El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.

Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.

Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática

El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:

• Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
• Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
• Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.

El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.

Pensiones más bajas y sin adicionales

La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:

• Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
• Se eliminan plus por zona desfavorable.
• Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.

Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.

Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.

• Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
• Se eliminan programas de inclusión laboral.
• Se desincentiva la contratación en empresas.

El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.

Desregulación y supuesto fin de la emergencia

El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.

• Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
• Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
• Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.

La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.

Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.

El ajuste de Milei

Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.

En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.