Un 1,90 por ciento. Ese es el aumento que el Gobierno reconoció para octubre a los prestadores que atienden a personas con discapacidad, exactamente lo que subieron los precios en septiembre y ni un peso más para recuperar lo perdido.

La actualización quedó oficializada este jueves en el Boletín Oficial mediante la Resolución 1/2026 de la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos de la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud, firmada por su titular, Gianfranco Scigliano. Alcanza a todos los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, creado por la Ley 24.901.

Qué dice la resolución

«Establécese una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de octubre del año en curso, consistente en un incremento del UNO CON NOVENTA POR CIENTO (1,90 %), sin diferencia por tipo de prestación», establece el artículo primero.

El porcentaje fue calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor de septiembre, respecto de los valores aprobados por la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Esa norma, del 16 de septiembre, había fijado un aumento del 1,70 por ciento para septiembre, en línea con la inflación de agosto. La resolución también ratifica un adicional del 20 por ciento sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

Una actualización que sale de la ley de emergencia

El ajuste mensual por inflación no es una concesión del Gobierno. La propia resolución cita entre sus fundamentos la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que el Congreso sancionó, que Milei vetó y que ambas cámaras ratificaron por dos tercios: Diputados el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre de 2025. El Decreto 681/2025 la promulgó con su ejecución suspendida. Su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Lo que el Ejecutivo presenta como un aumento es, en los hechos, la aplicación de una ley que el propio Milei había vetado y que el Congreso sostuvo.

La indexación mensual acompaña la inflación del mes anterior, pero no devuelve por sí sola lo que los aranceles perdieron en los primeros años de la gestión. Para eso, la misma ley previó una compensación de emergencia, que el Decreto 84/2026 reglamentó: los prestadores debían pedirla por declaración jurada, con lo facturado entre el 1 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, en un plazo de 60 días corridos desde el 20 de febrero.

El mismo día, en el Congreso

La resolución se publicó el mismo jueves en que la oposición intenta abrir una sesión especial en Diputados que incluye la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta 2027, junto al rechazo del DNU 70/23. El oficialismo, por su parte, convocó su propia sesión para el 21 de octubre con el tema en el temario.

El área atraviesa además una crisis de conducción: como informó este diario, Discapacidad ya tuvo tres titulares en tres semanas, mientras el Presupuesto 2027 recorta pensiones y el oficialismo insiste con su ofensiva contra las pensiones a las que califica de irregulares. Este diario también publicó que el costo de la ley de emergencia equivale a apenas el 0,07 por ciento del PBI.

Para las familias y los prestadores, la discusión no es por décimas: es por la continuidad de terapias, transporte y centros de día que dependen de estos aranceles.

Lo que tenés que saber:

• La Resolución 1/2026 del Ministerio de Salud fijó un aumento del 1,90% en los aranceles de prestaciones por discapacidad para octubre.
• El porcentaje replica la inflación de septiembre y se aplica sin distinción por tipo de prestación.
• En septiembre la actualización había sido del 1,70%, según la Resolución 3487/2026.
• Se mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable en las provincias patagónicas.
• La oposición busca este jueves prorrogar hasta 2027 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, vigente hasta fin de 2026.