Investigación 🔎
Indagan al coordinador de Urgencias de ANDIS por armar compulsas truchas
El coordinador de Gestión de Urgencias, Roger Edgar Grant, es señalado por la Fiscalía como pieza clave del esquema de direccionamiento de contrataciones en la agencia de discapacidad. Ya son cinco los imputados que evitaron declarar en la causa.
★ El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi indagaron este mediodía a Roger Edgar Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a quien el Ministerio Público identifica como una figura operativa central en la maniobra de irregularidades en compulsas de precios y contrataciones del organismo.
Según el dictamen fiscal al que tuvo acceso este medio, Grant funcionó como ejecutor directo de las instrucciones de Daniel María Garbellini, quien encabezaba la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. La acusación sostiene que el coordinador intervenía en el armado de compulsas, la habilitación de proveedores y la manipulación de los tiempos del sistema SIIPFIS, siempre en coordinación con operadores del sector privado.
El rol de Grant en el esquema investigado
La imputación detalla que Grant «llevó adelante compulsas» siguiendo órdenes precisas de Garbellini y participó en un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un grupo reducido de droguerías. El elemento más comprometedor es que su nombre quedó registrado en documentación secuestrada a uno de los presuntos organizadores de la maniobra, según confirmó la fiscalía.
Los investigadores destacaron que las comunicaciones internas incautadas evidencian la influencia de actores privados sobre la tarea cotidiana de Grant dentro de la agencia. Esta documentación refuerza la hipótesis de que su función fue indispensable para la ejecución administrativa del circuito irregular.
El silencio como estrategia
Grant se convirtió en el quinto de los 15 imputados que evitó responder preguntas del juez y el fiscal. Esta estrategia procesal se repite entre los señalados en la causa, lo que dificulta la reconstrucción completa de la cadena de responsabilidades que, según la acusación, permitió convertir áreas sensibles de la ANDIS en un mecanismo paralelo de decisiones y beneficios económicos dirigidos.
Un organismo bajo sospecha
La causa investiga un sistema de direccionamiento de contrataciones que habría beneficiado a un círculo acotado de proveedores mediante la manipulación de procedimientos administrativos. Según el expediente, funcionarios de distintos niveles de la ANDIS habrían coordinado acciones para eludir los controles establecidos y garantizar adjudicaciones predeterminadas.
El Ministerio Público busca profundizar en cómo se articuló este esquema desde adentro del organismo estatal con actores del sector privado, y qué rol cumplió cada uno de los implicados en la cadena operativa que permitió el presunto desvío de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
Puntos clave:
• Roger Edgar Grant fue indagado como pieza operativa central del esquema de irregularidades en ANDIS
• La fiscalía lo señala como ejecutor directo de órdenes de Daniel Garbellini en el armado de compulsas
• Su nombre aparece en documentación secuestrada que lo vincula con operadores privados
• Ya son cinco los imputados que evitaron declarar ante el juez Casanello y el fiscal Picardi
• La causa investiga direccionamiento de contrataciones que favorecieron a un grupo reducido de droguerías
Investigación 🔎
La causa ANDIS avanza: la Justicia rechazó los intentos de Spagnuolo y los Kovalivker de desbaratar la investigación
La Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó dos intentos clave por desbaratar la investigación principal: le negó a Diego Spagnuolo la condición de querellante en el expediente por los audios y desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker. En simultáneo, confirmó los procesamientos de 19 imputados por el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Doscientos cuarenta y cinco mil dólares pagados en efectivo y sin factura en refacciones de lujo, una pileta con cascada, un quincho de alta gama y un jacuzzi. Ese es el trasfondo que rodea la causa que investiga el presunto vaciamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que ahora tiene un nuevo capítulo judicial. La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de Diego Spagnuolo y otros 18 imputados, y rechazó de plano dos maniobras defensivas que buscaban neutralizar la investigación.
Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y amigo personal del presidente Javier Milei, protagonizó ambas presentaciones frustradas. Por un lado, intentó convertirse en querellante en el expediente que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen, donde se escucha una voz relatando el presunto esquema de retornos en medicamentos e insumos para personas con discapacidad, con un porcentaje que habría correspondido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Por otro, la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la Droguería Suizo Argentina, también imputados en la causa principal, impulsó un planteo de nulidad de todo lo actuado alegando que las grabaciones habrían sido adulteradas u obtenidas de manera ilícita. Ninguno de los dos intentos prosperó.
Sin legitimación para querellarse
Spagnuolo había recurrido ante la Cámara la decisión del juez Julián Ercolini, quien rechazó en primera instancia que el ex funcionario ingresara al expediente sobre los audios como particular damnificado. A través de su abogado Pablo Parera, argumentó que había sido blanco específico, real y verificable de las maniobras de espionaje que se investigan en ese expediente paralelo, que tramita con el fiscal Carlos Stornelli como acusador.
Los camaristas Roberto Boico y Guillermo Farah cerraron esa puerta. Boico fue categórico: mientras no concluya la pericia destinada a establecer el origen y la autenticidad de las grabaciones en el expediente principal, Spagnuolo «mal puede pretender ser tenido como ‘particular ofendido'». Farah, por su parte, señaló que la sola afirmación de haber sido víctima de espionaje no alcanza para reconocerle ese rol procesal y que el escrito de querella debería haber explicado, al menos como hipótesis, cómo los audios serían parte de maniobras ilegales y a manos de quién. Esa «falencia explicativa» fue el argumento decisivo para el rechazo.
La defensa de los Kovalivker, también sin éxito
El abogado Martín Magram, a cargo de la defensa de los hermanos Kovalivker, sostuvo que todo lo actuado en el expediente principal debía declararse nulo porque la investigación se montó sobre grabaciones adulteradas u obtenidas de manera ilícita. El planteo, rechazado en primera instancia, reunió la adhesión de otros imputados, pero tampoco tuvo éxito en la alzada.
Boico insistió en el argumento central: sin que se haya establecido aún si la voz que se escucha en las grabaciones difundidas por el canal de streaming Carnaval pertenece efectivamente a Spagnuolo, no resulta posible plantear con éxito una exclusión probatoria fundada en una captación ilícita no comprobada. Farah fue aun más explícito al señalar que ni el fiscal Franco Picardi ni el juez Ariel Lijo invocaron los audios como prueba de cargo en el expediente principal. «Oportunamente se verá qué valor probatorio tienen esos audios», escribió el camarista, dejando en claro que el debate sobre su validez está pendiente pero no pone en riesgo la investigación tal como está planteada hoy.
La pericia de Gendarmería, el nudo del asunto
El punto de inflexión de todo este capítulo procesal será la pericia que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional sobre las piezas de audio que dieron origen al escándalo. Una vez que ese peritaje concluya, ambas controversias pendientes, la del querellante y la de la nulidad, podrán retomarse con nuevos elementos. Por ahora, la Cámara dejó en claro que ninguna de las maniobras defensivas tiene sustento suficiente para frenar el avance de la investigación.
En paralelo, los mismos camaristas confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados, luego de que la investigación detectara pruebas de un aparente direccionamiento de licitaciones con simulación de competencia entre distintas empresas, que incluyó la manipulación del sistema informático del organismo. La ANDIS tiene bajo su órbita la gestión de medicamentos e insumos para personas con discapacidad, un universo presupuestario que, según la acusación, fue sistemáticamente vaciado a través de ese esquema.
Los audios, Karina Milei y el escándalo que no se apaga
El contenido de los audios atribuidos a Spagnuolo instaló en el centro del debate político a Karina Milei, hermana y secretaria general del presidente. Las grabaciones describirían un esquema donde la funcionaria participaría de los retornos sobre medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad. El gobierno de Milei nunca respondió sobre el fondo de esas acusaciones; prefirió instalar la hipótesis de que los audios fueron obtenidos de manera ilícita o adulterados, sin aportar prueba concreta de ninguna de las dos afirmaciones.
La estrategia, que ahora la Cámara rechazó en sus dos manifestaciones judiciales más directas, buscaba correrse del eje de la investigación para convertir a Spagnuolo en víctima de un complot y deslegitimar la evidencia antes de que sea evaluada. La resolución de Boico y Farah no habilitó ese camino. La causa sigue.
Lo que tenés que saber
- La Cámara Federal porteña rechazó el pedido de Diego Spagnuolo de ser querellante en la causa que investiga la filtración de los audios que se le atribuyen.
- También desestimó el planteo de nulidad de los hermanos Kovalivker, que alegaban que las grabaciones fueron adulteradas u obtenidas ilegalmente.
- Los camaristas Boico y Farah señalaron que los audios no fueron usados como prueba de cargo en el expediente principal.
- La pericia de Gendarmería Nacional sobre las grabaciones será determinante para resolver ambas controversias pendientes.
- La Cámara confirmó además los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 imputados por el presunto vaciamiento de la ANDIS mediante licitaciones direccionadas.
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