El subsecretario de Seguridad de Morón, Ariel Stella, protagonizó un polémico operativo contra personas en situación de calle, con amenazas y un discurso que expone la falta de políticas inclusivas. “Si veo que hay ranchada, a la basura todo con vos adentro. Corta”, le dijo el funcionario a un cuidacoches, mientras se filmaba para redes sociales.

Un operativo que revela más de lo que oculta

En un video difundido en su cuenta de Instagram, Ariel Stella, hace un par de meses designado subsecretario de Seguridad de Morón, se mostró abordando a personas en situación de calle en el centro de Haedo. En una de las escenas, el funcionario, acompañado por personal policial, se dirige a una familia que vive en la calle, incluyendo a una niña menor de diez años.

Según Stella, su intención era derivarlos a un parador nocturno municipal. Sin embargo, el tono y las formas de su intervención, sumadas a la amenaza explícita hacia un cuidacoches, generaron un fuerte repudio en redes sociales y entre organizaciones de derechos humanos.

El video, que Stella eliminó horas después de publicarlo, no solo expone una actitud violenta y despectiva hacia las personas en situación de vulnerabilidad, sino que también pone en evidencia el desconocimiento –o la omisión deliberada– de los protocolos municipales para el abordaje de estas problemáticas. Según fuentes del municipio, existe un protocolo específico que prioriza la asistencia integral y el respeto por los derechos humanos, algo que claramente no se reflejó en el accionar del funcionario.

La lógica de la exclusión: un patrón que se repite

El caso de Morón no es un hecho aislado. El legislador libertario, Ramiro Marra, pidio en redes y medios “limpiar” las calles de la ciudad de personas que duermen en espacios públicos. A fines de 2024, Diego Kravetz, entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, implementó una política similar, justificando operativos de desalojo bajo el argumento de que las personas en situación de calle tenían la opción de acudir a paradores. Sin embargo, informes de organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones precarias de estos espacios, que en muchos casos funcionaban como “aguantaderos” y no garantizaban la seguridad ni la dignidad de sus usuarios.

La violencia institucional hacia las personas en situación de calle no es nueva en Argentina. Según el último censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social en 2021, más de 25.000 personas viven en la calle en todo el país, una cifra que probablemente sea mayor debido a la falta de registros actualizados. En el conurbano bonaerense, la situación es particularmente crítica, con un aumento sostenido de la pobreza y la indigencia en los últimos años. En este contexto, las políticas de “limpieza” no solo son ineficaces, sino que profundizan la exclusión y la estigmatización de los sectores más vulnerables.

Seguridad o espectáculo: el uso político de la violencia

El accionar de Stella, lejos de ser un caso aislado, responde a una estrategia política que busca capitalizar el discurso de la “mano dura” para ganar apoyo popular. La difusión del video en redes sociales, aunque luego fue eliminado, evidencia una intención clara de mostrar autoridad y control, aunque sea a costa de los derechos de las personas más desprotegidas.

El intendente Lucas Ghi, quien designó a Stella como parte de una reestructuración del área de Seguridad, aún no se pronunció públicamente sobre el incidente. Sin embargo, el silencio oficial no hace más que alimentar las críticas hacia una gestión que parece priorizar el espectáculo por sobre las soluciones reales.

¿Qué hay detrás de los paradores?

La derivación de personas en situación de calle a paradores nocturnos es una práctica común en muchos municipios, pero su efectividad está en entredicho. Organizaciones como la Red Nacional de Personas en Situación de Calle han denunciado que estos espacios suelen estar desbordados, carecen de recursos básicos y no ofrecen soluciones a largo plazo. Además, muchas personas rechazan acudir a estos lugares por temor a la violencia o al robo de sus pertenencias.

En lugar de abordar las causas estructurales de la pobreza y la falta de vivienda, las políticas de desalojo y derivación a paradores perpetúan un círculo de exclusión. Como señaló un informe de la Universidad Nacional de General Sarmiento, “la criminalización de la pobreza no resuelve el problema habitacional, sino que lo agrava, al desplazar a las personas sin ofrecer alternativas reales”.

El caso de Ariel Stella en Morón es un recordatorio de la urgencia de repensar las políticas de seguridad y asistencia social en Argentina. La violencia y la exclusión no son soluciones; son síntomas de un sistema que falla en garantizar derechos básicos como la vivienda, la salud y la dignidad. Mientras tanto, las personas en situación de calle siguen siendo las principales víctimas de un Estado que, en lugar de protegerlas, las persigue.