Denuncia
Grave denuncia contra Quilmes: Burlando apunta a los directivos de la histórica cervecera
La denuncia impulsada por el reconocido abogado apunta al presidente y vicepresidente de la histórica cervecera. La causa incluye usurpación, desobediencia judicial y privación ilegal de la libertad.
La Justicia del Departamento Judicial de Quilmes habilitó una investigación penal preparatoria que involucra a la empresa Cervecería y Maltería Quilmes. La causa, impulsada por el estudio jurídico encabezado por Fernando Burlando, podría alcanzar a los máximos directivos de la firma: su presidente Martín Ticinese y su vicepresidente Tomás Eloy Fracchia.
El expediente tramita en el Juzgado de Garantías N° 4 de Berazategui, a cargo del juez Damián Vendola, quien admitió el reclamo e inició las medidas preliminares. La presentación judicial fue realizada por Eduardo David Gómez y Juan Manuel Mazzacane, en representación de la empresa QUILBEB SUR S.A., quienes denunciaron una serie de hechos que, de comprobarse, configurarían delitos de acción pública.
Usurpación, desobediencia y privación de la libertad
Según la denuncia, los hechos habrían comenzado con la ocupación ilegítima de un galpón ubicado en el Parque Industrial Plátanos, en Berazategui. El inmueble se encontraba alquilado por QUILBEB SUR S.A., pero habría sido tomado por la fuerza, con una logística “que hace sospechar de una participación empresarial de alto nivel”.
Los denunciantes apuntan directamente contra Cervecería y Maltería Quilmes. Aseguran que el accionar no fue aislado ni improvisado, y que se llevó a cabo con conocimiento o participación directa de altos mandos de la compañía. Por eso solicitaron la imputación formal de Ticinese y Fracchia.
Además, se denuncia que un chofer habría sido privado ilegítimamente de su libertad en el marco de los hechos, lo que agrava el tenor penal de la causa.
Antecedente comercial y conflicto judicial
QUILBEB SUR S.A. mantenía un vínculo comercial con Cervecería y Maltería Quilmes, a quien le prestaba servicios logísticos. El conflicto se agravó tras el ingreso de la empresa denunciante en un concurso preventivo ante el fuero comercial de La Plata. Allí, la cervecera habría intentado rescindir el contrato y desalojar el inmueble, pero la Justicia rechazó ese planteo.
Según fuentes judiciales consultadas por este medio, tras ese fallo, se habría actuado al margen de la ley, motivando nuevas denuncias por desobediencia judicial y desbaratamiento de derechos acordados.
Posibles vínculos internacionales
La querella también menciona posibles conexiones con directivos del Grupo Veneroni, con sede en Brasil, y solicitó a la Justicia argentina que envíe exhortos diplomáticos e informes a oficinas de compliance internacionales. Será el juez Vendola quien evalúe si existen elementos para avanzar en esa dirección.
Con la causa ya habilitada, se espera que en las próximas semanas se ordenen medidas de prueba, se tomen declaraciones testimoniales, y eventualmente se avance con imputaciones formales si los fiscales encuentran sustento probatorio suficiente.
La presencia de Fernando Burlando como abogado patrocinante garantiza atención mediática, pero lo central sigue siendo la posible implicación penal de una de las empresas más importantes del país, con más de 130 años de historia y vínculos comerciales en el exterior.
Puntos clave:
- El juez Damián Vendola habilitó la investigación penal contra Cervecería y Maltería Quilmes.
- Se denuncian delitos como usurpación, desobediencia judicial y privación ilegítima de la libertad.
- Los denunciantes apuntan al presidente y vicepresidente de la firma, y piden su imputación formal.
- El conflicto tiene un trasfondo contractual vinculado a un concurso preventivo.
- Se investiga una posible conexión con empresarios brasileños del Grupo Veneroni.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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