El juez federal Sebastián Casanello elevó este miércoles a juicio oral la causa que involucra al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y a otros 17 acusados por presuntas extorsiones a beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y defraudación al Estado. La decisión se conoció luego de que el magistrado diera por concluida la etapa de instrucción y remitiera el expediente al sorteo de Tribunal Oral.

Según fuentes judiciales, los delitos que se imputan habrían sido cometidos entre junio de 2002 y marzo de 2024, en el marco de lo que la acusación describió como una “matriz delictiva” orientada a coaccionar a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

Acusaciones: amenazas, extorsión y fraude millonario

Belliboni será juzgado por los delitos de:

• Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
• Amenazas coactivas
• Extorsión agravada

La acusación sostiene que la organización exigía a los beneficiarios de programas sociales que asistieran a marchas, piquetes o entregaran parte del dinero recibido. En paralelo, se habrían presentado facturas falsas para justificar el desvío de fondos públicos, por un monto estimado en 50 millones de pesos.

Las supuestas denuncias anónimas y operativo oficial

La causa se inició a finales de 2023, cuando el gobierno de Javier Milei habilitó la línea telefónica 134, un canal de denuncias anónimas para beneficiarios de planes sociales. A partir de los testimonios recolectados, la Justicia abrió la investigación que hoy concluyó con la elevación a juicio oral.

Además de Belliboni, fueron procesados:

• Mariano Alejandro Centanni
• Erica Tamara Lubenfeld
• Iván Ortíz
• Ezequiel Adrián Coego

Todos ellos enfrentan cargos por administración fraudulenta y otros delitos conexos.

La persecución del Gobierno de Milei a la Izquierda

El envío a juicio oral de Belliboni se suma a una ofensiva judicial que desde la izquierda denuncian como persecución política. En ese sentido, la reciente imputación de la legisladora porteña Vanina Biasi, también dirigente del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, refuerza la denuncia de un ataque sistemático contra quienes encabezan las protestas sociales. Biasi fue imputada por “instigación a cometer delitos” tras participar en la organización de movilizaciones callejeras contra las políticas del Gobierno nacional.

“Nos quieren meter presos por luchar”, había afirmado Belliboni días atrás, y denunció un plan represivo por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluye protocolo antipiquetes, desfinanciamiento de planes y criminalización de la protesta.