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Más violencia institucional: el Gobierno ratificó que reprimirá en manifestaciones

el funcionario adjudicó los incidentes en las inmediaciones del Congreso a «un grupo de inadaptados» que está «en contra del proceso democrático» y afirmó que «ojalá vayan presos todos» los que hayan participado en los hechos.

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Luego de una semana de estado de alerta, represión y militarización del Congreso, con la excusa de “cumplir” el protocolo de Bullrich, el vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió este lunes que el Gobierno reprimirá «cada vez que se pueda» los “actos de violencia” que se cometan durante manifestaciones como las ocurridas días atrás con motivo del debate en el Congreso de la llamada ley «ómnibus».

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el funcionario adjudicó los incidentes en las inmediaciones del Congreso a «un grupo de inadaptados» que está «en contra del proceso democrático» y afirmó que «ojalá vayan presos todos» los que hayan participado en los hechos.

Cabe recordar que durante el debate en Diputados, fueron golpeados y gaseados, trabajadores y trabajadoras de prensa, jubilados y jubiladas, mujeres jóvenes que hacían una “sentada”, y hasta diputados y diputadas, algunos debieron ser hospitalizados y otras personas fueron violentamente detenidas.

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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