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Declararon emergencia agropecuaria en zonas de Córdoba, Mendoza y Misiones

El estado de emergencia y/o desastre agropecuario se aplica a explotaciones rurales afectadas por sequías, incendios y heladas

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El Ministerio de Agricultura declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario en explotaciones rurales de la provincia de Misiones y en departamentos de las de Córdoba y Mendoza, afectadas por sequías, incendios y heladas.

Las medidas se dispusieron a través de las resoluciones 21, 22 y 24 publicadas hoy en el Boletín Oficial y se tomaron luego de las respectivas recomendaciones que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios elevara a la cartera conducida por Julián Domínguez.

La emergencia agropecuaria permite a la explotación agrícola, ganadera o forestal prorrogar el pago de los impuestos nacionales por un período determinado, en tanto el desastre agropecuario dispone la eximición del pago de esos tributos.

La resolución 21 declaró en Misiones el estado de emergencia o desastre agropecuario, según corresponda, desde el 29 de diciembre último hasta el 28 de junio próximo, a las explotaciones agropecuarias y forestales afectadas por sequía o incendios en todo el territorio provincial.

La resolución 22 lo da por declarado a las explotaciones agropecuarias afectadas por incendio en los departamentos cordobeses de Calamuchita, Colón, Ischilin, Minas, Pocho, Punilla, Río Seco, San Alberto, San Javier, Santa María, Sobremonte, Tercero Arriba, Totoral y Tulumba, entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de septiembre próximo.

Por último, la resolución 24 dio por declarado el estado de emergencia o desastre agropecuario a las explotaciones agrícolas de diferentes distritos ubicados en los departamentos de San Carlos, Tunuyán, Junín, Rivadavia, San Martín, Santa Rosa, Guaymallén, Lavalle, Maipú, General Alvear y San Rafael.

El estado de emergencia corresponde a las explotaciones «que hayan sufrido un daño del 50% y hasta el 79% en su producción por efecto de heladas tardías parciales, ocurridas durante el período agrícola 2021/2022», mientras que el de desastre se aplicará a quienes «hayan sufrido un daño del 80% o superior».

En los dos casos, el período comprendido es desde el 1 de diciembre último hasta el 31 de marzo de 2023.

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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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