Gremiales
Gremios alertan con denuncias penales por el traspaso forzado a las prepagas
Hay 6 millones de personas afectadas. El Gobierno avanza con la resolución que obliga el cambio a medicina prepaga, y los gremios denuncian privatización de la salud.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Javier Milei implementará el traspaso obligatorio de 6 millones de personas a las prepagas desde el 1 de febrero.
- Los gremios denuncian que esta medida representa una privatización de la salud pública.
- La resolución afectará a 1,5 millones de personas inicialmente, con el objetivo de extenderla a todas las obras sociales.
- Los gremios preparan denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.
- Las obras sociales perderán los aportes correspondientes, lo que podría llevarlas a la quiebra.
Tensión por la resolución del Gobierno
A partir del 1 de febrero, la resolución del Gobierno de Javier Milei comenzará a implementarse, obligando el traspaso de seis millones de personas del sistema de obras sociales a las empresas de medicina prepaga. La medida generó un fuerte rechazo de los gremios, que denuncian lo que consideran una privatización de la salud.
‼ OJO AL PIOJO: quienes antes derivaban aportes de obra social sindical a una prepaga y ahora aporten directamente a la prepaga, pagarían el 10,5% de IVA antes exento. EMHO.
— Blog del Contador (@BlogDelContador) January 31, 2025
👉Para evitar esto, la opción es permanecer en la obra social sindical que intermediaba con la prepaga. https://t.co/ZvmJmQVQz3 pic.twitter.com/IPpF4jwZ73
El conflicto se intensificó tras la firma de la resolución, que fue criticada por varios funcionarios, incluyendo al ministro de Salud, Mario Lugones, quien se negó a firmarla por temor a las repercusiones legales. También Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, expresó su preocupación sobre posibles conflictos de interés, dado su vínculo con la prepaga Osde.
Implicancias económicas para las obras sociales
A partir de la implementación de la resolución, las obras sociales perderán una parte significativa de los aportes, incluyendo los correspondientes al mes de enero, que deberían haberse destinado a cubrir los costos de tratamientos y medicamentos para los afiliados. Este cambio podría dejar a las obras sociales en una situación financiera crítica, comprometiendo su capacidad para continuar con los servicios que prestan.
Si tenés prepaga a través de una Obra Social, el gobierno te da la baja y te aumenta el impuesto a 10,5% pic.twitter.com/WRa0inbuWJ
— Hagov Central Bank of Central Banks 🏦 (@HagovBIS) January 31, 2025
A pesar de que muchas obras sociales ya han pagado por tratamientos hasta 90 días por adelantado, a partir de ahora no recibirán los ingresos correspondientes a los aportes, lo que podría llevarlas a la quiebra. Los gremios han anticipado que, en respuesta, comenzarán a presentar denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.
Repercusiones en el sector de la salud
El traspaso compulsivo de afiliados a las prepagas es visto por los gremios como un ataque directo a la seguridad social y a la autonomía de las obras sociales, que durante años han brindado cobertura sanitaria a millones de personas. La medida también ha generado preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en el país, ya que se teme que los costos para los usuarios aumenten y que la calidad de los servicios se vea afectada por la privatización del sistema.
Gremiales
El Consejo del Salario fracasó: la CGT pidió $911.000, empresarios ofrecieron $400.000 y decide el Gobierno
La CGT reclamó un piso de $911.000 y los empresarios ofrecieron apenas $400.000, frente a un SMVM actual de $376.600. Ante el fracaso de la negociación, la Secretaría de Trabajo tomará la decisión unilateralmente. El secretario de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que el organismo es «una puesta en escena» y que el salario mínimo quedó en niveles de indigencia.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil sesionó este viernes sin llegar a un acuerdo para fijar el nuevo monto del salario mínimo, y la definición quedará en manos del Gobierno nacional, que lo establecerá por resolución propia. La brecha entre las posiciones de trabajadores y empleadores resultó tan pronunciada que no hubo margen para ningún punto de encuentro: los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA reclamaron un piso de $911.000, mientras que los representantes empresariales ofrecieron $400.000, poco más del doble del valor vigente.
El Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se encuentra actualmente en $376.600, cifra que resulta del cronograma de ajustes fijado en la reunión del organismo de noviembre de 2025. Ese valor funciona como referencia no solo para determinar una remuneración básica, sino también para el cálculo de una serie de programas sociales, prestaciones y subsidios, lo que convierte a la discusión en un asunto que excede el ámbito estrictamente salarial.
La intención del Gobierno: salarios de bolsillo cerca de $800.000
Detrás de la reunión virtual de este viernes flotaba una señal que la Secretaría de Trabajo hizo trascender en las horas previas: el Gobierno nacional busca que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que equivaldría a un bruto de aproximadamente $1.100.000. Ese objetivo, sin embargo, no formó parte de la agenda formal del encuentro y quedó como un telón de fondo no discutido durante la jornada.
El encuentro se realizó de manera virtual, a través de Zoom, pese al reclamo expreso de la CGT de la semana pasada para retornar a la presencialidad. El Gobierno rechazó ese pedido, sosteniendo el formato remoto que viene utilizando en el último período. La decisión fue leída por los sectores sindicales como una señal más de la desjerarquización del espacio de negociación.
Por el sector empleador participaron Juan José Etala, José Luis Zapata y Horacio Martínez, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), junto a Ricardo Diab y Juan Massi, de la Cámara Argentina de Comercio (CAC). Por los trabajadores, estuvieron Jorge Solá, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello y Luna Villar por la CGT, y Claudio Mani, Hugo Yasky, Hugo Godoy y Ricardo Peidro por las dos CTA. Todos los sectores contaron con sus asesores técnicos durante la sesión.
Aguiar: «El Consejo del Salario es inservible»
La voz más dura tras el cierre de la sesión fue la del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien no escatimó adjetivos para describir el estado del organismo. Según el dirigente, los representantes empresariales propusieron un aumento de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% mensual de ahí hasta abril, una suba que calificó de burla frente al costo de vida.
«Este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio», sostuvo Aguiar en un comunicado. El dirigente estatal apuntó directamente contra la naturaleza del espacio: «El Consejo del Salario debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias. Joden y dejan desprotegidos al 40% de los trabajadores. El SMVM sigue siendo de indigencia. No es vital porque no alcanza para vivir, tampoco es móvil porque se ubica por debajo de la inflación.»
Aguiar fue aún más contundente al referirse al funcionamiento estructural del organismo: «El Consejo del Salario es inservible, es una puesta en escena. Hace más de dos años que no hay acuerdos y se termina resolviendo por una resolución del Gobierno. Ha sido copado por los grandes empresarios y se reúne solo para convalidar lo que ellos resolvieron previamente con el Gobierno», afirmó. Y cerró con una advertencia: «Si seguimos así, el Consejo va a existir pero los salarios van a desaparecer.»
Un organismo sin acuerdos hace más de dos años
La situación de este viernes no es una anomalía coyuntural sino la regla que se consolidó durante la gestión de Javier Milei. El Consejo del Salario no logra un acuerdo genuino entre partes hace más de dos años, y en cada oportunidad la brecha entre las posiciones sindicales y empresariales deriva en una definición unilateral del Ejecutivo. Ese patrón repetido convierte al organismo, creado para garantizar que el piso salarial se fije mediante el diálogo tripartito, en un trámite formal sin incidencia real sobre el resultado.
El SMVM vigente de $376.600 se obtiene tras una serie de actualizaciones que, en términos reales, no han logrado recuperar el poder adquisitivo perdido desde el inicio del programa de ajuste. La diferencia entre los $911.000 que reclamaron los sindicatos, los $400.000 que ofrecieron los empresarios y los $376.600 actuales resume con precisión la disputa: quién absorbe el costo de la estabilización y en qué medida los trabajadores de menores ingresos son forzados a financiarla con su capacidad de consumo.
Puntos clave
- El SMVM vigente es de $376.600, fijado por el cronograma acordado en noviembre de 2025.
- La CGT reclamó $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000, sin punto de encuentro posible.
- El Gobierno definirá el nuevo monto por resolución propia, reiterando el patrón de los últimos dos años.
- Rodolfo Aguiar (ATE) calificó al organismo de «inservible» y denunció que los empresarios propusieron aumentos de apenas 1,8% mensual.
- La Secretaría de Trabajo hizo trascender que el Gobierno busca salarios de bolsillo cercanos a $800.000, equivalentes a un bruto de $1.100.000.
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