La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta semana en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.

La discusión se dará en la comisión de Legislación General, que se conformará este martes a las 15, a partir de un acuerdo alcanzado el miércoles pasado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, con titulares de los bloques de la UCR, Mario Negri, y del PRO, Cristian Ritondo, que conforman el interbloque Juntos por el Cambio.

Para lograr ese objetivo, Massa firmó la respectiva resolución citando a esa comisión que tendrá 31 miembros, de los cuales 16 corresponderán al Frente de Todos, 14 a Juntos por el Cambio y uno al interbloque Federal.

El acuerdo entre el FdT y JxC establece que a lo largo de 30 días hábiles -equivalente a alrededor de 45 días corridos- se discutirán las reformas a la ley de alquileres que se encuentra vigente en la actualidad, que entró en vigencia el año pasado, con el objetivo de lograr un dictamen mayoritario entre las principales fuerzas políticas.

También se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propone el legislador del FdT y exgobernador de San Juan José Luis Gioja.

La diputada Marcela Passo (FdT) dijo a Telam que «la Ley de alquileres vigente lamentablemente fracasó, perjudicando a sus principales actores, tanto inquilinos como propietarios»

«Actualmente hay varios proyectos presentados. Nuestra labor en esta etapa no se trata de priorizar algunos proyectos por sobre otros, se trata de construir consensos y llegar a un acuerdo para aliviar a la gente», agregó la legisladora.

Passo destacó que Massa «en su labor de establecer consensos parlamentarios con todas las fuerzas políticas, logró un acuerdo que superaba las expectativas» y manifestó su optimismo en que a lo largo de los 30 días hábiles de trabajo que tendrá la comisión se buscará «escuchar a todos los sectores y generar un nuevo proyecto.»

La necesidad de alcanzar un acuerdo es necesario para poder aprobar las leyes debido a la extrema paridad numérica que existe entre el Frente de Todos -el bloque conducido por Germán Martínez- y Juntos por el Cambio.

El oficialismo tiene 118 miembros y la principal fuerza de oposición suma 116 integrantes.

Por lo pronto el primer paso que se dará el martes será elegir autoridades de la comisión de Legislación General que volverá a estar presidida por la legisladora bonaerense Cecilia Moreau, y como vicepresidenta se reelegirá a la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo.

Además de Moreau, formarán parte de la comisión los oficialistas Constanza Alonso, Daniel Arroyo, Vanesa Siley, Lia Marín, Carolina Yutrovic, Carolina Moises, Graciela Parola, Paula Penacca, José Herrera, Mónica Litza, Lucas Godoy, Carolina Gaillard, Liliana Yabrun, Federico Fagioli y Eduardo Toniolli.

Por Juntos por el Cambio estarán, además de Carla Carrizo, Karina Banfi, Soledad Carrizo, Margarita Stolbizer, Pablo Tonelli, Francisco Monti, Jimena Latorre, Omar de Marchi, María Eugenia Vidal, María Sotolano, Marina Stilman, Ingrid Jetter, Maximiliano Ferraro y Victoria Morales Gorleri.

La restante integrante será Graciela Camaño, del bloque Identidad Bonaerense y del interbloque Federal.

En el encuentro del martes se establecerá el cronograma de trabajo del grupo asesor del cuerpo legislativo para poder emitir un dictamen de consenso en base a los doce proyectos presentados por legisladores de diferentes fuerzas políticas, luego de agotar el debate tras escuchar a las asociaciones de inquilinos y propietarios.

La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en el primer período de aislamiento por la pandemia de coronavirus.

A menos de dos años de su sanción y de un año de su implementación, la norma ha generado muchas dificultades para que los inquilinos puedan alquilar una propiedad y las cuestiones más objetadas pasan por los plazos de los contratos que se extendieron a un mínimo de tres años.

También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Índice de Precios al Consumidor y el salario promedio.

En cambio, los legisladores mantendrán los artículos incorporados a la ley sancionada en 2020 que fueron la ampliación del abanico de instrumentos permitidos para respaldar la operación, ya que a la garantía mediante escrituras inmuebles se sumaron los seguros de caución, el aval bancario y la garantía de fianza.

También se preservará que el inquilino pague un mes de adelanto y otro de depósito, ya que antes abonaba al menos dos meses de depósito