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Casación revisa la prisión de Cristina: cárcel común o casa sin tobillera
Audiencia decisiva en Casación determinará si la expresidenta permanece en su casa o cumple condena en un penal federal con nuevas condiciones.
Lo que tenés que saber
- La Cámara de Casación debate el régimen de prisión de Cristina Kirchner
- Fiscales piden cárcel común y objeciones al actual domicilio
- La defensa rechaza el uso de tobillera y niega riesgos de fuga
- La audiencia será oral, pública y no admite postergaciones
- La decisión afecta también al régimen de visitas
Casación analiza si Cristina Kirchner sigue en prisión domiciliaria
Este lunes, la Cámara de Casación Penal desarrollará una audiencia oral y pública que definirá si Cristina Kirchner continúa cumpliendo su condena por la causa Vialidad bajo arresto domiciliario o si debe ser trasladada a una cárcel federal. El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, escuchará los argumentos de ambas partes sin posibilidad de aplazamiento.
Fiscales reclaman cárcel y cuestionan condiciones del domicilio
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola impulsan el traslado de la expresidenta a una unidad penitenciaria, al considerar que “la justicia debe garantizar que las penas por corrupción se cumplan como corresponde en los establecimientos carcelarios previstos al efecto”. Sostienen que no existe obstáculo real para que Cristina sea alojada en una prisión común, pese a que otros condenados del expediente Vialidad ya accedieron al régimen domiciliario.
Luciani y Mola también expresaron dudas sobre el domicilio actual de Cristina Kirchner, ubicado en la calle San José del barrio de Constitución. Alegan “falencias de seguridad”, pese a un informe oficial que lo calificó como “apto al cien por ciento”. Si se mantiene la modalidad domiciliaria, pidieron que se fije una nueva vivienda.
La defensa solicita que continúe en su casa y sin tobillera
Por su parte, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy solicitarán que Cristina Kirchner siga cumpliendo la pena en su residencia actual y sin tobillera electrónica. Argumentarán que la prisión domiciliaria “no constituye ningún privilegio”, sino una medida de protección posterior al intento de magnicidio de 2022.
En sus presentaciones, remarcaron: “El uso de una tobillera electrónica es completamente innecesario porque la vigilancia personal es permanente. No existe ni siquiera en forma remota un peligro procesal”. También defenderán que la expresidenta se encuentra bajo custodia de la Policía Federal y nunca incumplió órdenes judiciales.
El fallo abarcará otros aspectos del régimen de cumplimiento
Además de la modalidad de detención, la Cámara de Casación revisará las restricciones de visitas impuestas a la expresidenta. La audiencia se convierte en un punto clave en el cumplimiento de la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua, luego del fallo condenatorio en la causa Vialidad.
Femicidio
A un año del triple femicidio narco de Varela: 4 nuevos detenidos
Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez fueron atraídas con la promesa de una fiesta y asesinadas. La fiscalía de Labozzetta avanza con allanamientos en CABA y el conurbano.
Morena Verdi (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas el 20 de septiembre de 2025 luego de ser captadas con el señuelo de una falsa fiesta. La investigación estableció que el crimen respondió a una disputa narco: el grupo organizado sospechaba que las jóvenes habían robado droga y montó una trampa para exigirles la devolución de la cocaína. Lo que siguió fue una pesadilla de extrema violencia.
La noche en que todo fue una trampa
La tarde-noche del viernes 19 de septiembre de 2025, las tres amigas fueron vistas por última vez cerca de la rotonda de La Tablada, cuando subieron a una camioneta Chevrolet blanca creyendo que iban a una celebración. Dentro de la vivienda ubicada en la calle Chañar 702, fueron sometidas a una violencia brutal: mutilaciones y golpes reiterados antes de ser asesinadas. Sus cuerpos no aparecieron de inmediato. Recién el 24 de septiembre, después de intensos operativos, los cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en el patio trasero de esa misma casa. El hallazgo conmocionó al país.
La acusación formal establece que el eje del crimen fue el reclamo por el supuesto robo de droga, motivo por el cual la organización montó una falsa fiesta narco para atraparlas. Los delitos imputados son triple homicidio agravado por alevosía, ensañamiento, la participación de varias personas y mediar violencia de género.
Quiénes son los detenidos y quiénes están acusados
Los cuatro nuevos aprehendidos son tres mujeres y un hombre, todos de nacionalidad peruana, y quedaron a disposición de la Justicia tras los operativos de este sábado. Alrededor de 300 efectivos de la DDI La Matanza participaron de los procedimientos ordenados por la fiscal Mariela Labozzetta. El juez federal del Departamento Judicial de Morón, Jorge Rodríguez, dispuso el secreto de sumario hasta que los imputados comparezcan el lunes.
A lo largo de la investigación el expediente acumuló numerosos imputados: Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como figura central; Víctor Sotacuro Lázaro (41); Milagros Florencia Ibáñez (20); Maximiliano Andrés Parra (18); Iara Daniela Ibarra (19); Miguel Ángel Villanueva Silva (25); Matías Agustín Ozorio (28); Mónica Débora Mujica (37); Celeste Magalí González Guerrero (28); Ariel Jeremías Alexis Giménez (28) y Bernabé Jesús Mallón (42).
Un episodio que generó debate fue el caso de Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias «Señor J», investigado pero luego beneficiado con la falta de mérito y extraditado a Perú. Sin embargo, para la acusación el eje de la organización es Valverde Victoriano, quien habría intervenido en la planificación previa, la logística de captación y traslado de las víctimas, el aseguramiento del lugar de cautiverio y el sometimiento de las jóvenes hasta su asesinato.
Un crimen que es también violencia de género
Más allá del entramado narco, el triple femicidio de Florencio Varela tiene una dimensión que no puede soslayarse: tres mujeres jóvenes, de 15 y 20 años, fueron elegidas como blanco porque la organización criminal consideró que podía someterlas, torturarlas y asesinarlas sin consecuencias. La agravante de violencia de género incorporada a la acusación reconoce que el género de las víctimas no fue un dato neutro, sino una condición que el grupo criminal explotó. El caso integra un patrón más amplio de crimen organizado que utiliza a mujeres y adolescentes como eslabones vulnerables de su cadena de violencia.
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