La Cámara Federal porteña ordenó hoy la liberación inmediata de los cuatro miembros de Revolución Federal detenidos en el marco de la causa en la que se los investiga por supuesta incitación a la violencia, informaron a fuentes judiciales.

Los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones sostuvieron que no hay elementos para sostener que la libertad de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile pueda poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados.

«Luego del estudio de las actuaciones podemos concluir que no existen riesgos procesales suficientes que nos permitan mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado», sostuvieron los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

A través de cuatro fallos, uno por cada uno de los imputados, los camaristas revocaron la decisión del juez federal que lleva la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, que había rechazado excarcelarlos por considerar que podían entorpecer el curso de la causa.

«En cuanto al posible entorpecimiento de la investigación, no coincidimos con el juez de grado, pues los elementos secuestrados ya se encuentran a disposición de las fuerzas encargadas de estudiarlos», sostuvieron los jueces del tribunal de apelaciones en el fallo con el . que dispusieron la excarcelación Morel.

Ese argumento se repitió en cada una de las resoluciones, a pesar de que todas tienen sus particularidades: en el caso de Basile, por ejemplo, los jueces sostuvieron que cuando se enteró que había una orden de detención con su nombre «compareció voluntariamente a la mesa de entradas del Juzgado, poniéndose a disposición de la justicia».

El vínculo de Revolución Federal con el atentado contra Cristina

Los camaristas aprovecharon la oportunidad de expedirse sobre la libertad de los cuatro imputados para volver a sentar posición sobre el hecho de que la causa en la que se investiga a Revolución Federal y aquella en la que se pesquisa el atentado fallido contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tramitan por separado.

«Resulta necesario aclarar que la vinculación entre las presentes actuaciones y la causa nro. 2998/2022 ya fue rechazada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado del Fuero N° 5 y por la presidencia de esta Cámara y no se verifica – de momento- la existencia de elementos objetivos que nos permitan conectar ambas investigaciones, sin perjuicio de lo que pueda surgir con el avance de la investigación», sostuvieron.

Los cuatro miembros de Revolución Federal están detenidos desde el 20 de octubre por orden del juez Martínez de Giorgi, a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, y ahora deberán ser liberados por decisión de la Cámara Federal.

«Sin embargo, creemos necesaria la aplicación de alguna medida que asegure su sujeción al proceso, debiendo el a quo (el juez) seleccionar aquellas restricciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en la normativa procesal vigente, siempre procurando que su imposición no torne ilusorio el derecho concedido», sostuvieron los camaristas.

Las medidas que disponga el juez para garantizar la sujeción de los imputados al proceso podrían ir desde una orden de comparecer al tribunal con cierta periodicidad o la retención de sus pasaportes, entre otras, hasta la colocación de una tobillera electrónica con GPS.

Para los investigadores, las consignas y manifestaciones violentas protagonizadas por Revolución Federal desde mayo de este año pudieron haber funcionado como «caldo de cultivo, como el discurso de odio que desencadenó» el intento de asesinato de la Vicepresidenta, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.

La fiscalía que investiga a los cuatro miembros de la agrupación Revolución Federal consideró que se montó un «esquema delictivo» para «imponer» ideas y «combatir las ajenas por la fuerza y el temor» y que eso sembró en la sociedad la escalada de «violencia y odio» cuyo «acto más trascendente» resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta.

«Se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidenta de la Nación» cometido el 1 de septiembre último, sostuvo en su dictamen sobre el accionar de Revolución Federal, el fiscal Pollicita.

Esta mañana, Morel y Basile rechazaron cualquier tipo de vínculo con el intento de homicidio contra Fernández de Kirchner al pedir la excarcelación.

Las defensas de ambos expusieron en audiencias ante la Cámara Federal porteña, en tanto que Sosa y Guerra presentaron escritos en los cuales también pidieron quedar libres.

Por su parte, la querella de la Vicepresidenta también se presentó por escrito para reclamar que se rechace excarcelar a los cuatro referentes de Revolución Federal.

Mientras se realizaban las audiencias en el Tribunal de Apelaciones, Sosa y Guerra ampliaron desde la cárcel sus declaraciones indagatorias y negaron las acusaciones en su contra.

Ante la Cámara Federal, la única imputada que se conectó a la audiencia hecha por videoconferencia fue Basile, desde el penal donde estaba detenida.

«Justamente una de las banderas por las cuales me manifiesto en las calles es la igualdad ante la Ley y me parece que en este país tenemos que empezar a ser coherentes con lo que pregonamos. Aquí estoy, subordinada a derecho y comprometida a seguirlo según la ley», indicó la hija del entrenador de fútbol Alfio Basile.

Los jueces Llorens, Bruglia y Bertuzzi realizaron por la mañana dos audiencias separadas a través de la plataforma Zoom de manera previa a analizar las excarcelaciones que luego concedieron.

En la primera de ellas escucharon a la defensa de Morel, quien optó por no conectarse. Los abogados sostuvieron que se pretende vincularlo con el intento de homicidio para que «permanezca en prisión».

Su abogada, Amina Chale, argumentó que Morel se manifestó en el marco de la «libertad de expresión» y que «todos los días hay gente frente a la Casa Rosada con intención de manifestarse».

«Se quiere disfrazar un tipo penal con otro más grave, como el intento de homicidio de la Vicepresidenta, para que mi asistido permanezca en prisión», afirmó la defensora. Y aseguró que no había riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Remarcó que «insisten en vincularlo con la causa por el atentado, pero la jueza de esa causa (María Eugenia Capuchetti) lo rechazó por no tener elementos probatorios de vinculación».

«Las supuestas conversaciones, frases, que se le atribuyen a mi cliente no serían ningún delito. El pensó que las manifestaciones públicas en las que participaba no tenían otra finalidad que el ejercicio de la libertad de expresión», agregó. Y consideró la detención «arbitraria y violatoria» de principios constitucionales.

El abogado de Basile, Martín Sarubi, dijo que su clienta «se presentó espontáneamente en el juzgado a sabiendas de que quedaría detenida y eso demuestra absoluta sujeción y respecto por el proceso».

Sarubi remarcó que no hay riesgo de entorpecimiento de la investigación y argumentó que «no existe absolutamente ningún elemento concreto que relacione el objeto procesal de estas actuaciones con los hechos que se investigan en el marco de esa otra causa, a pesar de los esfuerzos realizados por el fiscal y el magistrado. La falta de conexidad es absoluta».

Basile tiene domicilio certificado, entorno familiar compuesto por su padre «que sabemos es persona de vida pública» y sus hermanos, es psicóloga y profesora de yoga, enumeró el abogado. Remarcó que es «quien más ayuda» al ex DT de la Selección en su «vida diaria» y que el día que quedó presa, apenas allanaron la casa de su padre, se enteró y a las pocas horas se presentó en Comodoro Py.