Chaco
Juzgan a tres policías por el homicidio de un joven que sufrió un «episodio psicótico»
Según argumentó el fiscal en la elevación a juicio el personal policial de la comisaría séptima de Resistencia que intervino en la reducción y aprehensión de Diego Emanuel Barreto, ejerció un exceso de fuerza sobre el cuello, lo que le provocó asfixia mecánica.
Un jurado popular juzgará desde mañana a tres policías chaqueños acusados por la muerte de un joven de 25 años, quien en febrero de 2020 fue golpeado y asfixiado tras caer desde un primer piso luego de sufrir un «episodio psicótico», informaron hoy fuentes judiciales.
Se trata del subcomisario Armando Diego Barbona (44), el agente Esteban Francisco Campos (29 y el oficial ayudante Gastón Iván Delfino (35), imputados por el delito de «homicidio preterintencional» de Diego Emanuel Barreto, que prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Fuentes judiciales informaron que los tres acusados, integrantes de la comisaría séptima de Resistencia, llegan al juicio en libertad.
El juez técnico que dirigirá el debate será Ernesto Azcona, de la Cámara Tercera en lo Criminal, y el fiscal encargado de llevar adelante la acusación será Francisco Turraca, mientras que la familia de la víctima estará representada por la abogada Daniela Calvo y por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura (CNPT), que también se constituyó como querellante.
«De los exámenes médicos e interdisciplinarios realizados, se ha podido establecer que el personal policial que intervino en la reducción y aprehensión de Diego Emanuel Barreto, ejerció un exceso de fuerza sobre el cuerpo del nombrado, comprimiendo así el lado izquierdo del cuello de éste, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello», aseguró el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio -al que Télam tuvo acceso-.
El funcionario judicial indicó que la autopsia fue realizada «aplicando el Protocolo de Minnessota, el cual es un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales».
«El patrón de lesiones externas corporales que fueron halladas en Barreto es compatible con agresión, lucha, defensa y sujeción manual, así como de caída de altura, arrastres e impacto directo de objetos, contra objetos y superficies, observándose equimosis, excoriaciones, abrasiones, lesiones cortantes y combinadas en todos los segmentos corporales, lesiones compresivas en cuello, miembros superiores y genitales, impactos localizados sobre el tórax y signos claros de intervención médica para reanimación inicial y avanzada», señaló.
Además, Turraca explicó que «la ausencia de lesiones externas en el cuello con infiltraciones y hemorragias en sus tejidos profundos, base de la boca, laringe, esófago, tráquea y elementos vasculares y nerviosos, indica que existió maniobra compresiva con energía y duración suficiente para lesionar e interrumpir la circulación aérea y sanguínea».
«Habitualmente se encuentra el mismo patrón de lesiones y efectos durante la aplicación de la estrangulación antebraquial o armada para contención y reducción de individuos no cooperativos, violentos y/o agitados, lo cual se condice con los relatos obrantes en autos respecto a cómo se encontraba Barreto al momento de su aprehensión», dijo.
Para la fiscalía, «de los hallazgos se infiere que la sujeción pudo ocurrir con la persona inmovilizada boca abajo y la cabeza volteada a la derecha, con el reducidor pasando su antebrazo derecho o arma (tonfa o similar) por el cuello con bloqueo a la izquierda a nivel de la base del cuello; o pudo haber ocurrido con la persona inmovilizada boca arriba, con el reductor presionando su codo o extremo del elemento en la base izquierda del cuello y el resto del antebrazo o arma continuando la presión sobre la región central».
«Esto se condice con los relatos de testigos que aseguran que Diego Barrero, luego de ser extraído de la parte inferior del automóvil del que se encontraba sujetado, fue colocado en la vereda, en el césped, boca abajo y esposado. Además, la probable compresión del tórax contra el piso, ejercida por el peso corporal del reducidor u otras personas, pudo coadyuvar como mecanismo asfíctico, empeorando la injuria anóxica de los pulmones por sofocación», sostuvo.
Según el fiscal, «dados los diversos puntos de presión que revelan las hemorragias y lesiones, también se considera posible que más de una persona realizara maniobras de reducción y contención sobre el fallecido».
«Esto se ratifica con el relato de testigos que detallaron como el personal policial redujo a Barreto, siendo que uno de ellos apoyó su rodilla en la espalda del reducido para sostenerlo, mientras que otros lo sostenían de pies y manos», expresó Turraca en el escrito.
En tanto, el representante del Ministerio Público dijo que «respecto a la causa de la excitación psicomotora que presentaba antes de morir, no se debió a intoxicación, pero tampoco a efectos del trauma cráneo-encefálico detectado, ya que consta que fue una conducta percibida en el fallecido con anterioridad a la caída».
«Tampoco se hallaron otras condiciones patológicas durante la autopsia y microscopía que pudieran generarla, y, conforme la toxicología, no se habría tratado de síndrome de abstinencia», confirmó el fiscal, quien añadió que, teniendo en cuenta la opinión médica, «es probable que se debiera a alguna clase de episodio psicótico».
El hecho
El hecho ocurrió el 13 de febrero de 2020, alrededor de las 7.50 de la mañana, en avenida Edison al 1300, casi esquina Ernesto Duvivier, donde el joven cayó de un primer piso.
Tras ello, los policías de la comisaría séptima fueron alertados por lo ocurrido y al llegar al lugar redujeron a Barreto, quien tenía algunas lesiones por la caída.
Para la acusación, «Delfino le propinó golpes con su rodilla en las costillas a Barreto, doblándole los brazos, Campos lo agarró fuertemente del cabello y Barbona lo tomó fuertemente de los genitales y de las piernas para que éste soltara el automóvil estacionado en el mismo lugar».
«Una vez cumplida dicha finalidad lo colocaron boca abajo esposándolo, manteniéndolo sostenido en el suelo para inmovilizarlo, provocándole con tales actos de sujeción y compresión la muerte por asfixia mecánica», concluyeron los investigadores.
El reclamo de la madre
La madre de Diego Emanuel Barreto, quien en 2020 murió tras ser asfixiado presuntamente por policías que lo redujeron tras caer de un primer piso, pidió que «el caso no quede impune» y que condenen a los acusados que lo «torturaron y lo maltrataron por nada».
«Espero justicia para que la sociedad quede limpia de personas así que obran de mala manera porque yo no creo en la policía, no siento que estoy cuidada, al contrario, siento miedo», dijo a Télam Analía Ojeda, madre del joven.
La mujer aseguró que necesita «cerrar este ciclo de duelo de todos los días, más sabiendo que esta gente está en la calle».
«Pido que el caso de Ema no quede impune y que se tome conciencia para ver quiénes son las personas que tenemos en las calles y quiénes nos cuidan», expresó la madre de Barreto, quien tenía un hijo de cuatro años y trabajaba en un supermercado.
Por último, Analía afirmó que «nadie está exento de que te arrebaten un hijo de un día para el otro y con tantos sueños como él tenía».
«Estos policías lo torturaron y lo maltrataron por nada porque él no agredió a nadie. Cuesta verlos sueltos porque es como que te están matando en vida», concluyó.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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