Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción u otros delitos contra la administración pública.

La denuncia presentada durante el transcurso de la mañana de este viernes 6 de enero, requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.

Los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario, empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

En esta línea, la denuncia presentada por el Ministro de Justicia de la Nación pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Al respecto, el escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.

Asimismo, añade que la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.

Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia del gobierno nacional, se requiere el secuestro del aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro y la realización una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad.

El Ministro de Justicia de la Nación requirió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes.

Entre los hechos denunciados también se destaca el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte del Ministro porteño denunciado y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

Al respecto, la denuncia retoma las declaraciones que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió en un programa del canal Todo Noticias (TN), en las que afirmó que los intercambios y mails publicados vinculado a la licitación de chalecos antibalas “son falsos” y “armados”, contrastando los dichos del Ministro porteño con documentos oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) incorporados a la denuncia, que confirman la veracidad de los correos electrónicos y “refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’”.

Finalmente, el gobierno nacional afirma que la “promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”.