Judiciales ⚖️
Se negaron a declarar los detenidos por el crimen de Tomás Tello
Ocho de los miembros mayores de edad de la patota que emboscó, golpeó y acabo con la vida del joven en Santa Teresita de una puñalada en el corazón optaron por no brindar declaraciones ante el fiscal Pablo Gamaleri.
Los ocho mayores de edad detenidos por el crimen de Tomás Tello, el joven de 18 años asesinado a puñaladas en el balneario de Santa Teresita durante los festejos de Año Nuevo, se negaron a declarar ante el fiscal del caso en una jornada de indagatorias que se extendió hasta esta madrugada, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Entre quienes optaron por no brindar declaración ante el fiscal Pablo Gamaleri, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 11 de Mar de Ajó, se encuentran Damián Kopelian (21), alias «El Kope», un joven con antecedentes penales acusado como presunto autor material del crimen, y un octavo sospechoso, detenido a última hora del martes.
Los ocho mayores de edad detenidos están imputados por el delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», la misma calificación legal aplicada a los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido en enero de 2020 en Villa Gesell.
Por el hecho están detenidos además dos menores de edad, que también se negaron a declarar, en su caso ante el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, en la ciudad de Dolores, cabecera del Departamento Judicial.
En el marco de la causa, para el mediodía de este miércoles está prevista la declaración testimonial de la madre del joven asesinado, Samanta Ferreyra, quien está a cinco días de dar a luz a su tercera hija mujer.
Su testimonio se sumará al que ya aportaron en el expediente cerca de veinte testigos, entre ellos personal médico que asistió a Tello luego de ser atacado en la mañana del 1 de enero, y efectivos policiales que intervinieron en la detención de los acusados y en distintos procedimientos realizados en el marco de la instrucción penal.
En la causa declararon además como testigos familiares y allegados del joven asesinado y a partir de los elementos reunidos en la investigación, el fiscal pidió este martes a la Justicia de Garantías que convirtiera en detención la aprehensión de los acusados.
Para el fiscal, Tello fue atacado a las 7.10 del 1 de enero en la zona de playas de Costanera y calle 38, por «El Kope» y por al menos otros tres hombres, identificados como Federico Brandon (22), Roberto de Jesús Ochoa (27) y Carlos Amestoy (29), imputados como coautores.
Según la causa, los acusados actuaron luego de «urdir un plan de antemano con el fin de dar muerte» a la víctima, y contaron para ello «con la colaboración» de otros tres hombres, entre ellos el padre del principal acusado, Avedis Kopelián (57), y el hermano Aram (27), y Darío Espinosa (33).
El octavo detenido, identificado como Roberto Cejas (29), también fue imputado en calidad de coautor tras su aprehensión cerca de las 22 del martes en Santa Teresita.
Según la fiscalía, el ataque se originó por «una disputa previa ocurrida el día 23 de diciembre del 2023» y los acusados «increparon» a Tello en la playa mientras estaba con su novia y un amigo, con expresiones como «párense de mano, vamos a pelear hijos de puta, los vamos a cagar a trompadas, parate de mano» y «mirá cómo te regalás».
De acuerdo al expediente, al menos uno de los acusados exhibió «un arma blanca» y en ese momento la víctima trató de escapar, pero fue perseguido seis cuadras, hasta que fue acorralada y atacada nuevamente en el porche de ingreso de una vivienda sobre la calle 44 al 100.
«Acorralaron a la víctima en el pasillo de entrada de la vivienda sita en dicho numeral, y se turnaron para atacarlo a golpes de puntapiés, puños, piedras y botellazos, en la cabeza y en el cuerpo, mientras que a su vez impedían simultáneamente que sus amigos pudieran socorrerlo», describió el fiscal.
De acuerdo a esa secuencia, el principal acusado le provocó a Tello «una herida fatal corto punzante a la altura del esternón con un arma blanca».
El abogado defensor de «El Kope», Carlos Diéguez, expresó por su parte en diálogo con Crónica TV, que él no fue el autor material y que en las próximas horas aportaría pruebas en ese sentido.
La autopsia del cuerpo de la víctima determinó que falleció a causa de «una laceración en la aurícula derecha del corazón», luego de sufrir una «herida punzocortante en la línea media de tórax».
Tras el ataque, los acusados del crimen fueron detenidos a partir del testimonios y de su identificación a través de cámaras de seguridad, cuando caminaban por la playa e intentaban escapar de la zona del ataque.
Los restos de Tello fueron inhumados ayer a la tarde en el cementerio municipal de Mar de Ajó, luego de que una caravana con más de 50 vehículos acompañara el traslado de sus restos desde una sala velatoria de Santa Teresita.
Educación
En plena Marcha Universitaria, la Cámara frenó la multa diaria a Santilli
La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria las astreintes de $100.000 por día que el juez Martín Cormick le había impuesto al jefe de Gabinete por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario. La decisión llegó tras una queja de Capital Humano y apenas un día después de la sanción.
La sanción duró menos de veinticuatro horas. Mientras miles de estudiantes, docentes y no docentes colmaban las calles en la quinta Marcha Federal Universitaria, un tribunal de alzada le concedió al Gobierno de Javier Milei el respiro que la ley no le da: la multa diaria por desobedecer una cautelar firme quedó en suspenso, aunque la obligación de pagar salarios y becas sigue intacta.
La resolución corresponde a la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que suspendió de manera provisoria la aplicación de las astreintes de $100.000 por día que debía afrontar el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli. El tribunal se pronunció a partir de una queja presentada por el Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez federal Martín Cormick.
Una multa con nombre y apellido
Cormick había resuelto el miércoles hacer efectivo el apercibimiento que formuló el 30 de septiembre y fijó una primera multa de $100.000 diarios. El planteo que derivó en la sanción fue presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que denunció que el Estado seguía sin cumplir la medida cautelar.
La particularidad de la medida era su destinatario. Las astreintes no recaían sobre el Estado en abstracto, sino sobre el funcionario que encabeza la Jefatura de Gabinete. Además, el magistrado aclaró que se trataba de una primera etapa y que podía modificar tanto el monto como los funcionarios alcanzados si el incumplimiento persistía.
Diez meses de una cautelar que nadie cumple
El conflicto judicial se arrastra desde diciembre de 2025, cuando Cormick dictó la cautelar que ordena cumplir los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, referidos a la recomposición salarial del personal docente y no docente y a la actualización de las becas estudiantiles. La medida fue confirmada por la Cámara y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara un recurso extraordinario del Estado el 25 de junio.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley, pero condicionó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de financiamiento mediante el Decreto 759/2025. El 6 de octubre, en la causa principal, el propio Cormick declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y ordenó aplicar la norma de manera inmediata. El Gobierno respondió con apelaciones, mientras el juez insistía en que la cautelar seguía siendo de cumplimiento obligatorio.
Se trata de una ley que el Congreso sancionó y luego ratificó con dos tercios tras el veto presidencial. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su costo total equivale al 0,23% del PBI, un dato que relativiza el argumento fiscal con el que la Casa Rosada justifica su resistencia.
Becas congeladas y una marcha que no se detiene
Detrás del expediente hay números concretos. Las becas estudiantiles que la cautelar obliga a actualizar quedaron congeladas en $35.000, de los cuales los beneficiarios solo perciben $28.000 por las retenciones que aplica la ANSES. Ese monto, que no alcanza siquiera para cubrir un mes de transporte en el AMBA, es una de las banderas del reclamo que hoy volvió a movilizar a la comunidad universitaria.
La coincidencia temporal no es menor. La suspensión de la multa llegó el mismo día en que la universidad pública volvió a ganar la calle en todo el país, en la quinta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Por ahora, la decisión de la Cámara es provisoria y no anula la cautelar: el Gobierno conserva la obligación de recomponer salarios y becas, solo que sin la presión económica diaria sobre su jefe de Gabinete.
Lo que tenés que saber:
- La Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de forma provisoria la multa de $100.000 diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
- La decisión respondió a una queja del Ministerio de Capital Humano contra la sanción dictada por el juez Martín Cormick.
- La multa se había impuesto a pedido del CIN por el incumplimiento de la cautelar que ordena actualizar salarios universitarios y becas.
- La cautelar, dictada en diciembre de 2025, quedó firme tras un rechazo de la Corte Suprema en junio y sigue vigente.
- Las becas estudiantiles siguen congeladas en $35.000, con un cobro efectivo de $28.000 por retenciones de la ANSES.
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