Por instrucción del gobernador Sergio Ziliotto, La Pampa presentó el 8 de agosto de 2025 una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el Departamento General de Irrigación de Mendoza, acusándolo de “alteración deliberada de datos hidrológicos” referidos al caudal del río Atuel. Según el gobierno pampeano, la manipulación busca justificar el incumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2020, que obliga a Mendoza a garantizar un caudal hídrico ambiental permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en territorio pampeano.

Un Conflicto Histórico que No Cesa

El enfrentamiento por el río Atuel entre La Pampa y Mendoza se remonta a décadas, pero se intensificó desde la construcción del dique El Nihuil en 1947, que redujo significativamente el flujo de agua hacia La Pampa, causando un daño ambiental irreversible en el noroeste pampeano. En 1987, la Corte Suprema declaró el carácter interprovincial del río, exigiendo un uso compartido y equitativo, pero los acuerdos posteriores no lograron resolver la disputa. En 2020, el máximo tribunal fijó un caudal mínimo de 3,2 m³/s, pero La Pampa sostiene que Mendoza persiste en el incumplimiento.

La denuncia presentada el 8 de agosto, coincidente con el Día por la Lucha por el Río Atuel en La Pampa, se sustenta en un informe técnico de la Secretaría de Recursos Hídricos pampeana. Este análisis detectó inconsistencias en los registros hidrológicos de Mendoza, que no coinciden con los datos de la Red Oficial de Monitoreo Hidrológico del Estado Nacional, a pesar de realizarse en la misma estación de aforo, “La Angostura”. Según la acusación, desde febrero y marzo de 2025, Mendoza subdeclaró los volúmenes de agua ingresados al sistema de embalses, lo que implica la “desaparición” de 60 hectómetros cúbicos, equivalentes a 60 mil millones de litros.

Responsables Señalados y Contexto Político

La presentación judicial apunta a tres funcionarios mendocinos: el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli; el encargado de la División de Sistemas de Información Hidronivometeorológica, Rodrigo Villarreal; y el director de Gestión Hídrica, Rubén Villodas. Según la denuncia, desde el 27 de enero de 2025, habrían alterado “en forma continua y dolosa” los registros oficiales para ocultar los valores reales de las mediciones.

El conflicto se da en un contexto de tensiones políticas. La Pampa, gobernada por el peronista Sergio Ziliotto, ha sugerido un trasfondo político en la falta de cumplimiento del fallo, señalando que Mendoza, bajo el gobierno del radical Alfredo Cornejo, estaría alineada con el proyecto político del gobierno nacional de Javier Milei. Alberto Goldberg, presidente de la Fundación Chadileuvú, afirmó: “La Pampa no está alineada con el proyecto político del gobierno nacional. Mendoza y la Corte Suprema, en cambio, sí”.

Anomalías Hidrológicas y Daño Ambiental

La denuncia destaca que el río Atuel es el único en Mendoza con un comportamiento hidrológico deficitario en 2025, mientras que otras cuencas, como los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante y Grande, muestran niveles normales. Este déficit, según La Pampa, carece de explicación técnica o climática, reforzando la acusación de manipulación. La alteración de los registros habría permitido a Mendoza reportar una caída abrupta en el ingreso de agua al sistema de embalses, contradiciendo sus propios reportes previos y ajustándose por debajo del promedio histórico.

El daño ambiental en el noroeste pampeano, descrito como un “ecocidio” por el gobierno de Ziliotto, sigue profundizándose. La falta de caudal ha transformado una región que alguna vez fue productiva en un área desértica, afectando a comunidades locales y a pueblos originarios como los huarpes. En 2024, La Pampa elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dio traslado al Estado argentino para explicar el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

Respuesta de Mendoza

Hasta el momento, no se han registrado respuestas oficiales de Mendoza a la denuncia penal del 8 de agosto. Sin embargo, en ocasiones anteriores, el gobierno mendocino ha argumentado que el cumplimiento del fallo requiere obras de infraestructura, como un trasvase desde el río Grande, y ha atribuido la escasez de agua a una “megasequía” en la región. La Pampa, por su parte, sostiene que los datos demuestran que hay agua suficiente en el sistema del Atuel para cumplir con el fallo sin afectar la producción mendocina.

La denuncia penal fue acompañada de una nueva presentación ante la Corte Suprema, incorporando el informe técnico como evidencia para exigir el cumplimiento del caudal ambiental. La Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI), que incluye representantes de la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú, la Asamblea de los Ríos Pampeanos, y autoridades locales, respaldó la acción en una reunión encabezada por Ziliotto.