La ampliación de la indagatoria de Nicolás Gabriel Carrizo, detenido y procesado como partícipe secundario del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, prevista para este martes, volvió a ser postergada para el 31 de enero a pedido de su defensa, informaron este lunes fuentes judiciales.

La nueva postergación se originó en un planteo de la defensa de Carrizo, que reclamó que el acto procesal fuera encabezado por la jueza María Eugenia Capuchetti, jueza natural de la causa, quien hoy inició su licencia por vacaciones y además fue recusada nuevamente por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Esta semana, el juzgado federal 5 es subrogado por el magistrado Julián Ercolini y luego serán otros los magistrados que se hagan cargo hasta que Capuchetti vuelva el 31 de enero: ese día, además de estar prevista la indagatoria, deberá responder la nueva recusación planteada anoche por la querella de la vicepresidenta.

Carrizo había sido convocado a ampliar su indagatoria el 5 de enero pero el acto se postergó, primero para mañana luego de que su abogado Gastón Marano informara al tribunal que por cuestiones vinculadas a la feria judicial no iba a poder estar presente. Ahora se postergó hasta fin de mes.

Carrizo había sido convocado a ampliar su indagatoria a raíz de que se hallaron en su celular nuevos mensajes de texto en los que se atribuye participación en la planificación del ataque perpetrado contra la vicepresidenta el 1 de septiembre último.

La jueza Capuchetti lo había convocado luego de que la Cámara Federal porteña le ordenara avanzar en esa dirección a partir de un planteo formulado por la querella de la expresidenta que la magistrada había rechazado en primera instancia.

Aquel planteo había sido realizado por los abogados querellantes José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal tras detectar mensajes de Carrizo del 1 de septiembre en los que aseguraba: «Recién intentamos matar a Cristina».

«Recordá esta fecha», «Esta hdp (sic) ya está muerta», «No sabés qué hicimos con esto», «Generar miedo», «Para que el gobierno sepa con quienes se están metiendo», son algunos de los mensajes enviados desde el celular de Carrizo, jefe del grupo de supuesto vendedores de copos de nieve para el que trabajaban quienes agredieron a la vicepresidenta, según surgía de la presentación de la querella a la que accedió Télam.

En aquella presentación, los abogados de la querella advirtieron sobre la aparición de mensajes que no le fueron atribuidos en su primera declaración indagatoria y que «hacen imperante una ampliación de la imputación».

Por ejemplo, remarcaron que luego del atentado, a las 23.17 del 1 de septiembre, Carrizo escribió a uno de sus contactos agendado como Kevin Bargas 2: «Recién intentamos matar a Cristina» (23.17), «(Fue) Mi empleado» (23.17), «Le quiso disparar» (23.17), «Va a ir preso» (23.17), «El arma es mía amigo» (23.18), «Te lo juro por dios» (23.18), «Estamos con el grupo» (23.18), «Todos juntos» (23.18).

Hasta ahora, los atacantes Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte están procesados como coautores del homicidio en grado de tentativa, mientras que Carrizo fue considerado partícipe secundario, sin el cual el ataque podría haberse producido igual.

Cuando pidieron ampliar las indagatorias, los abogados de la querella reclamaron que se los procesara como integrantes de una asociación ilícita que además de intentar matar a la vicepresidenta buscaba desestabilizar al Gobierno.

En relación a ese planteo, los jueces de la Cámara Federal porteña respondieron: «Con relación a la pretensión del querellante en cuanto a que se modifique el grado de participación originariamente asignado a Carrizo (…) y que se les endilgue la comisión del delito de asociación ilícita, corresponde señalar que tal cuestión se encuentra dentro de la esfera de análisis y decisión de la señora jueza de grado en el momento oportuno y del Ministerio Público Fiscal a quien le fue delegada la instrucción de la causa».