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Caso Vandenbroele: Casación definirá si anula o no sobreseimiento de exministro Garavano

El máximo tribunal penal quedó en condiciones de intervenir luego de que la Cámara Federal porteña declarara hoy «admisible» el recurso de Casación presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo que en su momento benefició a Garavano, Vandenbroele y al exdirector del Programa de Protección de Testigos Francisco Lagos.

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La Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si corresponde o no anular el fallo que dispuso el sobreseimiento del exministro de Justicia macrista Germán Garavano y del arrepentido en la causa Ciccone Alejandro Vandenbroele, en una causa que investiga supuestos delitos durante la inclusión de este último en el «Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados», informaron fuentes judiciales.

El máximo tribunal penal quedó en condiciones de intervenir luego de que la Cámara Federal porteña declarara hoy «admisible» el recurso de Casación presentado por el Ministerio Público Fiscal contra el fallo que en su momento benefició a Garavano, Vandenbroele y al exdirector del Programa de Protección de Testigos Francisco Lagos.

«Frente a lo peticionado, se advierte que en el caso se encuentran satisfechos los requisitos de impugnabilidad objetiva y subjetiva, por lo que la vía intentada resulta admisible. En ese sentido, el recurso fue presentado ante esta Sala y el escrito en el que se expresó esa voluntad cumple con los requisitos normativos», sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, en el fallo con el que habilitaron la vía hacia la Casación.

La Sala I del máximo tribunal penal deberá ahora realizar su propio análisis de admisibilidad y en caso de considerarlo avanzar con el análisis de planteo realizado por el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe, que antes deberá ser sostenido por su colega ante esa instancia.

Para Agüero Iturbe, la confirmación de los sobreseimientos de los tres imputados del caso se produjo sin la debida valoración de elementos probatorios que constan en el expediente y denotarían la «presencia de actos de corrupción», según se desprendía del dictamen revelado la semana pasada.

«Los sobreseimientos dictados no se encuentran debidamente fundados, por cuanto el andamiaje argumental no resiste el embate aquí formulado y ostentan los extremos indicados al inicio de esta crítica», sostuvo el fiscal en el escrito en el que pidió que se anulen los sobreseimientos.

Es la causa que se inició luego de que trascendiera a través de medios de comunicación que se habían detectado posibles irregularidades vinculadas al legajo de inclusión de Vandenbroele -quien declaró contra el exvicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone- en el programa protectorio, dentro del cual accedió a financiamiento para un proyecto hotelero en Mendoza conocido como «La Masía» y a apoyo para regularizar su situación ante la AFIP.

Del expediente surge, además, que en reiteradas oportunidades el imputado protegido Vandenbroele incurrió en conductas violatorias de las medidas de seguridad del programa protectorio y que aún así no se lo excluyó.

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Seis detenidos en Brasil por la muerte de la joven lanzada sin cuerdas en el Puente del Esqueleto

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis.

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Sin habilitación, sin cuerdas y sin Estado: la cadena de negligencias que mató a María Eduarda.

La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas en el caso de María Eduarda Rodrigues de Freitas, la joven de 21 años que murió el 13 de junio tras ser empujada al vacío desde 40 metros sin las cuerdas de seguridad ajustadas. El número de imputados por homicidio con dolo eventual asciende ahora a seis. El comisario Antonio Luis Tuckumantel confirmó que las detenciones apuntan a evitar la destrucción de pruebas sobre el negocio de la actividad de aventura en el denominado Puente del Esqueleto.

Más arrestos en una causa que suma imputados

La Policía Civil del estado de San Pablo detuvo este sábado a tres nuevas personas en el marco de la investigación por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas, ocurrida el pasado 13 de junio en Limeira, cuando la joven fue lanzada desde el Puente del Esqueleto, una estructura ferroviaria inconclusa utilizada como escenario para actividades de deporte extremo, sin que la cuerda de seguridad estuviera correctamente ajustada a su arnés. Según confirmó la Policía, el total de personas detenidas por este hecho ascendió a seis.

El comisario Antonio Luis Tuckumantel indicó que no podía precisar públicamente el rol específico de cada uno de los nuevos arrestados dentro del entramado investigado, aunque señaló que las detenciones buscan preservar la integridad de la evidencia y evitar que los responsables interfieran con el curso de la investigación.

Los tres primeros detenidos siguen en prisión preventiva

Los tres instructores detenidos desde el mismo día del accidente permanecen en prisión preventiva: Luis Felipe Feliciano Egoroff, de 32 años; Maicon Fernandes Cintra, de 42 años; y Vitor de Freitas Gonçalves, de 27 años. Los tres fueron acusados de homicidio con dolo eventual y sus solicitudes de habeas corpus fueron rechazadas por la Justicia, que consideró que existía riesgo real de fuga e interferencia en la investigación.

Según la investigación, el trío integraba el grupo que organizaba los saltos desde el puente, donde se cobraban 180 reales (aproximadamente 35 dólares) por persona. El negocio funcionaba sin habilitación ni constitución formal como empresa, condición que la Justicia valoró al denegar las excarcelaciones.

La secuencia fatal: sin cuerdas y sin verificación

La investigación reconstruyó con precisión cómo se produjo la tragedia. De acuerdo con la Policía Civil, la cuerda que debía sujetar a María Eduarda no fue ajustada y permaneció enrollada sobre la plataforma desde donde se realizó el salto en el momento en que la joven fue empujada al vacío. Una grabación realizada por testigos presentes en el lugar mostró que los instructores llevaron a la víctima hasta el borde del puente y la empujaron sin haber completado la verificación del equipo de seguridad. Los propios testigos declararon ante la Justicia que los responsables omitieron la revisión final antes del salto.

María Eduarda, residente de la localidad de Jandira, cayó desde una altura aproximada de 40 metros y murió como consecuencia del impacto. La joven tenía 21 años.

Un negocio sin habilitación y sin controles

La investigación estableció además que la organización que promovía los saltos en el Puente del Esqueleto no operaba como una empresa formalmente constituida. La estructura, ubicada en las afueras de Limeira, se había convertido en un punto habitual para actividades de rope jump sin ningún tipo de control estatal, regulación ni fiscalización municipal o federal. Este dato no es menor: la cobertura previa de este medio señaló que la municipalidad de Limeira había alertado a las autoridades nacionales sobre la situación del puente desde principios de 2025, sin que se adoptaran medidas efectivas de control.

La muerte de María Eduarda reabre el debate sobre la ausencia de regulación en el sector de los deportes de aventura en Brasil, donde la actividad de rope jumping se ofrece de manera informal en múltiples puntos del país sin que exista un marco normativo que establezca estándares mínimos de seguridad, habilitaciones obligatorias ni protocolos de verificación previos al salto.

Puntos clave

  • La Policía Civil de San Pablo arrestó a tres nuevas personas, elevando a seis el total de detenidos por la muerte de María Eduarda Rodrigues de Freitas.
  • Los tres instructores detenidos desde el 13 de junio, Egoroff, Cintra y Gonçalves, permanecen en prisión preventiva acusados de homicidio con dolo eventual.
  • La cuerda de seguridad no estaba ajustada al arnés de la víctima cuando fue empujada al vacío desde 40 metros de altura.
  • El grupo organizador de los saltos no operaba como empresa formalmente constituida y carecía de habilitaciones municipales o nacionales.
  • La causa reaviva el debate sobre la falta de regulación de los deportes de aventura en Brasil y la responsabilidad del Estado en la fiscalización de estos espacios.
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