Autoridades de comunidades indígenas de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc de Jujuy insistieron hoy en su rechazo a la minería del litio en su territorio ante el avance de un llamado a licitación para la exploración y factibilización de un proyecto sobre unas 11 mil hectáreas en la zona.

Tras presentar recurso de amparo, asistieron hoy a una audiencia en el Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Jujuy, marco en el que reprocharon que el Gobierno local «no respeta los derechos de los pueblos indígenas» y llamaron a «defender los territorios contra la explotación minera».

«¿Dónde está la consulta, el respeto a nuestros derechos?. Somos muchas las comunidades que vivimos en la zona, que sepa el Gobierno que vamos a seguir resistiendo porque son nuestras tierras», manifestaron distintas autoridades de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, en una conferencia de prensa.

Explicaron, en ese sentido, que hace más de 12 años vienen resistiendo en lucha contra la minería del litio en la zona, para preservar el lugar donde viven y los recursos naturales.

Al respecto, Alicia Chalabe, abogada ambientalista y una de las que acompaña a las comunidades, explicó que desde el 2009 se vienen pronunciando en contra de las explotaciones mineras y llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia pidiendo que se respeten los derechos de consulta establecidos en el convenio 169 de la OIT.

No obstante, a principios de noviembre la empresa provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) anunció un llamado a licitación pública para la exploración geológica y factibilización del proyecto de recursos de litio dentro de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

En ese marco, Chalabe criticó que Jujuy cuenta con un decreto que es el que se aplica para el procedimiento ambiental minero, que es «pobre y no contempla los derechos de las comunidades indígenas».

De la convocatoria de Jemse, precisó que abarca 11 mil hectáreas y que el valor del pliego ascendía a los 55 mil dólares, lo cual «ya dejaba fuera del alcance de las comunidades saber de qué se trata el proyecto».

Asimismo, remarcó que «lo más importante es que fuera de las actividades que se quieran desarrollar en el subsuelo, donde está el litio, en lo superficial los dueños de las tierras son las comunidades y por lo tanto no se puede hacer exploración ni ninguna convocatoria sin cumplir los derechos de las mismas», que rechazan la actividad.

Respecto a la audiencia, indicó que pudieron informarse que hay tres empresas que compraron los pliegos, para lo cual había plazo hasta el pasado 28 de noviembre.

En tanto, indicó que se llevaron planteo del Estado que avanzarán en contestar y dijo que continuarán con los amparos que hagan falta.

Finalmente, advirtió que desde Jemse se avanza con un «viejo modelo de dividir y acordar en forma individual con algunas comunidades» e incluso con comisión municipal de la zona.

«Debemos hacer funcionar los mecanismos institucionales de la democracia. Se tienen que representar los intereses de las personas que viven ahí», concluyó.