Reestructuración profunda tras el escándalo por YPF

El Gobierno formalizó este miércoles la reestructuración de la Procuración del Tesoro de la Nación con la publicación del decreto 475 en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según el texto, la iniciativa busca “fortalecer la eficiencia operativa del organismo” y “adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.

La resolución se inscribe en el marco del escándalo por la presunta filtración de información confidencial a los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. En ese contexto, el Gobierno había cesanteado a unas 60 personas dentro de la Procuración, en lo que describió como un “recorte histórico de personal”.

Cierre de la Escuela de Abogados del Estado

Uno de los puntos más significativos del decreto es la eliminación de la Escuela para Abogados del Estado. Creada como espacio de capacitación específica para quienes integran el Cuerpo de Abogados del Estado, el Ejecutivo sostuvo que, si bien había cumplido con su mandato, enfrentaba “desafíos estructurales” que dificultaban el cumplimiento pleno de sus objetivos.

“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, afirma el decreto.

Redistribución de funciones y nuevo órgano de formación

El texto también establece que los cursos de formación vigentes continuarán bajo supervisión del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). Este organismo asumirá tareas clave en el diseño y seguimiento de la capacitación, así como en la asignación de becas para los abogados del Estado.

Según el decreto, el CEFAP será “el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación”.

Justificación oficial: eficiencia, costos y dinamismo

La resolución oficial enmarca los cambios dentro de un proceso de optimización administrativa. “Se evitará el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria”, señala el decreto, lo cual permitirá –según el Ejecutivo– reducir costos y “mejorar la calidad de la formación y actualización profesional”.

Asimismo, se aprobó una nueva estructura organizativa de la Procuración del Tesoro, “con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones”.

Puntos clave:

• El decreto 475 formalizó una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro.
• Se eliminó la Escuela de Abogados del Estado por “desafíos estructurales”.
• El CEFAP asumirá la formación y otorgamiento de becas para abogados del Estado.
• La medida fue tomada tras la denuncia por filtraciones en el juicio por la expropiación de YPF.
• El Gobierno justificó la reforma por razones de eficiencia, austeridad y profesionalismo.