Gremiales
Gremios alertan con denuncias penales por el traspaso forzado a las prepagas
Hay 6 millones de personas afectadas. El Gobierno avanza con la resolución que obliga el cambio a medicina prepaga, y los gremios denuncian privatización de la salud.
Lo que tenés que saber
- El Gobierno de Javier Milei implementará el traspaso obligatorio de 6 millones de personas a las prepagas desde el 1 de febrero.
- Los gremios denuncian que esta medida representa una privatización de la salud pública.
- La resolución afectará a 1,5 millones de personas inicialmente, con el objetivo de extenderla a todas las obras sociales.
- Los gremios preparan denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.
- Las obras sociales perderán los aportes correspondientes, lo que podría llevarlas a la quiebra.
Tensión por la resolución del Gobierno
A partir del 1 de febrero, la resolución del Gobierno de Javier Milei comenzará a implementarse, obligando el traspaso de seis millones de personas del sistema de obras sociales a las empresas de medicina prepaga. La medida generó un fuerte rechazo de los gremios, que denuncian lo que consideran una privatización de la salud.
‼ OJO AL PIOJO: quienes antes derivaban aportes de obra social sindical a una prepaga y ahora aporten directamente a la prepaga, pagarían el 10,5% de IVA antes exento. EMHO.
— Blog del Contador (@BlogDelContador) January 31, 2025
👉Para evitar esto, la opción es permanecer en la obra social sindical que intermediaba con la prepaga. https://t.co/ZvmJmQVQz3 pic.twitter.com/IPpF4jwZ73
El conflicto se intensificó tras la firma de la resolución, que fue criticada por varios funcionarios, incluyendo al ministro de Salud, Mario Lugones, quien se negó a firmarla por temor a las repercusiones legales. También Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, expresó su preocupación sobre posibles conflictos de interés, dado su vínculo con la prepaga Osde.
Implicancias económicas para las obras sociales
A partir de la implementación de la resolución, las obras sociales perderán una parte significativa de los aportes, incluyendo los correspondientes al mes de enero, que deberían haberse destinado a cubrir los costos de tratamientos y medicamentos para los afiliados. Este cambio podría dejar a las obras sociales en una situación financiera crítica, comprometiendo su capacidad para continuar con los servicios que prestan.
Si tenés prepaga a través de una Obra Social, el gobierno te da la baja y te aumenta el impuesto a 10,5% pic.twitter.com/WRa0inbuWJ
— Hagov Central Bank of Central Banks 🏦 (@HagovBIS) January 31, 2025
A pesar de que muchas obras sociales ya han pagado por tratamientos hasta 90 días por adelantado, a partir de ahora no recibirán los ingresos correspondientes a los aportes, lo que podría llevarlas a la quiebra. Los gremios han anticipado que, en respuesta, comenzarán a presentar denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.
Repercusiones en el sector de la salud
El traspaso compulsivo de afiliados a las prepagas es visto por los gremios como un ataque directo a la seguridad social y a la autonomía de las obras sociales, que durante años han brindado cobertura sanitaria a millones de personas. La medida también ha generado preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en el país, ya que se teme que los costos para los usuarios aumenten y que la calidad de los servicios se vea afectada por la privatización del sistema.
CABA
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”: CGT y CTA salieron a bancar a los metrodelegados
Las centrales obreras, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos y gremios como ATE repudiaron la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia. Coincidieron en que el Gobierno porteño de Jorge Macri responde con policía y fiscales a un reclamo laboral, y en que criminalizar la protesta vulnera la libertad sindical.
“Basta de trabajadores detenidos por protestar”. Con ese reclamo, la CGT salió a plantarse frente a una detención que el movimiento obrero y los organismos de derechos humanos leen como un avance directo sobre la libertad sindical, y exigió la liberación inmediata de dos delegados del subte porteño.
Los detenidos son Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), arrestados por la Policía de la Ciudad durante una medida de protesta sindical. La central obrera señaló a la fiscal Celsa Ramírez como quien instrumentó las detenciones y las calificó como “arbitrarias e injustificadas”.
El repudio de la CGT y las CTA
En su comunicado, la CGT sostuvo que “detener a delegados por ejercer la representación de sus compañeras y compañeros es criminalizar la protesta y perseguir la acción sindical”. Agregó que se trata de un hecho de “extrema gravedad” que “no puede naturalizarse en una democracia”.
La central recordó que el reclamo de los trabajadores del subte apunta a la presencia de empresas tercerizadas que realizan tareas que les corresponden y a una sanción que consideran injusta contra un compañero. “Son reclamos legítimos de la clase trabajadora”, afirmó, y responsabilizó a la empresa y al Gobierno de la Ciudad por la escalada del conflicto. También señaló que la libertad sindical está garantizada por la Constitución Nacional y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma emitieron comunicados propios y exigieron la liberación de los delegados. La CTA Autónoma denunció “el ejercicio de la criminalización de la protesta social por parte de las fuerzas policiales de Jorge Macri”, mientras que la CTA de los Trabajadores sostuvo que “la persecución y la represión a quienes defienden la dignidad laboral no son el camino para la resolución de los conflictos gremiales”.
Derechos humanos y estatales se suman al reclamo
La Mesa de Organismos de Derechos Humanos, integrada, entre otras entidades, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, expresó su “total repudio”. Denunció un hecho “ilegal y arbitrario” y advirtió que “la protesta es un derecho humano reconocido constitucionalmente que debe ser respetado sin condicionamientos ni exclusiones de ningún tipo”.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la detención como ilegal y dijo que los delegados fueron arrestados “en medio de una protesta pacífica”. Sostuvo que se vulnera el derecho constitucional a la huelga y cerró con una consigna: “Luchar no es delito”. También se pronunciaron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CELS e H.I.J.O.S. Capital.
Un Gobierno porteño que responde con el Código Penal
Las detenciones fueron respaldadas por el propio jefe de Gobierno porteño. Jorge Macri sostuvo este martes que “el que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas” y habló de “extorsiones mafiosas”, mientras el servicio de subte y Premetro permanecía paralizado. El mensaje convirtió un conflicto laboral en un asunto de “ley y orden”, sin una sola referencia al reclamo de fondo.
No es la primera vez. En junio de 2024, tras un paro escalonado motivado por la suspensión de Dellecarbonara por parte de Emova, el Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a la AGTSyP y Macri habló de “toma de rehenes”. La receta se repite: ante el conflicto gremial, denuncia penal y policía antes que negociación.
Según trascendió, el delegado Néstor Segovia fue notificado de la formación de una causa por resistencia a la autoridad y quedó en libertad. Los demás detenidos, acusados de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del trabajo policial, esperaban en el Centro de Alojamiento de Detenidos de Chacarita lo que dispusiera la Fiscalía, y debían enfrentar la audiencia de intimación de los hechos el miércoles 21 de octubre.
Lo que tenés que saber:
- La CGT repudió la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y exigió su liberación inmediata.
- La CGT señaló a la fiscal Celsa Ramírez como instrumentadora de los arrestos.
- La CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, ATE, el CELS, H.I.J.O.S. Capital y la Mesa de Organismos de Derechos Humanos se sumaron al repudio.
- Jorge Macri respaldó las detenciones: “El que bloquea un servicio esencial va preso. Sin vueltas”.
- Según trascendió, Segovia fue liberado y los demás detenidos debían enfrentar una audiencia de intimación el miércoles 21 de octubre.
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