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El Gobierno denunció al ministro de Larreta, D’Alessandro, por corrupción
Se le imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, peculado, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Por instrucción del presidente Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Justicia Nacional, para que se investigue penalmente los hechos publicados por fuentes periodísticas durante la última semana que dieron cuenta de acciones que, de corroborarse, configurarían graves hechos de corrupción u otros delitos contra la administración pública.
La denuncia presentada durante el transcurso de la mañana de este viernes 6 de enero, requiere que se investigue al ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Silvio D’Alessandro, por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales, en los términos de los artículos 248, 256, 260, 261, 265, 266 y 268 del Código Penal.
Los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario, empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
En esta línea, la denuncia presentada por el Ministro de Justicia de la Nación pide investigar los presuntos hechos de corrupción vinculados a uno de los “emblemas de la gestión” del gobierno Horacio Rodríguez Larreta, como lo es el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.
Al respecto, el escrito destaca que “la empresa Dakota S.A. fue la encargada de la concesión del servicio de grúas y playas de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires hasta que un escándalo sin precedentes en la historia de la Capital Federal terminó de forma abrupta el contrato: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solamente cobraba un canon de $55.000 por mes”, y agrega que el irrisorio canon mensual fue mantenido “por decisión política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pesar de que la Auditoría General de la Ciudad emitió informes advirtiendo que la relación entre lo recaudado y la cuota mensual que paga la concesionaria no tenía sustento alguno ya que el canon estaba sin actualizar desde el 2014”.
Asimismo, añade que la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados compuesto por D’Alessandro y Marcelo Violante, podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño.
Entre las medidas de prueba solicitadas en la denuncia del gobierno nacional, se requiere el secuestro del aparato de telefonía celular de Marcelo D’Alessandro y la realización una pericia informática sobre dichos teléfonos a la búsqueda de elementos de interés de la presente causa, resguardando debidamente su privacidad.
El Ministro de Justicia de la Nación requirió la habilitación de la feria judicial para que la denuncia sea admitida y pueda iniciarse el proceso penal correspondiente cuanto antes.
Entre los hechos denunciados también se destaca el presunto “arreglo” de licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad por parte del Ministro porteño denunciado y la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.
Al respecto, la denuncia retoma las declaraciones que el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires emitió en un programa del canal Todo Noticias (TN), en las que afirmó que los intercambios y mails publicados vinculado a la licitación de chalecos antibalas “son falsos” y “armados”, contrastando los dichos del Ministro porteño con documentos oficiales de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) incorporados a la denuncia, que confirman la veracidad de los correos electrónicos y “refuerzan la autenticidad de las publicaciones periodísticas a pesar de los esfuerzos del Sr. D’Alessandro por desmentirlas; y, por otro lado, acreditarían la connivencia entre éste último y Majdalani por diseñar una licitación para beneficiar a los principales interesados en hacerse del ‘negocio’”.
Finalmente, el gobierno nacional afirma que la “promiscuidad entre sectores del poder político, sectores de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”.
Gremiales
Fate: el SUTNA rechaza el desalojo y convoca para este lunes
La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó desalojar la planta de Fate en San Fernando, ocupada por 920 trabajadores desde el 18 de febrero. El SUTNA calificó la medida de «disparate jurídico», anunció que apelará y convocó a una concentración para este lunes frente a la fábrica.
Veinticuatro trabajadores imputados por usurpación, una planta de 44 hectáreas que lleva siete meses ocupada, y una nueva orden judicial de desalojo: así está el conflicto de Fate, la fábrica de neumáticos de Virreyes, partido de San Fernando, que el lunes 21 de septiembre volverá a ser el centro de una nueva jornada de resistencia obrera.
La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro, que hizo lugar al recurso presentado por Javier Madanes Quintanilla, propietario de la empresa, en el marco de una denuncia por usurpación contra el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). El tribunal consideró que las instancias de conciliación obligatoria habían sido agotadas y que la continuidad de la ocupación ya no podía encuadrarse como herramienta para destrabar el conflicto laboral.
«Un disparate jurídico»: la respuesta del SUTNA
El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, no tardó en responder. El viernes, en conferencia de prensa frente a la planta, calificó el fallo de «disparate jurídico» y cuestionó de fondo la intervención del fuero penal en una disputa que, a su criterio, es estrictamente de naturaleza laboral. «El desalojo es un hecho de violencia sobre los trabajadores que son víctimas de un lockout y están protegiendo sus puestos de trabajo. Después de dar toda una explicación sobre que no se puede meter la Justicia penal en un ámbito laboral, los jueces terminan diciendo que hay que avanzar en un desalojo», señaló Crespo.
El gremialista también anunció que el sindicato apelará la medida y presentará recursos ante la Casación para evitar que el fallo quede firme. «Obviamente, el sindicato va a apelar y va a presentar los recursos para Casación para que no quede firme este tipo de disparate», afirmó. Además, convocó a organizaciones obreras, políticas y sociales a concentrarse este lunes frente a la planta y reclamó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que intervenga en el conflicto.
Siete meses de lockout: la historia de un cierre que el SUTNA llama ilegal
El conflicto se inició el 18 de febrero de 2026, cuando Fate anunció el cierre definitivo de su planta y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y sin cumplir con los acuerdos de no despidos. Desde entonces, integrantes del SUTNA mantienen la ocupación del predio. El sindicato sostiene que la paralización de la producción constituyó un lockout patronal ofensivo, orientado a redirigir inversiones de la empresa hacia los sectores de energía y aluminio, y que la permanencia de los trabajadores en la planta tiene por objetivo resguardar la maquinaria, evitar el vaciamiento y reclamar la conciliación obligatoria.
El caso tuvo, además, un antecedente judicial que el SUTNA recuerda: en marzo, la misma Sala II había revocado una primera orden de restitución dictada por el juez de Garantías Esteban Rossignol, argumentando que las negociaciones laborales aún estaban abiertas y que debía privilegiarse la conciliación. Ahora, con ese argumento agotado por el tribunal, el escenario se invirtió. La nueva resolución activó además la imputación formal de 24 personas por la permanencia en el predio.
La CGT y el reclamo de paro general activo
El miércoles 16 de septiembre, el SUTNA se reunió con la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede de la central obrera. El sindicato llevó al encuentro el planteo de la necesidad de poner fin al lockout patronal y planteó la conveniencia de convocar a un paro general activo. «El triunfo de los trabajadores de Fate sobre este ilegal lockout patronal significaría un enorme paso para el movimiento obrero en estos momentos tan oscuros, trayendo esperanza a toda la clase obrera», sostuvo el gremio en un comunicado posterior a la reunión.
El SUTNA también denunció lo que califica como «criminalización» de la protesta: el intento de elevar a juicio a trabajadores que, desde su perspectiva, se limitan a defender sus puestos frente a una acción patronal que consideran ilegal. «Llamamos a todas las organizaciones obreras y a los periodistas a acercarse a la fábrica para defender esta lucha, que se volvió una pelea de todo el pueblo trabajador que resuena en los diarios de todo el mundo. Fate no se cierra», concluyó Crespo en su intervención del viernes.
Este lunes, a partir de las 10, la concentración frente a la planta de San Fernando reunirá a representantes gremiales del SUTNA junto a organizaciones sociales y políticas. El sindicato tiene prevista además una conferencia de prensa en el lugar.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro ordenó el desalojo de la planta de Fate en Virreyes, partido de San Fernando, haciendo lugar al recurso del propietario Javier Madanes Quintanilla.
- El SUTNA rechazó la medida, la calificó de «disparate jurídico» y anunció que apelará ante la Casación para impedir que el fallo quede firme.
- 24 personas fueron imputadas por usurpación en el marco de la causa penal vinculada a la ocupación de la planta.
- El conflicto se inicia el 18 de febrero de 2026, con el cierre de la fábrica y el despido de 920 trabajadores, sin tramitar el Procedimiento Preventivo de Crisis.
- Este lunes 21 de septiembre, organizaciones obreras, sociales y políticas se concentrarán frente a la planta a las 10 horas para rechazar el desalojo.
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