Autopréstamos, offshore y triplex subvaluado: el manual de evasión que usó el titular del ARCA

★ No fue un descuido ni una omisión involuntaria en un formulario. La tesis central de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), según el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez al que accedió La Nación, es que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, construyó durante 15 años un sistema patrimonial cuyo único propósito fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final de una red de bienes inmuebles y sociedades en Argentina y Estados Unidos. El mecanismo tuvo dos capas superpuestas: una local y una offshore, ambas conectadas entre sí y ambas omitidas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio ARCA.

Esta es la tercera entrega de la cobertura de este medio sobre el caso. En las ediciones anteriores de esta jornada se informó sobre el pedido de indagatoria de la PIA y sobre la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de admitir una docena de medidas de prueba para ampliar la pesquisa, pese al intento del oficialismo de dar el caso por cerrado invocando una resolución de «cosa juzgada».

Dos capas, un mismo objetivo

La capa local del esquema giró en torno a la Consultora San Andrés SA, una sociedad sin empleados de la que Vázquez es el principal accionista y que funciona en un inmueble de su propiedad, por el que él mismo se cobra un alquiler. La consultora registra facturación al Casino de Buenos Aires, firma que el propio Vázquez habría representado en al menos una inspección. Desde esa estructura, Rodríguez identificó dos usos concretos: otorgar un supuesto préstamo para comprar propiedades y adquirir vehículos que el funcionario y su familia usaron. El fiscal plantea, en su dictamen, una pregunta que no tiene respuesta lógica: «¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?».

La capa offshore operó a través de dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., controladas desde las Islas Vírgenes Británicas por Galanthus Capital Limited, con las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva, como autoridades formales. Para los investigadores, la superposición de estructuras responde a un diseño deliberado para dificultar la identificación del beneficiario final, lo que demuestra un «plus intencional» que excede el error administrativo. Los nombres elegidos para las panameñas, lejos de ser neutrales, remiten al Club Atlético Huracán: «Alcorta» alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio; «Pompeya», al barrio que lo rodea.

Las compras que no cierran

El esquema se materializó en una serie de operaciones inmobiliarias que la PIA rastreó en detalle.

En octubre de 2010, Vázquez compró el 50% de un departamento en la torre Chateau Puerto Madero Residence (Julieta Lanteri al 1300); la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. La operación se escrituró en 335.000 dólares, pero para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. El financiamiento provino de un autopréstamo de la Consultora San Andrés, maniobra que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identifica como indicador de posible lavado de activos en el sector inmobiliario. La misma consultora fue usada para comprar cinco vehículos entre 2010 y 2015: dos Volkswagen Vento 2.0, un BMW X6 3.0 blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium.

En enero de 2013, Alcorta Corp. adquirió dos departamentos en la avenida Brickell de Miami en dos días consecutivos: la unidad 3504 del Icon Brickell por 710.000 dólares el 9 de enero y la unidad 2811 en la misma avenida por 400.000 dólares el 10 de enero. En ese momento, Vázquez declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, frente a una inversión de 1,1 millón de dólares en 48 horas.

En julio de 2015, Pompeya Group Corp. compró la suite 904 del Chateau Beach Residences en Sunny Isles por 980.000 dólares. La PIA verificó que tanto Vázquez como su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles y recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que acredita el ejercicio efectivo de la propiedad más allá de la titularidad formal.

Una venta en Miami que financió un triplex en Puerto Madero

Los investigadores hallaron un dato que conecta las operaciones en ambos países. El 22 de marzo de 2018, Alcorta Corp. vendió el segundo de los inmuebles de la avenida Brickell (el de la unidad 2811) por 350.000 dólares. Apenas nueve meses después, el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building de Faena Properties (Juana Manso 1124, Puerto Madero) a un precio escriturado equivalente a 225.906 dólares, es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado. La empresa vendedora, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por entre 461.712 y 777.518 dólares según la cotización utilizada. En otros términos: la sociedad habría sufrido una pérdida de entre 235.000 y 551.000 dólares en la operación. El valor real del triplex, según la PIA, rondaba los 2,1 millones de dólares. Para los investigadores, la diferencia entre el precio de mercado y el precio de escritura configura una maniobra para encubrir el origen de fondos.

Hay además un detalle que los investigadores señalaron como significativo: el mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero es el que le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas. Ambas operaciones con el Chateau Group se concretaron próximas a la finalización de las obras, circunstancia que la PIA calificó como digna de mayor indagación.

El fiscal pidió ampliar la causa a tres delitos

Con ese cuadro, el fiscal Rodríguez solicitó al juez Martínez de Giorgi la indagatoria de Vázquez por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la investigación a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos derivados del cobro de dádivas. En sus conclusiones, la PIA describió la operatoria como «un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario».

Puntos clave

• La PIA reconstruyó un esquema de 15 años con dos capas societarias: la Consultora San Andrés en Argentina y las firmas panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., controladas desde las Islas Vírgenes Británicas.
• En enero de 2013, Vázquez invirtió 1,1 millón de dólares en dos inmuebles en Miami mientras declaraba activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
• Un venta en Miami en 2018 se conecta temporalmente con la compra subvaluada de un triplex en Puerto Madero: el mismo desarrollador (Chateau Group) aparece en operaciones de ambos países.
• La PIA calificó los autopréstamos desde la Consultora San Andrés como un indicador de posible lavado de activos según criterios de la OCDE.
• El fiscal pidió ampliar la causa a tres delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.