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Chaco

Juzgan a tres policías por el homicidio de un joven que sufrió un «episodio psicótico»

Según argumentó el fiscal en la elevación a juicio el personal policial de la comisaría séptima de Resistencia que intervino en la reducción y aprehensión de Diego Emanuel Barreto, ejerció un exceso de fuerza sobre el cuello, lo que le provocó asfixia mecánica.

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Un jurado popular juzgará desde mañana a tres policías chaqueños acusados por la muerte de un joven de 25 años, quien en febrero de 2020 fue golpeado y asfixiado tras caer desde un primer piso luego de sufrir un «episodio psicótico», informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata del subcomisario Armando Diego Barbona (44), el agente Esteban Francisco Campos (29 y el oficial ayudante Gastón Iván Delfino (35), imputados por el delito de «homicidio preterintencional» de Diego Emanuel Barreto, que prevé una pena de entre 3 y 6 años de prisión.

Fuentes judiciales informaron que los tres acusados, integrantes de la comisaría séptima de Resistencia, llegan al juicio en libertad.

El juez técnico que dirigirá el debate será Ernesto Azcona, de la Cámara Tercera en lo Criminal, y el fiscal encargado de llevar adelante la acusación será Francisco Turraca, mientras que la familia de la víctima estará representada por la abogada Daniela Calvo y por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura (CNPT), que también se constituyó como querellante.

«De los exámenes médicos e interdisciplinarios realizados, se ha podido establecer que el personal policial que intervino en la reducción y aprehensión de Diego Emanuel Barreto, ejerció un exceso de fuerza sobre el cuerpo del nombrado, comprimiendo así el lado izquierdo del cuello de éste, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica por compresión extrínseca del cuello», aseguró el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio -al que Télam tuvo acceso-.

El funcionario judicial indicó que la autopsia fue realizada «aplicando el Protocolo de Minnessota, el cual es un modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales».

«El patrón de lesiones externas corporales que fueron halladas en Barreto es compatible con agresión, lucha, defensa y sujeción manual, así como de caída de altura, arrastres e impacto directo de objetos, contra objetos y superficies, observándose equimosis, excoriaciones, abrasiones, lesiones cortantes y combinadas en todos los segmentos corporales, lesiones compresivas en cuello, miembros superiores y genitales, impactos localizados sobre el tórax y signos claros de intervención médica para reanimación inicial y avanzada», señaló.

Además, Turraca explicó que «la ausencia de lesiones externas en el cuello con infiltraciones y hemorragias en sus tejidos profundos, base de la boca, laringe, esófago, tráquea y elementos vasculares y nerviosos, indica que existió maniobra compresiva con energía y duración suficiente para lesionar e interrumpir la circulación aérea y sanguínea».

«Habitualmente se encuentra el mismo patrón de lesiones y efectos durante la aplicación de la estrangulación antebraquial o armada para contención y reducción de individuos no cooperativos, violentos y/o agitados, lo cual se condice con los relatos obrantes en autos respecto a cómo se encontraba Barreto al momento de su aprehensión», dijo.

Para la fiscalía, «de los hallazgos se infiere que la sujeción pudo ocurrir con la persona inmovilizada boca abajo y la cabeza volteada a la derecha, con el reducidor pasando su antebrazo derecho o arma (tonfa o similar) por el cuello con bloqueo a la izquierda a nivel de la base del cuello; o pudo haber ocurrido con la persona inmovilizada boca arriba, con el reductor presionando su codo o extremo del elemento en la base izquierda del cuello y el resto del antebrazo o arma continuando la presión sobre la región central».

«Esto se condice con los relatos de testigos que aseguran que Diego Barrero, luego de ser extraído de la parte inferior del automóvil del que se encontraba sujetado, fue colocado en la vereda, en el césped, boca abajo y esposado. Además, la probable compresión del tórax contra el piso, ejercida por el peso corporal del reducidor u otras personas, pudo coadyuvar como mecanismo asfíctico, empeorando la injuria anóxica de los pulmones por sofocación», sostuvo.

Según el fiscal, «dados los diversos puntos de presión que revelan las hemorragias y lesiones, también se considera posible que más de una persona realizara maniobras de reducción y contención sobre el fallecido».

«Esto se ratifica con el relato de testigos que detallaron como el personal policial redujo a Barreto, siendo que uno de ellos apoyó su rodilla en la espalda del reducido para sostenerlo, mientras que otros lo sostenían de pies y manos», expresó Turraca en el escrito.

En tanto, el representante del Ministerio Público dijo que «respecto a la causa de la excitación psicomotora que presentaba antes de morir, no se debió a intoxicación, pero tampoco a efectos del trauma cráneo-encefálico detectado, ya que consta que fue una conducta percibida en el fallecido con anterioridad a la caída».

«Tampoco se hallaron otras condiciones patológicas durante la autopsia y microscopía que pudieran generarla, y, conforme la toxicología, no se habría tratado de síndrome de abstinencia», confirmó el fiscal, quien añadió que, teniendo en cuenta la opinión médica, «es probable que se debiera a alguna clase de episodio psicótico».

El hecho

 El hecho ocurrió el 13 de febrero de 2020, alrededor de las 7.50 de la mañana, en avenida Edison al 1300, casi esquina Ernesto Duvivier, donde el joven cayó de un primer piso.

Tras ello, los policías de la comisaría séptima fueron alertados por lo ocurrido y al llegar al lugar redujeron a Barreto, quien tenía algunas lesiones por la caída.

Para la acusación, «Delfino le propinó golpes con su rodilla en las costillas a Barreto, doblándole los brazos, Campos lo agarró fuertemente del cabello y Barbona lo tomó fuertemente de los genitales y de las piernas para que éste soltara el automóvil estacionado en el mismo lugar».

«Una vez cumplida dicha finalidad lo colocaron boca abajo esposándolo, manteniéndolo sostenido en el suelo para inmovilizarlo, provocándole con tales actos de sujeción y compresión la muerte por asfixia mecánica», concluyeron los investigadores.

El reclamo de la madre

 La madre de Diego Emanuel Barreto, quien en 2020 murió tras ser asfixiado presuntamente por policías que lo redujeron tras caer de un primer piso, pidió que «el caso no quede impune» y que condenen a los acusados que lo «torturaron y lo maltrataron por nada».

«Espero justicia para que la sociedad quede limpia de personas así que obran de mala manera porque yo no creo en la policía, no siento que estoy cuidada, al contrario, siento miedo», dijo a Télam Analía Ojeda, madre del joven.

La mujer aseguró que necesita «cerrar este ciclo de duelo de todos los días, más sabiendo que esta gente está en la calle».

«Pido que el caso de Ema no quede impune y que se tome conciencia para ver quiénes son las personas que tenemos en las calles y quiénes nos cuidan», expresó la madre de Barreto, quien tenía un hijo de cuatro años y trabajaba en un supermercado.

Por último, Analía afirmó que «nadie está exento de que te arrebaten un hijo de un día para el otro y con tantos sueños como él tenía».

«Estos policías lo torturaron y lo maltrataron por nada porque él no agredió a nadie. Cuesta verlos sueltos porque es como que te están matando en vida», concluyó.

Chaco

Juicio por la golpiza a jóvenes qom: Zdero había ascendido a una de las acusadas

Diez policías chaqueños son juzgados en Resistencia por el operativo de 2020 en Fontana. La oficial Claudia Lucena, acusada de encubrimiento y detención ilegal, fue promovida por decreto en 2025, cuando la causa ya estaba elevada a juicio.

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El Argentino Diario-Leandro Zdero, Chaco, corrupción, Suizo Argentina, medicamentos, investigación judicial, radicalismo,
Comenzó el juicio a diez policías por la golpiza a jóvenes qom en Fontana.

Según la acusación, entraron de madrugada, sin orden judicial, y golpearon a los jóvenes que estaban en la casa, entre ellos una adolescente. Después se los llevaron a la comisaría, donde, según denunciaron las víctimas, siguieron los golpes, las amenazas de muerte y los insultos racistas. Seis años después de aquella noche en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, diez policías del Chaco se sientan en el banquillo, y una de ellas llegó al juicio con un ascenso firmado por el gobernador Leandro Zdero.

El debate oral comenzó el lunes ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, en la causa 12.386/2020-1. El tribunal está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, Cristina Pisarello y Ernesto Azcona, y la acusación está a cargo del fiscal de Derechos Humanos Luciano Santos. La querella del Estado quedó unificada en el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, que actúa también en representación del área de Derechos Humanos de la provincia. Entre los acusados está Claudia Beatriz Lucena, que dirigía la Comisaría Tercera de Fontana cuando ocurrieron los hechos.

Qué pasó el 31 de mayo de 2020

Según la acusación, cerca de las 4.30 de la madrugada del 31 de mayo de 2020 un grupo de efectivos irrumpió en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y golpeó a varios jóvenes de una familia de la comunidad qom. La versión policial de ese momento era que buscaban a personas que supuestamente habían apedreado una dependencia de la fuerza. En la casa había además dos chicos pequeños.

Cuatro jóvenes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Tercera. Allí, de acuerdo con sus denuncias, continuaron las agresiones y los insultos racistas; también relataron que los rociaron con alcohol y los amenazaron con prenderles fuego. Las denuncias sostienen, además, que parte de esas agresiones quedó registrada por las cámaras de la dependencia. El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia institucional con mayor repercusión en la provincia, en plena cuarentena y contra una comunidad indígena históricamente postergada.

Los cargos

Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal cometida por un funcionario público. La acusación le atribuye no haber puesto a la adolescente detenida a disposición del juzgado correspondiente y no haber denunciado las vejaciones que habría presenciado en su unidad.

Los otros nueve policías afrontan distintas combinaciones de imputaciones, entre ellas vejaciones agravadas, allanamiento ilegal, falsedad ideológica agravada y detención ilegal. Son acusaciones que el tribunal deberá examinar: ninguno de los diez efectivos tiene condena y todos están amparados por la presunción de inocencia hasta que haya sentencia.

Un ascenso con la causa en marcha

El dato que salpica al gobierno actual es administrativo y tiene fecha. El decreto 974/25, firmado por Zdero el 13 de junio de 2025, promovió a Lucena de comisario inspector a comisario mayor, con vigencia retroactiva al comienzo de ese año. La propuesta fue elevada por el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, y contó con los avales administrativos correspondientes.

Romero no es un nombre nuevo en esta causa. Era jefe de la Policía cuando ocurrieron los hechos de Fontana y renunció el 13 de julio de 2020, junto con el subjefe, después de que el gobierno de Jorge Capitanich rechazara reincorporar a cuatro efectivos imputados en el expediente. En ese momento, Romero argumentó que la normativa policial obligaba a reintegrar al servicio a los agentes que habían recuperado la libertad. En diciembre de 2023, Zdero lo designó otra vez al frente de la fuerza.

Para entonces, Lucena estaba imputada desde septiembre de 2021 y el expediente había sido elevado a juicio en abril de 2022. El ascenso llegó, por lo tanto, después de que la oficial quedara formalmente acusada y después de que la Justicia resolviera llevar el caso a debate oral. Hasta el momento no se conoció una explicación oficial sobre por qué la promoción avanzó con ese antecedente.

En declaraciones recogidas por el diario El Ancasti, el abogado querellante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, Darío Edgardo Gómez, confirmó que Lucena «fue ascendida ahora ya en la gestión del gobernador (Leandro) Zdero».

Seis años de demoras

El juicio llegó a su primera audiencia tras sucesivas reprogramaciones. La última postergación fue en septiembre, por el cambio de defensor de uno de los imputados, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura había cuestionado públicamente las demoras. El cronograma prevé nuevas audiencias los días 13, 14, 15, 27 y 28 de octubre, y el 3 y el 12 de noviembre.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías del Chaco son juzgados desde el lunes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por el operativo del 31 de mayo de 2020 contra jóvenes qom en Fontana.
  • Según la acusación, los efectivos entraron sin orden judicial a una vivienda, golpearon a varios jóvenes, entre ellos una adolescente, y detuvieron a cuatro.
  • La oficial Claudia Beatriz Lucena, que en 2020 dirigía la Comisaría Tercera de Fontana, está acusada de encubrimiento agravado y detención ilegal.
  • Zdero la ascendió a comisario mayor por el decreto 974/25, de junio de 2025, a propuesta del jefe de Policía Fernando Romero, que también encabezaba la fuerza en 2020; la causa ya estaba elevada a juicio desde abril de 2022.
  • Las audiencias seguirán en octubre y noviembre; ninguno de los acusados tiene condena.
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