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Tarifas de luz y gas: quiénes perderán el subsidio y por qué
La idea del Gobierno es reducir totalmente los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena.
La Secretaría de Energía identificó cinco criterios que se podrían aplicar para reducir el nivel de subsidios al consumo de gas y electricidad para los clientes residenciales de mayores ingresos.
Así se desprende del informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que será parte de la debate que se dará en las audiencias públicas convocadas para los días 10, 11 y 12 de mayo próximos, para la actualización de las tarifas y la segmentación de subsidios sobre el principio de gradualidad.
La idea ya planteada por el Gobierno nacional es reducir totalmente los subsidios en el caso de los usuarios con capacidad de pago de una tarifa plena de gas y electricidad.
También prevén la existencia de un segmento medio que recibirá una reducción parcial de los subsidios y -por último- la de los usuarios de menores ingresos y más vulnerables que continuarán con la asistencia mayor del Estado.
Por el cruce de la información de empresas distribuidoras, entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio, se estima que estarían afectados por un menor nivel de subsidios 921.778 clientes titulares de energía eléctrica, y 760.600 de gas residencial.
Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.
En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio promedio en electricidad de $49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual con un ingreso por hogar promedio de $3.258.861 al año, el pago pleno de los servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.
A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos socioeconómicos individuales del suministro o del titular como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la propiedad y las características de la urbanización.
Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE o estar en el registro de urbanizaciones cerradas.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
También podría alcanzar a trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil y los beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El estudio también contempla a los titulares de programas sociales, los trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, los trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y de certificado de discapacidad.
En este segmento los criterios de exclusión contemplados son ser propietario de dos o más inmuebles, ser propietario de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad) y tener más de un suministro bajo su titularidad.
En cuanto al más difuso segmento intermedio, se entiende que dado que el criterio espacial puede generar errores de inclusión, a la hora de definir la pertenencia o no a un segmento determinado, debe primar el criterio socioeconómico.
Por lo tanto, todos los suministros que no tengan una modificación en su segmento, se asignará el nivel de subsidios correspondiente al segmento intermedio.
En este sentido, se mencionó que se ha logrado identificar y asignar características al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas para el total nacional, habiendo jurisdicciones donde este valor se reduce en la medida que la información suministrada no permite una identificación correcta de los titulares.
En la instancia de implementación, la autoridad de aplicación deberá instar a los organismos competentes a la provisión y adecuación de la titularidad de los suministros para alcanzar un mayor grado de identificación de forma tal de reducir las solicitudes de reconsideraciones.
Gremiales
ATE Capital impulsa el “Primer relevamiento de condiciones de trabajo, salud mental y endeudamiento”
El gremio realizará el primer relevamiento sobre condiciones laborales, salud mental y endeudamiento de trabajadores y trabajadoras del Estado.
El gremio ATE Capital Federal lanzó el “Primer relevamiento de condiciones de trabajo, salud mental y endeudamiento”, una iniciativa titulada: “¿En qué estado estamos?” que busca generar datos propios sobre la situación de las y los trabajadores de la Administración Pública Nacional (APN) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Según la presentación del relevamiento, el objetivo es “producir datos propios sobre condiciones laborales, salud mental y endeudamiento” de quienes trabajan en el Estado Nacional y en la CABA. La iniciativa se presenta como una respuesta gremial conjunta frente al “vaciamiento de las mesas de la CIOT y la CyMAT” y a la falta de canales institucionales para abordar estas problemáticas.
Entre los 7 ejes del cuestionario se encuentran la caracterización sociodemográfica (edad, género, nivel educativo y lugar de trabajo), situación laboral en la APN (vínculo contractual, trayectoria, traslados, modalidad de trabajo y pluriempleo); ingresos, hogar y cuidados (ingresos netos, satisfacción salarial, personas a cargo y situación habitacional), organización y condiciones de trabajo (carga laboral, cambios en las tareas, recursos disponibles y obstáculos);clima laboral (vínculos, trato, reconocimiento y situaciones de violencia o discriminación); bienestar y salud mental (agotamiento, angustia, ansiedad, dificultades para dormir y acceso a acompañamiento); endeudamiento y estrategias económicas (existencia y tipos de deudas, estrategias recientes e impacto en los ingresos).
“Desde nuestra organización aclaramos que entiende la salud mental en sentido amplio y busca relacionar el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores con la organización del trabajo, los ingresos, las responsabilidades de cuidado y el endeudamiento”, explicó Soledad Santellan.
Salud mental de CABA
De la experiencia ya realizada en dispositivos de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires surgieron algunos resultados preliminares: el 76,3 % percibió un aumento de tareas; 82,6 % señaló mayor gravedad o complejidad de las situaciones atendidas; 63,0 % informó no disponer de herramientas adecuadas; 50,7 % tenía dos o más empleos; 59,2 % declaró alguna deuda; 68,3 % terminaba la jornada con agotamiento.
Desde ATE Capital Federal sostienen que el relevamiento también funciona como herramienta de organización gremial: permite visibilizar problemáticas naturalizadas, escuchar a los sectores, construir agenda común y dar seguimiento a los reclamos.
El gremio invita a participar a través de los formularios correspondientes a la APN y a la CABA, con el lema “Conocer nuestra realidad para transformarla”.
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