Siete años de investigación y tres instancias judiciales después, el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario Internacional está en el centro de una disputa judicial que podría sentar a dos ministros del actual gobierno ante un juicio penal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal tiene en sus manos la decisión de reabrir la investigación sobre el crédito de USD 57.100 millones que el gobierno de Mauricio Macri tomó del FMI en 2018, el mayor de la historia del organismo. El fiscal general Raúl Omar Plée solicitó una prórroga de cinco días hábiles para examinar el expediente y definir si mantiene la impugnación al archivo.

La causa, caratulada «Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» (expediente N° 3561/2019), tramitó originalmente ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Involucra al expresidente Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, al actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al exjefe de Gabinete Marcos Peña. El fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, apeló el archivo ante Casación, donde la queja quedó radicada en la Sala IV, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

El recorrido judicial de un expediente incómodo

La causa nació en 2019 a partir de denuncias sobre las condiciones del acuerdo firmado con el FMI en 2018, que comprometió a la Argentina a una serie de metas fiscales que derivaron en el colapso cambiario y el posterior pedido de renegociación durante el gobierno de Alberto Fernández. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), en un informe clave solicitado durante la gestión anterior, estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones y concluyó que el acuerdo no había cumplido con los procedimientos esenciales establecidos por la normativa vigente. El organismo también detectó posibles incumplimientos en lo referido al destino de los fondos desembolsados por el FMI.

Durante el gobierno de Alberto Fernández, la Procuración del Tesoro se constituyó como querellante en representación del Estado, con el objetivo de impulsar la investigación. Ese rol se evaporó apenas llegó Javier Milei a la Casa Rosada: mediante el Decreto N° 87/2026, publicado en el Boletín Oficial horas antes del vencimiento del plazo de apelación, el Ejecutivo ordenó a la Procuración del Tesoro cesar su intervención como querellante. El decreto se formalizó tras el archivo dispuesto por la jueza Capuchetti, que consideró el acuerdo con el FMI como una «decisión política no judicializable».

La fiscalía que sostiene la acusación

Frente al retiro del Estado como querellante, la fiscalía quedó como único sostén de la acusación. El fiscal de primera instancia Franco Picardi fue el primero en apelar el archivo de la jueza Capuchetti, sosteniendo que la causa estaba en condiciones de avanzar hacia la citación a indagatoria de los imputados. Luego, el fiscal de Cámara Agüero Iturbe ratificó esa impugnación con un dictamen propio. En su recurso ante Casación, Agüero Iturbe planteó que lo que se busca establecer es si, fruto de un conjunto de decisiones que comenzaron con la suscripción de la primera carta de intención con el FMI, «a sabiendas, se habría iniciado un ciclo de endeudamiento destinado primordialmente a obtener divisas para su posterior fuga, en perjuicio de las arcas públicas».

La Sala I de la Cámara Federal, con los votos de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo en septiembre de 2026. Bertuzzi y Llorens, ampliamente cuestionados por su participación en causas vinculadas al lawfare, ratificaron el criterio de Capuchetti. Fue entonces cuando Agüero Iturbe presentó la queja ante la Sala IV de Casación, la instancia que ahora debe resolver si la investigación sigue viva o muere definitivamente.

La tensión política detrás del expediente

La causa tiene un peso político descomunal en el contexto actual: Luis Caputo, que fue secretario de Finanzas y luego presidente del Banco Central durante la gestión de Cambiemos, hoy conduce el Ministerio de Economía del gobierno de Milei. Federico Sturzenegger, ex titular del BCRA durante la misma época bajo investigación, ocupa el Ministerio de Desregulación. La reapertura de la causa implicaría someter a dos ministros en ejercicio a una investigación penal activa, en un año preelectoral y mientras el mismo gobierno negoció un nuevo acuerdo con el FMI por USD 20.000 millones en abril de 2025.

No es un dato menor que el gobierno de Milei haya retirado al Estado como querellante antes de que venciera el plazo para apelar el primer archivo, ni que ese retiro haya coincidido con la llegada de una misión técnica del FMI a Buenos Aires para avanzar en la segunda revisión del programa vigente. La decisión de la Sala IV de Casación, cualquiera sea, tendrá impacto político directo en la dinámica judicial de 2026 y en el escenario electoral que se aproxima. Fuentes judiciales consultadas por este medio señalaron que el tribunal tiene un plazo razonable para resolver la admisibilidad del recurso una vez vencida la prórroga solicitada por el fiscal Plée.

Lo que tenés que saber:

• La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal analiza si reabre la causa penal por el préstamo de USD 57.100 millones que Macri tomó del FMI en 2018, el mayor crédito de la historia del organismo.
• La causa involucra al expresidente Macri, al actual ministro de Economía Luis Caputo, al actual ministro Federico Sturzenegger y al exministro Nicolás Dujovne, entre otros.
• El fiscal José Luis Agüero Iturbe apeló el archivo de la Sala I (Llorens y Bertuzzi) argumentando un posible ciclo de endeudamiento destinado a la fuga de divisas en perjuicio del Estado.
• El gobierno de Milei retiró a la Procuración del Tesoro como querellante mediante el Decreto N° 87/2026, publicado horas antes del vencimiento del plazo de apelación del primer archivo.
• La SIGEN estimó un perjuicio patrimonial para el Estado de USD 29.618 millones y concluyó que el acuerdo con el FMI no cumplió los procedimientos legales vigentes.