La cuenta regresiva para la sesión del 15 de octubre avanza y la oposición se enfrenta a un problema aritmético que, a esta altura, ya es también político: faltan entre 14 y 20 votos para garantizar el quórum de 129 diputados que permita rechazar el DNU 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó el 20 de diciembre de 2023 y que, entre sus centenas de artículos, eliminó los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, desreguló el mercado de alquileres y las prepagas, y habilitó tasas de interés a criterio de los bancos.

La sesión especial fue formalizada por 32 diputados de ocho bloques: Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Primero San Luis, Defendamos Córdoba y Coherencia. El temario incluye, además del rechazo al DNU 70/23, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027 y un proyecto sobre endeudamiento familiar. Si Diputados aprueba el rechazo, la suma de las decisiones de ambas cámaras derivaría en la derogación del decreto en su conjunto: el Senado ya lo había rechazado el 14 de marzo de 2024.

El detonante: un fallo polémico de la Corte Suprema

La convocatoria se precipitó luego de que la Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocara un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, la disposición que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales. Esa ley, sancionada en 2011, limitaba al 15% el porcentaje de suelo rural que podía estar en manos extranjeras a nivel nacional. Con la decisión del máximo tribunal, volvió a quedar vigente la derogación de esa restricción, habilitando la extranjerización sin límites del territorio argentino.

La Corte aclaró, en un comunicado inédito, que su fallo en la causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) se circunscribió a una cuestión procesal: rechazó la demanda por falta de legitimación de los demandantes, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo en cuestión. Sin embargo, el efecto práctico fue inmediato. Paralelamente, el máximo tribunal convocó a dos conjueces para integrar el tribunal en una nueva causa (FGR 20213/23), impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie, donde sí se debatirá de fondo la validez constitucional del artículo 154.

Los números que definen el escenario

El mapa de adhesiones es precario. Según fuentes parlamentarias, con el apoyo de Unión por la Patria y los bloques aliados más un puñado de radicales que no acatan la conducción de Rodrigo De Loredo, la oposición llegaría a alrededor de 113 voluntades; aún lejos de los 129 necesarios para abrir el recinto. Los votos que faltan están concentrados en los bloques provinciales cuyos gobernadores mantienen distintos grados de acuerdo con la Casa Rosada. En la mira de los impulsores de la sesión figuran los diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y Raúl Jalil (Catamarca).

Entre las señales que alimentan el optimismo opositor, la diputada Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, confirmó que participará de la sesión y votará por el rechazo del decreto. «El próximo 15 de octubre, en la Cámara de Diputados, trataremos la vigencia del DNU 70/2023», sostuvo la legisladora. Por el contrario, el bloque de la UCR conducido por De Loredo ya anticipó que no acompañará la convocatoria, alineado con la directiva de gobernadores radicales que priorizan no tensar la relación con la Casa Rosada en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027.

El Gobierno juega sus cartas para tumbar la sesión

El oficialismo no improvisa: desplegó un operativo político de máxima presión para evitar que la sesión llegue a realizarse. Según fuentes del bloque de La Libertad Avanza, el objetivo no es solo garantizar que el DNU no sea rechazado si se trata, sino directamente impedir que haya quórum. La estrategia contempla al menos tres frentes: presión directa sobre gobernadores aliados para disciplinar a sus bancadas; ofrecimientos de concesiones en coparticipación, deuda provincial o infraestructura a cambio de abstenciones; y la posibilidad de que el propio oficialismo convoque una sesión paralela que incluya los temas de discapacidad y endeudamiento pero excluya el DNU, buscando dividir a la oposición y capturar a los legisladores que solo quieren avanzar sobre esas agendas. «Creemos que tenemos los votos para que la oposición no voltee el DNU en el caso de que se trate, pero no queremos que exista la posibilidad siquiera de que se trate», afirmó una fuente del bloque oficialista.

El argumento judicial también figura en el tablero: el oficialismo especula con que la nueva causa sobre la Ley de Tierras ante la Corte Suprema, con conjueces incorporados, podría generar un escenario de expectativa judicial que sirva de excusa para que algunos diputados vacilantes no den quórum, bajo el razonamiento de que la discusión de fondo ya está en manos de la justicia. La táctica tiene antecedentes: en ocasiones anteriores, el Gobierno logró postergar sesiones opositoras apelando exactamente a esa combinación de presión política y argumentación jurídica.

Lo que está en juego más allá de los votos

La sesión del 15 de octubre concentra varias disputas al mismo tiempo. La derogación del DNU 70/23 no solo implicaría restablecer la Ley de Tierras y sus límites a la extranjerización del suelo rural; también volvería a tener vigencia la Ley de Góndolas, que garantizaba espacio para productores pyme en los grandes supermercados, y quedarían sin efecto las modificaciones que habilitaron tasas de interés libres para bancos y billeteras digitales. En términos concretos, si el rechazo prospera, el Ejecutivo perdería el principal instrumento de desregulación con el que rediseñó la economía argentina en el primer año de gestión.

Además, la jornada del 15 coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada bajo la consigna «Por la educación, la soberanía y la democracia». Organizaciones políticas, gremiales, ambientalistas y sociales ya confirmaron su presencia. El secretario general de la CTA de las y los Trabajadores, Hugo Yasky, ratificó la marcha e impulsó el reclamo de quórum parlamentario como parte de la misma jornada de movilización popular.

Lo que tenés que saber:

• La oposición convocó para el jueves 15 de octubre a las 14 una sesión especial en Diputados para rechazar el DNU 70/2023, con la firma de 32 legisladores de ocho bloques.
• Si la Cámara rechaza el decreto, se sumarían los votos del Senado (que ya lo rechazó en marzo de 2024) y el DNU quedaría derogado en su conjunto.
• El detonante fue un fallo de la Corte Suprema que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras, eliminando el tope del 15% a la compra de suelo rural por extranjeros.
• La oposición necesita entre 14 y 20 votos adicionales para alcanzar quórum; la clave está en los bloques provinciales cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.
• El Gobierno desplegó un operativo para impedir que se alcance el quórum y evalúa convocar su propia sesión que incluya discapacidad y endeudamiento, pero excluya el DNU.