Mientras el presupuesto para gastos de funcionamiento de las universidades se actualizó apenas un 7% en un año que cerrará con una inflación cercana al 35%, Córdoba volvió a llenar sus calles. Una multitud estimada en más de doce mil personas caminó este jueves desde Ciudad Universitaria hasta el centro de la capital provincial, en la quinta Marcha Federal Universitaria, y lo hizo acompañada por buena parte del gobierno municipal y provincial. La foto fue elocuente: la defensa de la universidad pública dejó de ser una bandera sectorial para convertirse en un reclamo institucional contra la Casa Rosada.

Entre los funcionarios que se encolumnaron estuvo Héctor «Pichi» Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, que marchó junto al ministro provincial de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano; el presidente del bloque oficialista en la Legislatura, Facundo Torres, y los funcionarios Victoria Flores y José Scotto, entre otros. La columna principal fue encabezada por el rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Jhon Boretto, y el reclamo central fue que el gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y la medida cautelar que ordena recomponer salarios docentes y no docentes y actualizar las becas.

Del parquet a la calle: el gesto de Campana

La presencia de Campana no pasó inadvertida. Ídolo del básquet argentino, emblema de Atenas y de la Selección nacional, el actual funcionario municipal es una de las figuras de mayor reconocimiento popular de la gestión del intendente Daniel Passerini, y su nombre figura entre los que el peronismo cordobés menciona de cara a la sucesión en el Palacio 6 de Julio en 2027. Que un dirigente con ese peso simbólico elija caminar entre estudiantes, docentes y no docentes envía un mensaje claro sobre de qué lado se para el oficialismo local frente al desfinanciamiento.

Desde el área que conduce, Campana tiene a su cargo políticas de deporte, cultura y vida barrial, tres dimensiones que en Córdoba están profundamente atravesadas por la universidad pública: sus clubes, sus centros culturales, sus programas de extensión y miles de profesionales formados en sus aulas que hoy trabajan en los barrios de la ciudad.

Un arco político amplio frente a un Gobierno que no acata

El respaldo excedió al peronismo cordobés. Al frente de la marcha, junto a Boretto, caminó el decano de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF), Pedro Pérez. También participaron la dirigente radical Brenda Austin; la presidenta del bloque de la UCR en la Unicameral, Alejandra Ferrero; el legislador socialista del oficialismo Matías Chamorro, y la funcionaria provincial Liliana Montero.

Siciliano sintetizó el espíritu de la jornada en diálogo con Radio Cadena 3: «Esta marcha no es en contra de nadie, esta marcha es a favor de la universidad pública». El gobernador Martín Llaryora, por su parte, respaldó la movilización y advirtió que la falta de recursos compromete el futuro académico y deteriora los salarios de docentes e investigadores, al tiempo que remarcó que la universidad pública forma parte de la identidad de la provincia.

El trasfondo es un conflicto que el Ejecutivo nacional decidió llevar al límite institucional. La Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795) fue sancionada en agosto de 2025, vetada por Milei y luego ratificada por el Congreso con mayoría agravada, algo infrecuente en la historia parlamentaria. Aun así, la Casa Rosada no la aplica, y tampoco cumplió con la cautelar judicial que la ratifica en sus puntos centrales.

Boretto: «La situación es crítica»

Durante la movilización, el rector de la UNC describió el cuadro sin eufemismos: «La situación es crítica desde el punto de vista presupuestario, por eso que hemos salido a marchar en todo el país», dijo Boretto, y advirtió que las casas de estudio no pueden funcionar con normalidad por los reclamos salariales, la paralización de obras de infraestructura y la falta de recursos para renovar el equipamiento científico y tecnológico.

La multisectorial universitaria leyó frente al Arzobispado, sobre calle Montevideo, el documento «Defender nuestros sueños, garantizar el futuro». El texto cuestionó a Milei por incumplir la ley, denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024 y objetó el proyecto de Presupuesto 2027, que según la estimación del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) debería incrementar los fondos universitarios un 33,4% respecto de la propuesta oficial. El documento también vinculó la defensa de la universidad con el respeto a las instituciones republicanas y reclamó la derogación del DNU 70/23.

Paz en Córdoba, hidrantes en Buenos Aires

La marcha cordobesa transcurrió sin ningún incidente y sin intervención policial. A la columna se sumaron la UEPC, el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), trabajadores de Luz y Fuerza, el Conicet, Adiuc, la Gremial San Martín y agrupaciones estudiantiles como Franja Morada y la Juventud Peronista. Entre los carteles se leían consignas como «el conocimiento no se ajusta» y «universidad pública, orgullo nacional».

El contraste con la Ciudad de Buenos Aires fue brutal: frente al Congreso, la Policía avanzó con camiones hidrantes y la jornada terminó con más de treinta detenidos. Mientras el Gobierno nacional responde con represión a un reclamo que el propio Congreso convirtió en ley, en Córdoba fueron las autoridades locales las que eligieron estar del lado de la comunidad universitaria.

Las movilizaciones se replicaron también en el interior provincial, con columnas masivas en Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Río Tercero, todas con el mismo pedido al Gobierno nacional: que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

Lo que tenés que saber:

• Más de doce mil personas marcharon en Córdoba en la quinta Marcha Federal Universitaria, sin incidentes.
• Héctor «Pichi» Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad, marchó junto a Miguel Siciliano, Facundo Torres y otros funcionarios.
• El gobernador Martín Llaryora respaldó el reclamo y advirtió por el deterioro salarial de docentes e investigadores.
• Los gastos de funcionamiento se actualizaron un 7% frente a una inflación anual cercana al 35%, según el rector Jhon Boretto.
• El documento final exigió cumplir la Ley 27.795, descongelar las Becas Progresar y subir un 33,4% el presupuesto universitario 2027.