Santa Fe
Pullaro tuvo que sacar a su familia de Santa Fe por amenazas
Fue dejada por medio de una nota en una oficina pública donde funciona la sede de la Dirección Migraciones, ubicada e Italia y Urquiza, del centro de Rosario.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a ser amenazado de muerte este lunes mediante una nota que le dejaron en una dependencia pública del centro de la ciudad de Rosario, según confirmó el propio mandatario, quien aseguró que su familia ya no vive en la provincia, a pesar de lo cual no lo van a «amedrentar» y que seguirá «peleando contra la delincuencia».
En una conferencia de prensa que dio, el gobernador santafesino reveló que el Ministerio de Seguridad le confirmó que en una oficina pública donde funciona la sede de la Dirección Migraciones, ubicada e Italia y Urquiza, del centro de Rosario, habían dejado una nota con un texto con amenazante dirigido a él y a su familia.
Pullaro dijo que tomó conocimiento del hecho cuando iniciaba una actividad oficial en el Registro Civil de la ciudad de Rosario, ubicado sobre la calle Salta al 2800.
«Cuando llegaba al Registro Civil, personal del Ministerio de Seguridad me informó sobre una nueva amenaza contra mi familia», reveló.
«Lamentablemente ya estoy acostumbrado desde que comenzó mi gestión, pero quiero ratificar el rumbo de seguir peleando contra la delincuencia en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario», continuó el mandatario santafesino.
El viernes pasado, en otra entrevista televisiva a Telefé Rosario Pullaro había asegurado que su familia estaba mal.
«Los primeros veinte días dejé a mi familia encerrada en un departamento. Vivo en un departamento pequeño, por lo cual no la pasaron bien, y ahora la saqué de la ciudad, porque no creo que tengan que andar con diez personas de custodia permanentemente porque esos recursos se los sacás a la calle. Yo me la aguanto porque sé en lo que me metí y en las acciones que llevamos adelante, pero no le vamos a permitir a los delincuentes que desde la cárcel hagan lo que quieran», dijo.
En el mismo sentido, el gobernador apuntó hoy que continuarán «manteniendo controlados a los detenidos que cometían delitos desde las cárceles, alojados en pabellones de alto perfil. Eso es lo que más molesta. Y se avanzará para bajar los niveles de violencia y aumentar la seguridad en la ciudad».
Sobre la amenaza que recibió, Pullaro dijo: «Estaba dirigida hacia mi familia e hizo mención a algo sugestivo sobre la donación de órganos. Fue algo muy feo».
«No nos van a amedrentar, seguiremos trabajando en ese sentido. El Ministerio de Seguridad está muy compacto, muy sólido en ese sentido», insistió el gobernador, quien aseguró que está «bien cuidado» y que sus años de trabajo en el Ministerio de Seguridad le permitieron aprender cómo cuidarse «de estos delincuentes violentos».
También explicó los pasos a seguir en materia de Seguridad: «El Estado tiene que ir mas allá, no solo con controlar a los presos del Servicio Penitenciario de la provincia, sino también el trabajo de la policía en la calle y el reordenamiento de la policía de investigaciones».
Por otra parte, hizo mención a la situación de los adolescentes que cometen delitos y consideró que el Estado debe contener a esos «chicos de 12, 13 o 14 años»
«Cuando vemos que un chico de 12, 13 o 14 años lleva adelante un delito de estas características habla claramente que el estado tiene que llegar y contener», aclaró.
El domingo, en sintonía con lo que manifestó Pullaro, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que las bandas narcocriminales «están reclutando chicos de entre 12, 13 o 14 años» y que detrás de esa situación «hay un problema social muy profundo».
El pasado 12 de diciembre, a poco de asumir, Pullaro fue amenazado mediante otra nota que fue dejada tras una balacera ejecutada contra un cajero automático de una sucursal del banco Macro en Rosario.
Al otro día, el 13 de diciembre, en otro ataque a tiros contra a fachada del hospital público de Emergencias -Heca-, presuntos sicarios dejaron otra nota dirigida al gobernador y firmada por internos del pabellón 9 de la cárcel de Piñero.
Según la investigación, las amenazas surgieron en respuesta a la decisión gubernamental de trasladar a los presos de alto perfil de ese penal a pabellones más seguros para tenerlos más controlados y evitar que comanden delitos desde prisión.
Pullaro manifestó en Rosario que «si un chico de 12 o 14 años comete un delito violento», significa que «el Estado no le está dando una perspectiva de vida diferente».
En diálogo con Canal 3 y Radio 2 de Rosario, el gobernador consideró que las políticas desarrolladas desde el Estado «deben reforzarse» para que los más chicos «no sean blanco de organizaciones criminales».
El mandatario se refirió así a reciente aprehensión de tres adolescentes por arrojar una bomba molotov a un colectivo de transporte urbano, y a quienes la policía les secuestró notas con amenazas para el ministro de Seguridad Cococcioni.
«Lamento profundamente la perforación que ha sucedido en los últimos años de las organizaciones criminales sobre menores de edad, no es nuevo que captan menores por la impunidad que genera la comisión de sus delitos», afirmó el gobernador Pullaro.
Educación
Sobreseyeron al adolescente que mató a un chico de 13 años en colegio de San Cristóbal
El juez José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado de matar a Ian Cabrera, de 13, en una escuela de Santa Fe. Seguirá institucionalizado y bajo seguimiento, mientras la nueva ley penal juvenil, que Bullrich celebró con un “se terminó la impunidad”, no alcanza a su caso.
El adolescente que mató a un compañero de 13 años e hirió a otros ocho alumnos en una escuela de San Cristóbal no será juzgado. La Justicia lo sobreseyó porque el hecho ocurrió antes de que entrara en vigencia la baja de la edad de imputabilidad.
El juez de Menores José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13, ocurrido el 30 de marzo en la Escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. La defensa, a cargo de los abogados Mariana Oroño y Federico Kiener, había solicitado que fuera declarado no punible por haber cometido el hecho a los 15 años. El magistrado resolvió que el ataque ocurrió antes de que entrara en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Sobreseído, pero con la autoría atribuida
La resolución no le quita al adolescente la responsabilidad sobre la autoría: se le atribuyó formalmente el hecho, pero no puede ser juzgado ni condenado por su edad. Sobreseer no equivale a cerrar el caso sin consecuencias. Según trascendió, Gino C. continuará institucionalizado y con medidas de seguimiento.
Esas medidas no son nuevas. La Justicia de Menores las dispuso el 3 de abril, a pocos días del ataque, y luego las prorrogó por 90 días, con alojamiento en un instituto de la ciudad de Santa Fe, régimen de libertad vigilada y acompañamiento psicológico, tras analizar informes interdisciplinarios sobre su evolución. En la audiencia de atribución de cargos de julio, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación Carlos Vottero y Luis Schiappa Pietra dijeron que no tenían pretensión punitiva porque el adolescente es no punible ante la ley.
Una ley promulgada antes del ataque, pero todavía sin vigencia
El nuevo Régimen Penal Juvenil, la Ley 27.801, fue aprobado por el Senado el 27 de febrero, con 44 votos afirmativos y 27 negativos, y promulgado por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto 138/2026, con vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial. Cuando ocurrió el ataque, el 30 de marzo, la norma ya estaba promulgada, pero todavía no regía.
La ley entró en vigencia el 5 de septiembre. Desde esa fecha, los adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados por delitos, con penas de hasta 15 años. El oficialismo había impulsado originalmente una edad de imputabilidad de 13 años y aceptó subirla a 14 en la negociación con los bloques dialoguistas.
Ese día, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de la red social X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquis, las pagás”. La promesa de que la edad ya no importa no alcanzó al adolescente de San Cristóbal, que cometió el hecho cuando la ley todavía no regía.
Lo que el expediente muestra más allá de la edad
El debate sobre la imputabilidad suele plantearse como una opción entre castigo e impunidad. El caso de San Cristóbal muestra un escenario más complejo: el adolescente estuvo bajo control judicial desde los primeros días, alojado en un instituto y con seguimiento interdisciplinario, aun sin posibilidad de juicio.
Las autoridades nacionales comunicaron, tras el ataque, que se detectó en el país la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas, que no están relacionadas con el bullying, e indicaron que el hecho de San Cristóbal se vincula con el grupo denominado True Crime Community (TCC). Los fiscales, por su parte, apuntaron a una planificación atravesada por vínculos en redes sociales.
Un diagnóstico que habla de redes, subculturas y planificación previa remite a la prevención, un terreno al que una pena más severa llega siempre después del hecho.
Un segundo adolescente, imputado y en libertad
En la causa hay un segundo adolescente, de 16 años, que sí era punible bajo el régimen anterior y fue imputado como partícipe secundario del homicidio de Ian Cabrera y de dos tentativas de homicidio. Según los fiscales, habría tenido un rol activo antes del ataque. El juez de Cámara Matías Drivet revocó su prisión preventiva el 14 de mayo y ordenó su liberación con condiciones: debe fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe, tiene prohibido usar redes sociales y no puede ingresar a San Cristóbal. La imputación se mantiene.
Lo que tenés que saber
- El juez de Menores José Boaglio sobreseyó a Gino C., de 15 años, acusado del crimen de Ian Cabrera, de 13.
- El sobreseimiento se dictó porque el hecho ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil.
- Se le atribuyó formalmente el hecho, pero no puede ser juzgado ni condenado por su edad.
- Según trascendió, seguirá institucionalizado y con medidas de seguimiento.
- La Ley 27.801 rige desde el 5 de septiembre y baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
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