A pesar de que han transcurrido más de cinco meses desde que el ejército privado de la corporación británica Hidden Lake, propiedad de Joe Lewis, atacara a la marcha que se dirigía al Lago Escondido por el camino público de Tacuifí el 1 de febrero, la causa judicial que debería investigar las violentas agresiones sufridas por los manifestantes no ha registrado avances significativos, según denuncian los defensores de las víctimas.

Entre los pocos avances en el caso, se ha confirmado que la Policía de Río Negro llevó a cabo un minucioso trabajo de inteligencia sobre los manifestantes durante los días que duró la protesta, además de permitir los ataques. Las querellas han expresado su preocupación por la falta de avances en la causa y solicitaron que la Policía rionegrina sea apartada del caso, sin embargo, el fiscal Francisco Arrien y el juez de garantías, Juan Pablo Laurence, rechazaron dicha solicitud.

Las querellas, representadas por los abogados Ezequiel Palavecino, Nadina Moreda y Maximiliano Geido, quienes defienden a tres grupos de nueve víctimas en total, coinciden en señalar la parálisis de la causa, a menos de un mes de que venza el plazo de seis meses para formular acusaciones, establecido por el Código rionegrino, el próximo 2 de agosto.

Uno de los querellantes expresó su alarma al afirmar: «Hasta donde sabemos, no hemos recibido ninguna notificación sobre las acciones del fiscal, nunca nos han informado nada hasta ahora. El expediente no ha tenido ningún movimiento, excepto las pruebas que hemos presentado nosotros. No nos han notificado si se han llevado a cabo medidas o si se han identificado a algunas personas. No ha sucedido nada en el expediente. Ese es el núcleo central de la situación«.

Otro querellante reveló los obstáculos que ha enfrentado al intentar acceder al expediente, declarando: «Me lo ocultan, dicen que está en despacho, que el fiscal se lo llevó». El expediente cuenta con numerosas pruebas presentadas por las víctimas, que incluyen decenas de fotografías, grabaciones de audio y videos que registran los ataques, y en los cuales se identifica claramente a los agresores. Las víctimas proporcionaron los nombres completos de la mayoría de ellos. Además, se ha documentado la evidente pasividad de los agentes de seguridad. Mientras el fiscal de la causa se negó a dar declaraciones.

El operativo policial encargado de evitar ataques como los sucedidos durante la manifestación, así como los ocurridos simultáneamente en las orillas del Lago Escondido contra otro grupo de manifestantes, fue dirigido personalmente por altos funcionarios de la Policía de Río Negro.

Según las querellas, esto descarta la complicidad como resultado de la simple inacción de los agentes y suboficiales, sino que obedece a un plan específico concebido por los jefes del operativo. La situación se agravó aún más cuando la Policía entregó a la fiscalía un informe detallando sus acciones a lo largo de la protesta. En poco más de dos páginas, se describe el movimiento de los manifestantes: cuántos eran, a qué hora llegaron, a qué organizaciones pertenecían, de dónde provenían, en qué vehículos se desplazaban e incluso a qué dirigentes respondían. El informe menciona algunos de los ataques como «enfrentamientos» y apenas menciona «una agresión» sin precisar ni definir, a pocos metros de donde se encontraban apostados.

Desde hace ocho años, cada febrero, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) organiza la Marcha por la Soberanía, que reúne a cientos de militantes sociales, políticos y sindicales de todo el país para acceder al Lago Escondido a través del camino público de Tacuifí, bloqueado por grupos de la corporación Hidden Lake. La marcha tuvo lugar este año desde el lunes 30 de enero hasta el jueves 2 de febrero.

El miércoles, un grupo reducido de manifestantes accedió al Camino de Tacuifí por un sendero turístico lateral llamado Huella Andina, de Parques Nacionales, pero fueron emboscados por las patotas. Ante la mirada impasible de la Policía, los agredieron con caballos, palos, rebenques y grandes rocas, además de robar algunas de sus pertenencias.

Las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas con heridas abiertas y huesos fracturados.Uno de los casos emblemáticos es el de Alejandra Bartoliche, fotoperiodista de la agencia Télam e integrante de la directiva de la Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA). Mientras intentaba documentar el ataque, fue embestida por un jinete, quien la golpeó con un rebenque y le robó la cámara.

Bartoliche se aferró a las correas de la cámara, siendo arrastrada varios metros mientras continuaba siendo golpeada para que soltara la cámara. Finalmente, logró liberarse, fotografió a su agresor y logró escapar. Todo esto ocurrió ante la presencia de la Policía y fue registrado por un dron.

«A pesar de los videos, las fotos y el dron, a pesar de todo lo que se vio y que está registrado, a pesar de tener los nombres de las personas que nos agredieron, a pesar de todo, no hay nada. No entiendo por qué, a pesar de todo eso, no se ha citado a nadie; no puedo comprenderlo«, lamentó Bartoliche.

La falta de avances significativos en la investigación y el evidente espionaje por parte de la Policía de Río Negro sobre los manifestantes han generado preocupación y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso judicial en el caso del ataque a la marcha hacia el Lago Escondido. A medida que se acerca la fecha límite para la formulación de acusaciones, las querellas y las víctimas esperan respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades competentes.