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Gremios alertan con denuncias penales por el traspaso forzado a las prepagas

Hay 6 millones de personas afectadas. El Gobierno avanza con la resolución que obliga el cambio a medicina prepaga, y los gremios denuncian privatización de la salud.

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Lo que tenés que saber

  • El Gobierno de Javier Milei implementará el traspaso obligatorio de 6 millones de personas a las prepagas desde el 1 de febrero.
  • Los gremios denuncian que esta medida representa una privatización de la salud pública.
  • La resolución afectará a 1,5 millones de personas inicialmente, con el objetivo de extenderla a todas las obras sociales.
  • Los gremios preparan denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.
  • Las obras sociales perderán los aportes correspondientes, lo que podría llevarlas a la quiebra.

Tensión por la resolución del Gobierno

A partir del 1 de febrero, la resolución del Gobierno de Javier Milei comenzará a implementarse, obligando el traspaso de seis millones de personas del sistema de obras sociales a las empresas de medicina prepaga. La medida generó un fuerte rechazo de los gremios, que denuncian lo que consideran una privatización de la salud.

El conflicto se intensificó tras la firma de la resolución, que fue criticada por varios funcionarios, incluyendo al ministro de Salud, Mario Lugones, quien se negó a firmarla por temor a las repercusiones legales. También Gabriel Oriolo, superintendente de Servicios de Salud, expresó su preocupación sobre posibles conflictos de interés, dado su vínculo con la prepaga Osde.

Implicancias económicas para las obras sociales

A partir de la implementación de la resolución, las obras sociales perderán una parte significativa de los aportes, incluyendo los correspondientes al mes de enero, que deberían haberse destinado a cubrir los costos de tratamientos y medicamentos para los afiliados. Este cambio podría dejar a las obras sociales en una situación financiera crítica, comprometiendo su capacidad para continuar con los servicios que prestan.

A pesar de que muchas obras sociales ya han pagado por tratamientos hasta 90 días por adelantado, a partir de ahora no recibirán los ingresos correspondientes a los aportes, lo que podría llevarlas a la quiebra. Los gremios han anticipado que, en respuesta, comenzarán a presentar denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación.

Repercusiones en el sector de la salud

El traspaso compulsivo de afiliados a las prepagas es visto por los gremios como un ataque directo a la seguridad social y a la autonomía de las obras sociales, que durante años han brindado cobertura sanitaria a millones de personas. La medida también ha generado preocupaciones sobre el futuro de la atención médica en el país, ya que se teme que los costos para los usuarios aumenten y que la calidad de los servicios se vea afectada por la privatización del sistema.

Gremiales

Paro de subtes: el gremio rechazó la intimación de la Ciudad a garantizar el 50% del servicio

La medida comenzó el jueves a las 21 en todas las líneas y el Premetro y terminó con el cierre del servicio. Los metrodelegados la ratificaron como total por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto.

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El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 de noviembre a las 21 y se extendió hasta el cierre del servicio, pese a la intimación del Gobierno porteño a garantizar la mitad de las prestaciones. Los metrodelegados ratificaron que la medida era total en las seis líneas, A, B, C, D, E y H, y en el Premetro.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y el Premetro (AGTSyP) convocó al paro por la muerte de un exoperario del taller Rancagua de la Línea B que, según el sindicato, estuvo expuesto al asbesto durante tres décadas. Emova, la concesionaria, informó que el trabajador, Oscar Pauer, se jubiló en agosto de 2024. El gremio la cuenta como la séptima muerte de un trabajador vinculada con el asbesto en la red y reclama que la vigilancia médica se extienda a los jubilados.

La intimación de la Ciudad

La Secretaría de Trabajo y Empleo porteña dictó la Resolución 1353/2026, en el marco del artículo 3 del Decreto 230/26, para intimar a los trabajadores, a los gremios, a Emova y a Subterráneos de Buenos Aires a garantizar “una cobertura mínima del 50 por ciento”. También convocó a una instancia urgente para procurar el cumplimiento de los servicios mínimos y “encauzar institucionalmente el conflicto”.

“Es un derecho constitucional, esa intimación está fuera de toda lógica”, respondió Claudio Della Carbonara, dirigente de AGTSyP. Emova informó que adoptaría las medidas operativas y técnicas para cumplir lo dispuesto y notificó a los trabajadores que debían prestar servicio para asegurar la continuidad.

El decreto que fija el piso del 50%

El Decreto 230/26 lo firmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el 22 de junio de 2026. Establece que, ante huelgas o reclamos colectivos, el Subte y el Premetro deben mantener una cobertura mínima del 50% en cada línea. Es el mismo marco que la Ciudad invocó el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que Macri respaldó públicamente.

Cómo terminó

El paro concluyó con el cierre del servicio del jueves. Según se informó, el servicio se reanudaría el viernes 13 en el horario habitual, salvo que se anunciaran nuevas medidas de fuerza. Hasta el último reporte disponible no se informaron sanciones ni nuevas medidas.

La Ciudad impuso por decreto un piso de servicio durante las huelgas y el gremio sostiene que ese piso vulnera un derecho constitucional. Emova y el Gobierno porteño sostienen, por su parte, que hay un plan de desasbestizado en marcha y que las más de 5.000 mediciones de calidad del aire arrojaron resultados adecuados.

Lo que tenés que saber:

  • El paro de subtes y Premetro comenzó el jueves 12 a las 21 y terminó con el cierre del servicio.
  • La AGTSyP lo convocó por la muerte de un exoperario expuesto al asbesto, la séptima que el gremio vincula con ese material.
  • La Ciudad intimó a garantizar el 50% del servicio con la Resolución 1353/2026, en el marco del Decreto 230/26.
  • Los metrodelegados rechazaron la intimación y ratificaron que el paro era total.
  • Emova notificó a los trabajadores que debían prestar servicio y sostiene que las mediciones de aire son adecuadas.
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