Judiciales ⚖️
Comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc insisten contra proyecto de litio en su territorio
Tras presentar recurso de amparo, asistieron hoy a una audiencia en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy, marco en el que reprocharon que el Gobierno local «no respeta los derechos de los pueblos indígenas».
Autoridades de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Jujuy insistieron hoy en su rechazo a la minería del litio en su territorio ante el avance de un llamado a licitación para la exploración y factibilización de un proyecto sobre unas 11 mil hectáreas en la zona.
Tras presentar recurso de amparo, asistieron hoy a una audiencia en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy, marco en el que reprocharon que el Gobierno local «no respeta los derechos de los pueblos indígenas» y llamaron a «defender los territorios contra la explotación minera».
«¿Dónde está la consulta, el respeto a nuestros derechos?. Somos muchas las comunidades que vivimos en la zona, que sepa el Gobierno que vamos a seguir resistiendo porque son nuestras tierras», manifestaron distintas autoridades de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en una conferencia de prensa.
Explicaron, en ese sentido, que hace más de 12 años vienen resistiendo en lucha contra la minería del litio en la zona, para preservar el lugar donde viven y los recursos naturales.
Al respecto, Alicia Chalabe, abogada ambientalista y una de las que acompaña a las comunidades, explicó que desde el 2009 se vienen pronunciando en contra de las explotaciones mineras y llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se respeten los derechos de consulta establecidos en el convenio 169 de la OIT.
No obstante, a principios de noviembre la empresa provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) anunció un llamado a licitación pública para la exploración geológica y factibilización del proyecto de recursos de litio dentro de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.
En ese marco, Chalabe criticó que Jujuy cuenta con un decreto que es el que se aplica para el procedimiento ambiental minero, que es «pobre y no contempla los derechos de las comunidades indígenas».
De la convocatoria de Jemse, precisó que abarca 11 mil hectáreas y que el valor del pliego ascendía a los 55 mil dólares, lo cual «ya dejaba fuera del alcance de las comunidades saber de qué se trata el proyecto».
Asimismo, remarcó que «lo más importante es que fuera de las actividades que se quieran desarrollar en el subsuelo, donde está el litio, en lo superficial los dueños de las tierras son las comunidades y por lo tanto no se puede hacer exploración ni ninguna convocatoria sin cumplir los derechos de las mismas», que rechazan la actividad.
Respecto a la audiencia, indicó que pudieron informarse que hay tres empresas que compraron los pliegos, para lo cual había plazo hasta el pasado 28 de noviembre.
En tanto, indicó que se llevaron planteo del Estado que avanzarán en contestar y dijo que continuarán con los amparos que hagan falta.
Finalmente, advirtió que desde Jemse se avanza con un «viejo modelo de dividir y acordar en forma individual con algunas comunidades» e incluso con comisión municipal de la zona.
«Debemos hacer funcionar los mecanismos institucionales de la democracia. Se tienen que representar los intereses de las personas que viven ahí», concluyó.
Judiciales ⚖️
Fallo histórico contra la ANSES: la Justicia ordenó reinstalar a un trabajador despedido por discriminación sindical
La Justicia laboral volvió a pronunciarse contra la ANSES por un despido de carácter discriminatorio y ordenó la reinstalación de un trabajador en su puesto, además del pago de los salarios que dejó de percibir.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró nulo el despido, dispuso la reincorporación del empleado y condenó al organismo previsional a pagar los salarios caídos. El tribunal también tomó como antecedente una sentencia de 2025 que reconoció una práctica desleal de la ANSES contra el sindicato SECASFPI.
La Justicia laboral volvió a pronunciarse contra la ANSES por un despido de carácter discriminatorio y ordenó la reinstalación de un trabajador en su puesto, además del pago de los salarios que dejó de percibir. El fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo representa un nuevo respaldo judicial al reclamo del Sindicato de las y los Trabajadores de la ANSES (SECASFPI), que denunció persecución política y sindical en el organismo.
La resolución declaró la nulidad del despido al considerar su carácter discriminatorio y dispuso que el trabajador sea reincorporado. Además, condenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social al pago de los salarios caídos.
El pronunciamiento también adquiere relevancia porque tomó como antecedente una sentencia obtenida por SECASFPI en mayo de 2025, que calificó como práctica desleal la conducta de la ANSES contra la organización sindical.
Un antecedente judicial contra la ANSES
Desde el inicio del conflicto por los despidos en el organismo previsional, SECASFPI impulsó medidas gremiales y acciones judiciales para denunciar lo que consideró una persecución contra trabajadores por sus posiciones políticas y su actividad sindical.
En ese contexto, el sindicato destacó que el nuevo fallo no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de reclamos sostenidos en defensa de los puestos de trabajo y de la libertad sindical.
El secretario general de SECASFPI, Carlos Ortega, calificó la resolución como un «fallo histórico» y sostuvo que la Cámara reconoció como válida la existencia de prácticas desleales del Estado contra la organización.
«Nuestra organización sindical no se quedó con los brazos cruzados. Fuimos el único sindicato que siguió defendiendo a los compañeros despedidos en 2023», afirmó.
La libertad sindical y los límites del Estado empleador
El fallo reafirma un principio central del derecho laboral: el Estado, incluso cuando actúa como empleador, debe respetar las garantías constitucionales y no puede utilizar sus facultades para vulnerar la libertad sindical ni discriminar a trabajadores por su actividad gremial o política.
Para SECASFPI, la decisión judicial excede la reincorporación de un trabajador y representa un reconocimiento a la lucha colectiva que la organización sostiene frente a los despidos.
Ortega remarcó que el resultado fue consecuencia de una estrategia gremial y judicial sostenida en el tiempo.
«Este resultado no es producto de la casualidad ni de una decisión aislada. Es el resultado de una organización sindical que decidió enfrentar los despidos, sostener sus reclamos ante la Justicia y defender los derechos de las y los trabajadores con convicción política, gremial y todas las herramientas jurídicas a su alcance», expresó.
Finalmente, el dirigente ratificó que el sindicato continuará con las acciones necesarias para defender los puestos de trabajo, la libertad sindical y las condiciones laborales de quienes integran la ANSES.
«Seguiremos dando cada una de las luchas necesarias para defender los puestos de trabajo, la libertad sindical y la dignidad de las y los trabajadores de la ANSES», concluyó.
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