Antes del inicio de la feria judicial, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de los 17 imputados en la investigación por el incendio intencional, registrado aquel 5 de febrero 2014 en el galpón de la calle Azara al 1200 del barrio porteño de Barracas de la empresa internacional Iron Mountain, que causó durante el operativo de emergencia, la muerte de una decena de bomberos y personal de Defensa Civil.

Por mayoría, los miembros de la Sala VI también revocaron los sobreseimientos de tres de los involucrados, dictados en primera instancia, por lo que también quedaron procesados en la causa, que va camino al juicio.

La medida alcanza a tres gerentes de Iron Mountain y a cuatro funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes ocupaban cargos en la Dirección General de Fiscalización y Control, quienes inspeccionaron las condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene del predio siniestrado, sin consignar anomalía alguna.

También a otros representantes del gobierno porteño, como el jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas, el director de Industrias y Otros Locales, la directora general de Fiscalización y Control, la jefa del Departamento de Programación Operativa, se les confirmó sus procesamientos.

Además, los mantuvieron en dos encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control y de los dos responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa.

Por el siniestro, en medio de las tareas de extinción del fuego, al desplomarse un muro, murieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos 1ero. Eduardo Conesa y Damián Véliz, el cabo Maximiliano Martínez, el agente bombero Juan Matías Monticelli y los bomberos voluntarios José Luis Méndez Araujo, Sebastián Campos y rescatistas de Defensa Civil, Pedro Báricola.

Además, resultaron gravemente heridos los bomberos Daniel Díaz Gauna, Juan Manuel López Gaggiotti y Facundo Ambrosi, quien falleció una semana más tarde.

En febrero de 2015, peritos de la Policía Federal Argentina y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes periciales, en los que se concluía que el incendio podría haber sido intencional.