El Gobierno adjudicó la Vía Navegable Troncal a Jan De Nul y Servimagnus en medio de fuertes cuestionamientos por el proceso licitatorio. La decisión reavivó las críticas por la pérdida de control estatal sobre una vía estratégica por donde circula cerca del 80% de las exportaciones argentinas.

El gobierno de Javier Milei oficializó este martes la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como la Hidrovía Paraná-Paraguay, y completó la privatización del principal corredor logístico de la Argentina. La adjudicación quedó en manos de la empresa belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus, en un proceso que fue cuestionado por distintos sectores políticos y especialistas por presuntas irregularidades en la licitación.

La decisión implica entregar la administración de una infraestructura estratégica por donde sale alrededor del 80% de las exportaciones nacionales y por la que ingresan buena parte de las divisas que sostienen la economía argentina.

Desde el Ministerio de Economía celebraron la firma del contrato y definieron la operación como un «hito histórico de transparencia», además de destacar el inicio de una nueva etapa de gestión privada para la vía navegable.

Sin embargo, la adjudicación volvió a despertar críticas por el diseño del proceso licitatorio. Desde distintos sectores advirtieron que el pliego habría favorecido a los grupos finalmente adjudicatarios y cuestionaron la escasa competencia en una concesión considerada clave para la soberanía logística y comercial del país.

Una vía estratégica para la economía argentina

La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye uno de los activos más importantes de la infraestructura nacional. Por ese corredor circula la mayor parte de las exportaciones agroindustriales y buena parte del comercio exterior argentino.

Por ese motivo, la decisión de delegar nuevamente su administración en operadores privados reabrió el debate sobre el rol del Estado en el control de áreas estratégicas y sobre la capacidad del país para administrar un recurso considerado clave para su desarrollo económico.

Durante los últimos años, distintos sectores políticos, gobernadores de provincias ribereñas y especialistas habían reclamado un mayor protagonismo estatal en la gestión de la vía navegable, al considerar que su control trasciende la cuestión comercial y está directamente vinculado con la soberanía, la fiscalización del comercio exterior y el ingreso de divisas.

El Gobierno promete controles

Frente a las críticas, el Palacio de Hacienda aseguró que el Estado conservará funciones de fiscalización sobre la concesión y anunció que avanzará con la conformación del Consejo de Control, un organismo que incluiría representación de las provincias ribereñas y de los usuarios del sistema.

No obstante, la decisión profundiza el rumbo privatizador de la gestión de Javier Milei y vuelve a colocar en el centro del debate el papel del Estado en la administración de los recursos estratégicos del país, en un contexto de crecientes cuestionamientos a las políticas de desregulación y transferencia de funciones públicas al sector privado.