Lo que tenés que saber

• El decreto autoriza detenciones y requisas sin orden judicial en ciertas condiciones.
• La Policía Federal enfocará su labor en investigaciones criminales complejas.
• Se creará un Departamento Federal de Investigaciones inspirado en el FBI.
• El Gobierno justifica las medidas en modelos de seguridad de EE.UU. e Israel.
• Organismos de derechos humanos denuncian riesgos constitucionales y vigilancia masiva.

Milei reforma la Policía Federal: nuevo enfoque y atribuciones sin aval judicial

El presidente Javier Milei anunció una transformación estructural de la Policía Federal Argentina (PFA), firmada mediante decreto. La medida confiere nuevas facultades a la fuerza, incluyendo la posibilidad de detener personas y realizar tareas de inteligencia sin requerimiento judicial. “Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina (PFA) y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal”, declaró el mandatario.

La reforma busca modelar la nueva estructura según organismos como el FBI y fuerzas de seguridad israelíes. En palabras de Milei: “Vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal del mundo”.

Creación del Departamento Federal de Investigaciones

Como parte del rediseño, se creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que será el brazo especializado en delitos federales y complejos. Esta unidad tendrá entre sus funciones “prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos”, además de “colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales”.

La jurisdicción de la PFA sigue siendo nacional. Su presencia en la Ciudad de Buenos Aires quedó reducida desde 2016, tras la transferencia de agentes y dependencias a la nueva policía porteña. Con esta reforma, el Ejecutivo plantea redefinir la utilidad estratégica de la fuerza.

Detenciones sin orden judicial y control en espacios digitales

El decreto presidencial establece que la PFA podrá detener personas por hasta diez horas sin autorización judicial “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad”.

También se permite realizar requisas personales, de pertenencias y vehículos “cuando existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito”. Esta atribución incluye casos en los que “no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar”.

Además, la norma introduce tareas de vigilancia digital: la policía podrá actuar en “espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas”, sin requerir intervención judicial.

Críticas de organizaciones y especialistas

La reforma generó un amplio rechazo por parte de entidades especializadas y defensoras de los derechos humanos. Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) se planteó que “el Gobierno ha optado, una vez más, por el marketing antes que por un cambio real”. También subrayaron que la medida “representa una nueva oportunidad desperdiciada”, señalando que “conserva numerosas funciones de prevención y custodia inadecuadas para una agencia de investigaciones moderna”. Según el instituto, “las detenciones sin orden judicial entran en contradicción con el marco legal vigente”.

Amnistía Internacional observó “con preocupación el ciberpatrullaje” autorizado, señalando que “plantea riesgos de vigilancia masiva y perfilamiento discriminatorio, que afectan derechos fundamentales”.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que la reforma “abre ventanas para la criminalización de organizaciones sociales, la represión de las protestas, el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”.

Respuesta oficial ante las críticas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respondió a las objeciones y aseguró: “No infringimos ninguna ley”, y añadió: “no estamos en contra de lo que plantea la Constitución Nacional. Si así lo fuese, y hay alguna presentación judicial, dirimirá la justicia”.