoria difícilmente se explica solo por diferencias normativas.

El apagón digital: indefensión por diseño

La cara más abusiva de la crisis no está en los aeropuertos sino en las pantallas. El sitio web institucional de Flybondi permanece congelado en un error 504 (Gateway time-out), lo que clausura la única vía disponible para gestionar cambios, solicitar reembolsos o tramitar certificados de cancelación. No se trata de un desperfecto técnico: se trata de la anulación efectiva del derecho a reclamo de miles de usuarios.

Desde enero hasta la fecha de este informe, las cancelaciones superaron los 2.400 vuelos regulares y afectaron a casi 400.000 personas. Sin canales digitales operativos ni oficinas físicas accesibles, el pasivo acumulado por pasajes cobrados y no volados supera los 19 millones de dólares. De concretarse el concurso preventivo que ya se perfila como inminente, esa masa de acreedores particulares quedaría al final de la fila en los tribunales, por detrás de los acreedores financieros e institucionales.

Embargos, combustible cortado y salarios impagos

La inviabilidad de la empresa se precipitó en simultáneo sobre los tribunales, los aeropuertos y la planta de personal. La Justicia trabó medidas cautelares sobre las cuentas de la compañía por más de 1.500 millones de pesos a requerimiento de organismos fiscales y de control aduanero, y se acumularon sucesivos pedidos de quiebra impulsados por prestadores de servicios hoteleros y de transporte terrestre que no logran cobrar sus acreencias.

YPF restringió el suministro de combustible a pagos estrictamente anticipados, mientras que empresas de servicios de rampa y firmas internacionales de leasing retiraron aeronaves ante la acumulación de alquileres impagos que rondan los 25 millones de dólares. Las principales agencias de turismo y plataformas de reservas del país deslistaron a Flybondi de sus catálogos ante el riesgo de vender pasajes sin respaldo de vuelo.

En el plano laboral, la situación es igualmente grave. La plantilla no percibe haberes de junio, julio ni el medio aguinaldo. Más de 700 extrabajadores denuncian el incumplimiento de acuerdos de desvinculación e indemnización homologados. La omisión en el pago de aportes patronales cortó la cobertura médica de cientos de familias.

El desmantelamiento de una promesa

Flybondi nació durante la gestión de Mauricio Macri como emblema de la apertura del mercado aerocomercial y llegó a captar más del 20% del mercado de cabotaje. El desenlace actual es el producto de un deterioro progresivo: el ingreso de un nuevo esquema societario vía fondos de control derivó en un recorte masivo de estructura operativa y técnica sin inyección real de capital de trabajo, priorizando ajustes de nómina por encima de la sustentabilidad operativa.

El modelo de bajo costo exige alta rotación de equipos y disciplina financiera. Al perder escala y aeronaves, cada falla técnica o traba judicial encadenó suspensiones generalizadas. Tras operar con un parque de casi 15 aeronaves, los incumplimientos con arrendadores forzaron la salida de servicio de prácticamente toda la flota. El círculo se cerró sobre sí mismo.

El eventual concurso preventivo aparece como el último recurso de la conducción para blindarse ante pedidos de quiebra y ejecuciones directas. Pero la pregunta de fondo trasciende lo financiero: por qué el Estado argentino sigue convalidando el funcionamiento formal de una compañía inerte, con su web caída para eludir reclamos y sus sistemas de venta activos para seguir recaudando. La respuesta, hasta ahora, es el silencio de la ANAC.

Puntos clave

• Flybondi acumula 13 días consecutivos con toda su flota en tierra y su sitio web inoperativo.
• La ANAC mantuvo la habilitación técnica de la empresa pese a la parálisis total, argumentando falta de herramientas para suspenderla.
• Brasil prohibió la venta de pasajes de la aerolínea en su territorio; Argentina no tomó ninguna medida equivalente.
• El pasivo estimado en pasajes cobrados y no operados supera los 19 millones de dólares; más de 700 extrabajadores reclaman indemnizaciones impagas.
• La deuda con arrendadores internacionales de flota asciende a aproximadamente 25 millones de dólares y la Justicia embargó cuentas por más de 1.500 millones de pesos.