Por Ramón González

Un fiscal pidió enviar a juicio oral a siete policías y tres civiles por el crimen del comerciante Diego Rodas, quien en septiembre de 2016 fue asesinado a balazos cuando iba bordo de su auto junto a su esposa y su bebé de 12 días por el partido bonaerense de Ituzaingó y le dispararon unos efectivos que perseguían a delincuentes que huían en un vehículo robado.

Dos de los policías están detenidos y afrontan cargos por el asesinato de Rodas y la tentativa de homicidio de su esposa, quien resultó herida; mientras que los restantes cinco efectivos y los tres civiles -todos en libertad- están acusados de desplegar diversas maniobras para encubrir el hecho.

El requerimiento fue realizado por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 1 descentralizada de Ituzaingó, Marcelo Tavolaro, ante el Juzgado de Garantías 4 de Morón, subrogado por Alejandro Lago.

Al formular las acusaciones, Tavolaro consideró a los policías de la seccional de Villa Ariza, Ituzaingó, Fernando Grané y Gerardo San Miguel como autores de los delitos de «homicidio agravado por haber sido cometido por personal de la fuerza de seguridad abusando de su función reiterado -en dos hechos-, uno en grado de tentativa, y falsedad ideológica de documento público»,

En tanto, acusó al entonces comisario de Villa Ariza, Daniel Pérez, y a los efectivos Sergio Barrientos, Diego Carreira, Camila Pazos y Maximiliano Ramos de «encubrimiento por favorecimiento personal agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave por ser el autor funcionario público, falsedad ideológica de documento público y falso testimonio».

En la misma causa están procesados y camino a juicio los civiles Alejandro Salomón, Johana Vukman y Maximiliano Duarte, también por «encubrimiento agravado por tratarse del hecho precedente un delito especialmente grave, falsedad ideológica de instrumento público y falso testimonio agravado reiterado -dos hechos-«.

De acuerdo a la pesquisa llevada a cabo por Tavolaro, el 12 de septiembre de 2016, pasadas las 21, una patrulla policial perseguía a unos sospechosos que iban a bordo de una Peugeot Patagónica que había sido robada en Caseros, partido de Tres de Febrero.

Al llegar a Ituzaingó, la Peugeot chocó y detuvo la marcha en la calle Aguaribay, entre Saldán y El Delta, momento en que los acusados que iban a bordo escaparon a pie.

Pasados al menos 50 segundos, describió el fiscal, llegaron los policías que participaban de la persecución -Grane, San Miguel, Pazos y Ramos-, quienes inspeccionaron el vehículo y sus alrededores.

Al notar que no había ocupantes, los policías comenzaron a rastrillar la zona y fueron advertidos de que los sospechosos habían huido por calle El Delta, por lo que Pazos y Ramos quedaron al resguardo de la camioneta, mientras que Grane y San Miguel salieron en la búsqueda.

Según la acusación fiscal, ambos policías advirtieron a pocos metros la presencia de un Volkswagen Vento estacionado frente al domicilio de El Delta 2360 y «sin mediar ningún tipo de palabra u orden, y sin repeler agresión alguna, efectuaron a muy corta distancia del vehículo al menos cinco disparos».

De acuerdo a los peritajes incorporados a la causa, dos de los disparos fueron realizados con la pistola Bersa Thunder de Grane y tres con un arma igual que portaba San Miguel «con el claro fin de darle muerte al conductor del rodado».

Los proyectiles «ingresaron al habitáculo del automóvil y terminaron impactando en su conductor, Diego Hernán Rodas, uno en región lateral del hemitórax derecho, otro en región escapular izquierda y dos en la región deltoidea izquierda», por lo que el comerciante murió en el Instituto Médico Central de Ituzaingó, describió Tavolaro.

En el mismo hecho resultó herida la pareja de Rodas, María Virginia Tueso, quien también se hallaba a bordo del rodado y recibió un impacto en el antebrazo derecho, mientras que el bebé de sólo 12 días de las víctimas resultó ileso.

El fiscal dio por probado que ese mismo día, tras atacar a los inocentes, Grane y San Miguel «falsearon el contenido del acta del procedimiento» y «prestaron una falsa declaración, con la que lograron desviar» la investigación.

El representante del Ministerio Público detalló al llamar a los acusados a indagatoria que, luego de los disparos, «un grupo de personas, la mayoría funcionarios de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sin haberse acreditado promesa anterior, se determinaron a encubrir el hecho cometido por Grane y San Miguel -del cual habían tomado debido conocimiento en razón de sus funciones- con el objeto de que estos puedan sustraerse a la acción de la justicia».

Para ello, «diversos funcionarios públicos -superiores y pares- y algunos civiles al documentar el hecho perpetrado y las circunstancias que lo rodearon, callaron, falsearon, mintieron y/o omitieron la verdad de los hechos, buscando endilgar la muerte de Diego Hernán Roda a uno o varios ‘chivos expiatorios’ en favor de los mencionados acusados».

Por esas maniobras, Tavolaro acusa y pide llevar a juicio al comisario Pérez, jefe de la seccional de Villa Ariza, quien «se puso de acuerdo con quienes entonces ostentaban el carácter de Jefe de la Unidad de Prevención de Policía Local de Ituzaingó, Torres, y segundo jefe Peralta, para ocultar a la justicia la verdad de los hechos».

De acuerdo a la instrucción, «Pérez hizo confeccionar el acta de procedimiento», en la que hizo «omitir» que al menos dos de los policías habían causado la muerte de Roda.

«Además, en su carácter de jefe de la dependencia, se encargó de coordinar con todo el personal de la dependencia bajo su mando -con el consentimiento de estos- el modo en que se iban a labrar las actuaciones, relatos a plasmarse en las mismas, con un único fin, ocultar la verdad a la justicia», añadió respecto de ese comisario, a quien además le imputa haber prestado una «declaración falsa» en el sumario.

Por dar fe del acta falsa, en tanto, Tavolaro acusó al oficial de servicio Barrientos, mientras que al entonces jefe del Grupo Técnico Operativo de la comisaría, Carreiras, le atribuyó maniobras tendientes a beneficiar a los policías que dispararon y señalaron por el hecho a tres personas ajenas, para lo cual instigó a los civiles a dar un falso testimonio para que los involucrara.

Por su parte, la madre de Rodas, María del Carmen Peche, dijo a Télam que continuará pidiendo justicia.

«Mi sueño es que Grané y San miguel sean condenados y no salgan más de la cárcel. Mi hijo no va a volver del cielo, en cambio ellos algún día van a salir de estar presos. Pido justicia, justicia y justicia por Diego. No se por qué Dios me lo sacó tan pronto, no se por qué te sacan a la gente buena», expresó.