La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio del 1 de septiembre pasado reclamó que se secuestre el teléfono celular del diputado nacional del PRO Gerardo Milman y que se ordene un entrecruzamiento de llamadas con los detenidos por el hecho.

«A esta altura de la investigación, consideramos imperioso secuestrar el celular cuyo análisis es más importante para la pesquisa, el de Gerardo Milman», sostuvieron los apoderados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.

El nuevo pedido de pruebas se hizo ante la jueza de la causa María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal Carlos Rívolo, a quien la magistrada delegó la investigación.

«Le solicitamos a la jueza (ya que esta medida es de exclusivo resorte jurisdiccional)» que «proceda al inmediato secuestro del celular del diputado nacional Gerardo Milman», pidió la querella.

De manera subsidiaria y en caso de que ella lo considere necesario, le reclamaron «que solicite, de modo inmediato, autorización a la Cámara de Diputados para proceder al secuestro del celular».

La querella aclaró que Milman como legislador tiene inmunidad de arresto «pero en ningún caso de proceso».

«Una vez secuestrado el dispositivo, requerimos que se practique una amplia pericia con el fin de identificar cualquier vinculación de Milman con los hechos objeto de este proceso», agregaron

El legislador «solo podría ser convocado a prestar declaración indagatoria, y no testimonial», advirtió la querella y por eso consideró que «solo debe llamarse a Milman cuando esté más clara la plataforma fáctica que lo rodea. Por eso, la próxima medida a seguir debe ser el secuestro de su celular».

Todas las pruebas solicitadas por la querella

En el mismo escrito, se pidió a la fiscalía que disponga otras medidas de prueba vinculadas a la «pista Milman», entre ellas un pedido de informes sobre «todas las líneas telefónicas» de Milman, sus asesoras Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz y otras dos personas, Hernán Carrol y María Alejandra Mroue.

Luego, reclamaron un entrecruzamiento telefónico entre los mencionados y los detenidos por el intento de homicidio Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, con un estudio de geolocalización de celulares, desde abril último a la actualidad.

Desde abril, «Uliarte comenzó a tener mensajes vinculados con el atentado, y en mayo fue cuando Mroue conoció a Gómez Mónaco y comenzaron a hablar para asociarse en un supuesto emprendimiento comercial, contextualizaron.

«Este momento es, a su vez, coincidente con el inicio de la incitación, por parte de Revolución Federal, a la violencia contra Cristina Fernández», remarcaron.

También se pidieron a la fiscalía medidas de prueba sobre Hernán Carrol y Fernando Villares, este último ex jefe de gabinete de Milman en el Ministerio de Seguridad de la Nación donde también trabajó Gómez Mónaco.

«De Carrol, lo último que supimos es que borró su celular el día antes de “ponerlo a disposición”. Cabe recordar que Carrol tiene fotos con Milman y su jefa, Patricia Bullrich, y que tuvo contacto directo con Uliarte y Sabag Montiel», remarcó la querella.

Sabag Montiel, autor material del intento de homicidio, envió una carta a Capuchetti en la que mencionaba la posibilidad de que Carrol, le designara un abogado defensor particular. 

Carrol se presentó como precandidato a concejal por el partido bonaerense de La Matanza por el partido Avanza Libertad en 2021.

En el escrito se criticó con dureza a Capuchetti, quien con «un criterio nunca antes visto» delegó la investigación en la fiscalía y mantuvo esa decisión tras ser confirmada en la causa.

«Para sorpresa de todos, el abandono de la instrucción por parte del juzgado se dio casi tres meses después del atentado contra la Vicepresidenta, y con procesamientos confirmados», consideraron los abogados en lo que calificaron de «claudicación investigativa».

Esta «claudicación investigativa es la confesión, o bien de que la dirección de la instrucción superaba ampliamente la capacidad de la jueza, o bien de que su compromiso absoluto es no investigar a personas vinculadas con Juntos por el Cambio», advirtieron.

En cuanto a la investigación, la querella evaluó que las medidas de prueba que ordenó Rívolo desde que se le delegó la pesquisa muestran que «la evidencia contra Milman es cada vez mayor».

Los abogados enumeraron los dichos del testigo que dijo haberlo escuchado en la confitería Casablanca el 30 de agosto pasado decir «cuando la maten voy a estar en la Costa» ante dos de sus asesoras.

Además, remarcaron que se comprobó que Milman estuvo en Casablanca con sus asesoras el día indicado», y que viajó a la costa, tal como escuchó el testigo.

También mencionaron «los pedidos de informes solicitados por Milman sobre la custodia de la Vicepresidenta: uno, del día del atentado; la comprobación de que el testigo contó lo sucedido solo una hora y media después de los hechos; las contradicciones de las asesoras de Milman en sus testimoniales del día 26 de octubre de 2022».

En ese sentido, remarcaron que una de las asesoras de Milman cambió el teléfono una semana antes de entregarlo al fiscal Rívolo para un peritaje y la otra borró «en su totalidad» el contenido del suyo, luego de «asesorarse».

Los abogados destacaron que una de ellas, Carolina Gómez Mónaco, declaró no haber sabido nada de los pedidos de informes sobre la custodia de la Vicepresidenta, previos al atentado.

Ello pese a que «parece ocuparse de muchas de las tareas del despacho del diputado», destacó la querella.

«Es más, dijo que, por su conocimiento, Milman los mandó desde su propio email. Esto es particularmente extraño. Cada diputado nacional tiene su equipo y no es frecuente que redacten sus propias presentaciones sin consultarlas con sus asesores (especialmente con los de más relevancia) y que, incluso, se ocupen de presentarlas ellos mismos», analizaron.

La otra asesora que estuvo con Milman en Casablanca, Ivana Bohdziewicz «dijo que ella se ocupa de presentar proyectos, aunque no de leerlos», remarcó la querella.

«Si lo que dice Gómez Mónaco fue así, implica que, quizás, para Milman, orquestar el asesinato de la Vicepresidenta fuera un proyecto propio, más allá de que luego haya presumido de él frente a sus asesoras en Casablanca», agregaron Ubeira y Aldazábal.

Las pruebas «se han ido acumulando (salvo las destruidas por sus asesoras; destrucción que, por sí misma, es también un indicio de criminalidad) y secuestrar el celular de Milman es imperante», concluyeron.

La investigación de la llamada «pista Milman» se profundizó las últimas semanas luego que la Cámara Federal porteña rechazó apartar del caso a Capuchetti a pedido de la querella, pero ordenó disponer medidas en torno a esta línea de la pesquisa.

Capuchetti había delegado poco antes la causa en Rívolo y resolvió no volver a asumir la investigación pese a un planteo al respecto del fiscal, luego de ser confirmada.

Rívolo dispuso entonces medidas de prueba convocó a declarar a los diputados nacionales Mario Leito y Marcos Cleri, y a las asesoras de Milman, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz.

«El resultado de estas medidas corroboró situaciones predichas por esta parte y obliga a profundizar el estudio de las pistas que señalamos hace casi dos meses», advirtió ahora la querella.

Por el intento de homicidio de la Vicepresidenta están detenidos y procesados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte y como partícipe secundario Gabriel Carrizo.