Movimientos Sociales
Dónde están los cortes por la protesta contra Desarrollo Social
Organizaciones sociales agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) realizan esta mañana cortes de tránsito en varios accesos a la ciudad de Buenos Aires y puntos neurálgicos en distintas partes del país, en rechazo a las «casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo».
En lo que las organizaciones han denominado un «Piquetazo nacional«, las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal están previstas en:
- Puente Pueyrredón
- Puente La Noria
- Acceso Oeste
- Autopista Panamericana
- Autopista La Plata-Buenos Aires
La protesta nacional es en reclamo por las «casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo» y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios.
En tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a Télam que «todas las organizaciones conocen las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación».

«No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos«, indicaron los voceros de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.
América Latina
Alerta contra Evo: el MAS denuncia lawfare mientras Paz enfrenta Cerimedo
Migración activó la medida por un pedido fiscal en la causa por los 53 días de bloqueos. Morales, el MAS y las organizaciones del Trópico la leen como un nuevo capítulo de la persecución política, en medio del escándalo Cerimedo que golpea al gobierno de Rodrigo Paz.
Evo Morales, el MAS y los movimientos sociales que lo respaldan denuncian que la nueva alerta migratoria es un capítulo más de una persecución política y judicial que lleva años.
La Dirección General de Migración de Bolivia activó el lunes 16 de noviembre la medida contra el ex presidente (2006 a 2019). El director de Migración, Daniel Prieto, dijo a los periodistas que la disposición fiscal ingresó a la institución el viernes, tras una denuncia de Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. El requerimiento lo firmó el 13 de noviembre el fiscal Glauco Montero Osinaga. La causa por los 53 días de bloqueos de mayo y junio nació de una denuncia del Comité pro Santa Cruz y del Ministerio de Gobierno, y en julio se emitió una orden de aprehensión contra Morales.
Qué implica la medida
La alerta es un mecanismo administrativo de vigilancia y registro migratorio, y no representa por sí misma una sentencia condenatoria ni una orden judicial de arraigo. Si Morales se presenta en un aeropuerto o en un puesto fronterizo, los funcionarios de Migración deberán remitir el caso a la Policía Boliviana. Según el requerimiento fiscal, la investigación abarca terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Morales y su entorno niegan las acusaciones y cuestionan la autenticidad y la legalidad de los audios difundidos en la causa.
La denuncia de lawfare
Para Morales, lo que ocurre no es una sucesión de causas judiciales sino una guerra jurídica diseñada para sacarlo de la escena política. En diciembre de 2024 dijo ser víctima de una «brutal Guerra Jurídica» y sostuvo que el gobierno de Luis Arce se había comprometido a entregarlo a Estados Unidos como «trofeo de guerra». En mayo de este año acusó al gobierno de Rodrigo Paz de ejecutar una persecución judicial y mediática con causas armadas para aniquilarlo moral y físicamente, a causa de su «desastrosa y corrupta gestión».
La Dirección Nacional del MAS había denunciado en un comunicado de enero de 2024 una estrategia de lawfare promovida por una «triple alianza» entre el gobierno, la derecha y Estados Unidos, la misma que según el partido se aplicó contra Lula da Silva, Rafael Correa, Cristina Fernández de Kirchner y Pedro Castillo. Un observatorio especializado en lawfare, además, documentó una cronología de denuncias judiciales y administrativas contra Morales, su familia y dirigentes del MAS y de organizaciones sociales.
Del golpe de 2019 a la proscripción
Morales renunció a la presidencia en 2019, en medio de una convulsión social tras las acusaciones de fraude electoral, un desenlace que él, el MAS y sus seguidores califican de golpe de Estado. Sus partidarios reivindican su gestión como un período de estabilidad política y crecimiento económico. Jeanine Áñez, quien asumió después, fue encarcelada por delitos vinculados a las acusaciones de golpe.
Desde entonces, la justicia boliviana lo dejó fuera de la carrera electoral. El Tribunal Constitucional Plurinacional anuló la reelección indefinida a fines de 2023, ratificó la inhabilitación en noviembre de 2024 y la reiteró en mayo de 2025, cuando Morales buscaba competir en las elecciones de agosto. Morales calificó el fallo de «político», acusó a «la derecha» y al Gobierno de conspirar para proscribir su candidatura y comparó su situación con la de Cristina Fernández de Kirchner. En diciembre de 2024 se activó además una alerta migratoria en otra causa, por presunta trata de personas agravada, que él también denunció como persecución.
Un gobierno bajo presión
El gobierno de Rodrigo Paz atraviesa meses de desgaste. Fernando Cerimedo, el estratega comunicacional argentino que asesoró a Paz durante la campaña y la gestión, enfrenta cinco denuncias penales en Bolivia, entre ellas una por tentativa de feminicidio contra su ex pareja, la abogada Nadia Beller, y otras por enriquecimiento ilícito, usurpación de funciones y lavado. Beller sostuvo que él intentó silenciarla porque tenía información sobre negociados vinculados al gobierno de Paz. Se presentaron además pedidos de juicio político contra el presidente y una denuncia contra su esposa, María Elena Urquidi, que la Fiscalía decidió no ampliar por falta de elementos de convicción. Paz minimizó las funciones de Cerimedo y pidió dejar que la Justicia actúe.
En ese contexto, el Ejecutivo endureció su ofensiva contra Morales. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, dijo en una entrevista radial el 11 de noviembre que el ex presidente es «jefe de un cartel» del narcotráfico y que financió los conflictos de mayo y junio. Dos días después, la Procuraduría General del Estado pidió ampliar la investigación de 2009 por el caso Hotel Las Américas contra Morales y el ex vicepresidente Álvaro García Linera, y gestionar el sello rojo de Interpol; el mismo 13 de noviembre se firmó el pedido de alerta migratoria. La secuencia alimenta la lectura política que hacen Morales y sus seguidores, pero es una interpretación de las partes y no un hecho comprobado en sede judicial.
La respuesta del Trópico
Las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión político y sindical de Morales, sostienen una vigilia permanente para evitar su captura, y el ex presidente no sale de la región desde octubre de 2024. En agosto, dirigentes cocaleros denunciaron persecución y señalaron una contradicción oficial: pocos días antes, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, había dicho que la aprehensión de Morales no era prioridad porque no había pruebas. El gobierno de Paz cumplió un año de gestión sin capturarlo.
Una agenda regional
Morales fue uno de los primeros dirigentes regionales en expresar su «profunda indignación» y su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner tras la confirmación de su condena en junio de 2025. Una declaración del consejo de la Internacional Progresista incluyó a Morales y a García Linera entre los líderes que, según esa organización, sufren la judicialización de la política para proscribir a dirigentes progresistas, junto con Correa, Lula, Dilma Rousseff, Zelaya, Lugo, Glas y la propia Cristina.
Lo que tenés que saber
- Migración activó el lunes 16 de noviembre una alerta migratoria contra Evo Morales por pedido del fiscal Glauco Montero Osinaga.
- No es una condena ni una orden de arraigo; si Morales aparece en un paso fronterizo, se avisa a la Policía.
- Morales, el MAS y las organizaciones del Trópico denuncian persecución política y lawfare.
- El gobierno de Rodrigo Paz enfrenta el caso Cerimedo, con denuncias contra su ex asesor y pedidos de juicio político al presidente.
- El Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales en 2023, 2024 y 2025; él lo calificó de proscripción política.
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