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Así es como Milei habilitó detenciones y espionaje sin orden judicial por DNU
Organismos de derechos humanos denuncian riesgos constitucionales y vigilancia masiva.
Lo que tenés que saber
- El decreto autoriza detenciones y requisas sin orden judicial en ciertas condiciones.
- La Policía Federal enfocará su labor en investigaciones criminales complejas.
- Se creará un Departamento Federal de Investigaciones inspirado en el FBI.
- El Gobierno justifica las medidas en modelos de seguridad de EE.UU. e Israel.
- Organismos de derechos humanos denuncian riesgos constitucionales y vigilancia masiva.
Milei reforma la Policía Federal: nuevo enfoque y atribuciones sin aval judicial
El presidente Javier Milei anunció una transformación estructural de la Policía Federal Argentina (PFA), firmada mediante decreto. La medida confiere nuevas facultades a la fuerza, incluyendo la posibilidad de detener personas y realizar tareas de inteligencia sin requerimiento judicial. “Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina (PFA) y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, declaró el mandatario.
La reforma busca modelar la nueva estructura según organismos como el FBI y fuerzas de seguridad israelíes. En palabras de Milei: “Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”.
Creación del Departamento Federal de Investigaciones
Como parte del rediseño, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que será el brazo especializado en delitos federales y complejos. Esta unidad tendrá entre sus funciones “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, además de “colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.
La jurisdicción de la PFA sigue siendo nacional. Su presencia en la Ciudad de Buenos Aires quedó reducida desde 2016, tras la transferencia de agentes y dependencias a la nueva policía porteña. Con esta reforma, el Ejecutivo plantea redefinir la utilidad estratégica de la fuerza.
Detenciones sin orden judicial y control en espacios digitales
El decreto presidencial establece que la PFA podrá detener personas por hasta diez horas sin autorización judicial “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.
También se permite realizar requisas personales, de pertenencias y vehículos “cuando existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito”. Esta atribución incluye casos en los que “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”.
Además, la norma introduce tareas de vigilancia digital: la policía podrá actuar en “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas”, sin requerir intervención judicial.
Críticas de organizaciones y especialistas
La reforma generó un amplio rechazo por parte de entidades especializadas y defensoras de los derechos humanos. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) se planteó que “el Gobierno ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real”. También subrayaron que la medida “representa una nueva oportunidad desperdiciada”, señalando que “conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna”. Según el instituto, “las detenciones sin orden judicial entran en contradicción con el marco legal vigente”.
Amnistía Internacional observó “con preocupación el ciberpatrullaje” autorizado, señalando que “plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio, que afectan derechos fundamentales”.
Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma “abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”.
Respuesta oficial ante las críticas
El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las objeciones y aseguró: “No infringimos ninguna ley”, y añadió: “no estamos en contra de lo que plantea la Constitución Nacional. Si así lo fuese, y hay alguna presentación judicial, dirimirá la justicia”.
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Marcha del Orgullo: de las máscaras de 1992 a la resistencia contra el odio en 2026
La 35ª edición sale este sábado 7 bajo el lema “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La primera, en 1992, reunió a unas 300 personas con máscaras por miedo a la persecución; hoy reclama una Ley Integral Trans y el fin del DNU 62/2025.
La 35ª Marcha del Orgullo se hará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires bajo una consigna que condensa el momento: “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. El lema lo definió la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO), que reúne a organizaciones de distintos sectores y coordina la movilización que volverá a unir la Plaza de Mayo y el Congreso en plena semana de operativo por la visita del papa León XIV. Detrás de una convocatoria que, según la organización, superó el millón de personas en las últimas ediciones hay una historia de más de tres décadas que arrancó con 300 valientes que se tapaban la cara para no perder el trabajo.
El origen: 1992, entre máscaras y miedo
Todo comenzó el 2 de julio de 1992. Aquella primera marcha reunió a unas 300 personas en un contexto hostil que obligó a los manifestantes a cubrirse el rostro con máscaras de cartón, pañuelos o anteojos por miedo a perder sus empleos o sufrir persecución policial. El recorrido, igual que hoy, unía la Plaza de Mayo con el Congreso de la Nación. En 1993, los organizadores tomaron como referencia la primera marcha histórica del mundo, la de 1970 en conmemoración del aniversario de los disturbios de Stonewall en Nueva York, considerados el catalizador del movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.
La segunda movilización llevó demandas muy concretas: la inclusión en la Ley Antidiscriminatoria, la unión civil para legalizar las parejas del mismo sexo y el fin de la persecución policial. En 1994, bajo el lema “Visibles para ser libres e iguales”, asistieron más de 1.000 personas y comenzó, gradualmente, el fin de las máscaras. Exigían que la prohibición de la discriminación por orientación sexual entrara con rango constitucional en la Carta Magna.
La cobertura mediática de la marcha de 1995 dio relevancia a referentes históricos como Carlos Jáuregui, en una de sus últimas movilizaciones antes de fallecer en 1996; Mariela Muñoz, ícono trans que luchaba por la tenencia de sus hijos adoptivos; Rafael Freda, y la visibilidad de actrices como Cris Miró, que en 1995 revolucionó la escena artística nacional. El año siguiente, 1996, fue el más triste y doloroso: la marcha quedó atravesada por la crisis del VIH/Sida y el luto por la muerte de Jáuregui, y el reclamo se enfocó en exigir la anulación de los edictos policiales que permitían detener arbitrariamente a homosexuales, travestis y trans solo por su identidad en la vía pública. En ese mismo año consolidó su voz pública la activista trans Lohana Berkins.
Los primeros pasos legales y la conquista de derechos
En 1997 el movimiento consensuó trasladar la marcha principal al primer sábado de noviembre, mes en que se fundó en 1967 Nuestro Mundo, la organización pionera del movimiento de liberación homosexual del país y de América Latina. Esa movilización celebró la derogación de los edictos policiales en la Ciudad: por primera vez en décadas, vestirse con ropa del género opuesto o ser homosexual dejó de ser motivo legal para terminar detenido en la calle. Desaparecieron las máscaras de cartón, la convocatoria superó las mil personas y aparecieron los primeros camiones con música y las estéticas coloridas que caracterizan a la marcha actual.
En 1998, bajo el lema “Orgullo de ser, derecho a expresar”, debutó el primer camión carroza con parlantes. Para el 2000 la convocatoria ya era masiva, superó las 2.500 personas y dejó de ser noticia policial para convertirse en un acto político central. En 2001 se pidió “Unión civil, ley antidiscriminatoria y cupo laboral travesti”, a un mes del estallido social de diciembre. Pocas semanas después de la movilización de 2002, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Unión Civil, el primer antecedente legal de América Latina que reconoció a las parejas del mismo sexo. En 2003 se celebraron las primeras bodas bajo esa ley, la primera vez que el Estado argentino entregó una libreta legal a parejas del mismo sexo, aunque sin derechos de adopción ni herencia.
A partir de 2004 el activismo se articuló con la agenda de derechos humanos de Plaza de Mayo. El 6 de noviembre de 2010 se vivió la mayor fiesta: apenas tres meses antes se había sancionado la Ley de Matrimonio Igualitario, que convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en reconocer ese derecho. En 2012 ya estaba consolidada la Ley de Identidad de Género, aprobada el 9 de mayo de ese año, que despatologizó las identidades trans y permitió el cambio de nombre y sexo en el DNI sin cirugías ni diagnósticos. En esa misma marcha surgió el reclamo por el cupo laboral trans de la mano de Berkins, que advirtió que el DNI no bastaba si persistía la exclusión económica. Se congregaron más de 200 mil personas.
La memoria, la calle y la resistencia política
En 2015 la marcha tuvo como eje el brutal asesinato de la activista travesti Diana Sacayán, ocurrido tres semanas antes. El activismo instaló los conceptos de travesticidio y transfemicidio para que la justicia los tratara como crímenes de odio y no como delitos comunes. En 2016, la movilización denunció el protocolo de la entonces ministra Patricia Bullrich por criminalizar la protesta y superó por primera vez las 250.000 personas. De 2017 a 2019 nació la Campaña por el Aborto Legal y el movimiento LGBT unificó fuerzas de manera inédita con el feminismo; en 2019 se congregaron más de 400.000 personas.
En 2020 la marcha se hizo virtual por la pandemia, y en 2021 fue una marea humana de más de 500.000 personas que desbordó el centro porteño, celebrando el Decreto que habilitó la opción “X” en el DNI y la sanción de la Ley Diana Sacayán Lohana Berkins. Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas. En 2022 se reclamó la reglamentación de la Ley de VIH y la aparición con vida de Tehuel de la Torre; en 2023, contra el avance de discursos de extrema derecha, con la consigna “Ni un ajuste más, ni un derecho menos” y en defensa de la ESI y el cupo laboral trans. Durante 2024 y 2025 se pronunció contra la austeridad y el cierre de organismos de protección contra la discriminación.
La 35ª edición: orgullo frente al odio
Este sábado 7 de noviembre, la marcha llega a su 35ª edición con un doble gesto de resistencia y memoria: la COMO anunció un homenaje a todas las organizaciones de derechos humanos al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, con la reivindicación de la consigna “Nunca Más”, y mantuvo firme la fecha pese al operativo por la visita del papa y los rumores de suspensión. “La fuerza colectiva de toda la sociedad fue la que nos hizo mantener la fecha de esta marcha”, enfatizó ante la prensa María Rachid, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Marcha y presidenta de la Federación Argentina LGBT+.
Bajo la consigna “Resistir es insistir”, la convocatoria exigirá una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria, la emergencia en salud sexual frente al avance de las infecciones de transmisión sexual, la separación de las iglesias y el Estado y el rechazo al DNU 62/2025, que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a los tratamientos previstos en esa norma, además del repudio al ataque que una patota de ciclistas cometió el 1° de noviembre contra trabajadoras sexuales travestis y trans en los Bosques de Palermo, que la Legislatura porteña condenó por unanimidad. Lo que nació con 300 personas tapadas con cartón para no ser reconocidas se prepara para teñir de nuevo el centro porteño, para demostrar que el orgullo, como la memoria, no se esconde. En 34 ediciones, la Argentina pasó de ocultar la identidad por miedo a la policía a convertir la diversidad en una de las mayores movilizaciones del país.
Una marcha contra el retroceso
La edición 2026 es la tercera bajo el gobierno de Javier Milei. El Presidente cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI) en 2024 y, en su discurso de Davos de enero de 2025, asoció la homosexualidad con el abuso infantil, una frase que provocó la Marcha Federal Antifascista y Antirracista del 1 de febrero de ese año. Las organizaciones sostienen que ese clima habilita ataques como el de Palermo y recuerdan el triple lesbicidio de Barracas, de mayo de 2024.
De aquella primera convocatoria que soñaba con el fin de los edictos a este sábado en el que reclama leyes trans e igualdad ante el odio, la marcha sigue escribiendo la historia de un colectivo que aprendió a no pedir permiso. Porque, como dice la consigna de esta edición, cuando el odio avanza, el orgullo en las calles responde.
Lo que tenés que saber:
- La 35ª Marcha del Orgullo se realizará este sábado 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”, definida por la COMO.
- La primera marcha fue el 2 de julio de 1992 con unas 300 personas que se cubrieron el rostro por miedo a la persecución policial y laboral.
- En 2010 se celebró la Ley de Matrimonio Igualitario y en 2012 la Ley de Identidad de Género, ambos hitos de vanguardia en América Latina.
- Entre 2022 y 2025, según la organización, la convocatoria superó el millón de asistentes en ediciones consecutivas.
- La edición 2026 rendirá homenaje a las organizaciones de derechos humanos a 50 años del golpe de 1976 y reclamará una Ley Integral Trans y una ley antidiscriminatoria.
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