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Tras filtraciones sobre el juicio por YPF, Milei desmanteló áreas clave en la Procuración del Tesoro
El Ejecutivo desmanteló áreas técnicas clave y eliminó la Escuela de Abogados del Estado. El decreto 475 justifica los cambios por razones de “eficiencia, austeridad y formación”. La medida llega tras la denuncia por una supuesta filtración en el juicio por la petrolera argentina.
Reestructuración profunda tras el escándalo por YPF
El Gobierno formalizó este miércoles la reestructuración de la Procuración del Tesoro de la Nación con la publicación del decreto 475 en el Boletín Oficial. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Según el texto, la iniciativa busca “fortalecer la eficiencia operativa del organismo” y “adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos”.
La resolución se inscribe en el marco del escándalo por la presunta filtración de información confidencial a los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. En ese contexto, el Gobierno había cesanteado a unas 60 personas dentro de la Procuración, en lo que describió como un “recorte histórico de personal”.
Cierre de la Escuela de Abogados del Estado
Uno de los puntos más significativos del decreto es la eliminación de la Escuela para Abogados del Estado. Creada como espacio de capacitación específica para quienes integran el Cuerpo de Abogados del Estado, el Ejecutivo sostuvo que, si bien había cumplido con su mandato, enfrentaba “desafíos estructurales” que dificultaban el cumplimiento pleno de sus objetivos.
“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, afirma el decreto.
Redistribución de funciones y nuevo órgano de formación
El texto también establece que los cursos de formación vigentes continuarán bajo supervisión del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP). Este organismo asumirá tareas clave en el diseño y seguimiento de la capacitación, así como en la asignación de becas para los abogados del Estado.
Según el decreto, el CEFAP será “el organismo competente para entender en la selección de los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado que soliciten becas para cursos de perfeccionamiento que ella administre. Será responsable de la difusión pública de las becas ofrecidas, evaluará las condiciones de los candidatos y elevará las propuestas pertinentes al Procurador del Tesoro de la Nación”.
Justificación oficial: eficiencia, costos y dinamismo
La resolución oficial enmarca los cambios dentro de un proceso de optimización administrativa. “Se evitará el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria”, señala el decreto, lo cual permitirá –según el Ejecutivo– reducir costos y “mejorar la calidad de la formación y actualización profesional”.
Asimismo, se aprobó una nueva estructura organizativa de la Procuración del Tesoro, “con el fin de fortalecer su capacidad operativa y dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones”.
Puntos clave:
- El decreto 475 formalizó una reestructuración profunda en la Procuración del Tesoro.
- Se eliminó la Escuela de Abogados del Estado por “desafíos estructurales”.
- El CEFAP asumirá la formación y otorgamiento de becas para abogados del Estado.
- La medida fue tomada tras la denuncia por filtraciones en el juicio por la expropiación de YPF.
- El Gobierno justificó la reforma por razones de eficiencia, austeridad y profesionalismo.
CABA
Basura porteña: la Ciudad descarta pagar indemnizaciones a recolectores y Moyano amenaza con la calle
La administración porteña confirmó en audiencia pública que los nuevos pliegos de recolección de residuos (2028-2038) no contemplarán indemnizaciones para los trabajadores del sector. El monto en disputa asciende a 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos. Pablo Moyano respondió con una movilización y dejó una advertencia sin matices: irán hasta las últimas consecuencias.
Doscientos millones de dólares en indemnizaciones quedarán afuera de los nuevos contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. La administración de Jorge Macri lo confirmó este lunes en una audiencia pública, poniendo en blanco sobre negro lo que el Sindicato de Camioneros venía advirtiendo desde hace semanas: que el gobierno porteño no tiene intenciones de incluir las compensaciones económicas para los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector cuando finalicen las concesiones vigentes.
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, respondió con una movilización callejera antes de que la audiencia comenzara y dejó en claro la postura del gremio: no habrá marcha atrás. Los contratos actuales del servicio de recolección y barrido, prorrogados hasta septiembre de 2028, contemplan expresamente en su Régimen de Personal Operativo el ítem «Indemnizaciones Finales», que establece que al término del contrato el Gobierno de la Ciudad abonará a las empresas adjudicatarias los montos auditados para que estas indemnicen al personal. La gestión macrista pretende que ese ítem desaparezca en los pliegos que cubrirán el período 2028-2038.
«Nadie nos regaló nada»: la advertencia de Moyano
La semana pasada, en una asamblea del gremio, Pablo Moyano fue explícito respecto del nivel de conflicto que está dispuesto a escalar. «Nadie nos regaló nada. Todo lo que conseguimos fue en la calle y luchando. Con el pago de las indemnizaciones no vamos a retroceder un paso. Lo vamos a ganar nuevamente en la calle, que manden a la policía, que manden a los medios de comunicación», sostuvo ante los trabajadores. La advertencia no fue una figura retórica: este lunes la movilización se concretó frente al lugar donde se realizó la audiencia pública, anticipándose a la decisión oficial.
El reclamo del gremio tiene un sustento contractual concreto. El pliego licitatorio vigente, cuyo vencimiento fue prorrogado hasta septiembre de 2028, establece textualmente que «al terminar este contrato, el adjudicatario calculará las indemnizaciones del personal; una vez auditadas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires abonará dichos montos a la empresa para que ésta indemnice a los trabajadores». La pregunta que Camioneros lleva a la Legislatura porteña es si el presupuesto 2027, que Jorge Macri deberá presentar próximamente, incluirá las partidas necesarias para honrar ese compromiso.
El nuevo pliego: tecnología como respuesta política
Desde la administración porteña, la respuesta al conflicto gremial llegó envuelta en modernización tecnológica. La propuesta que la Ciudad puso sobre la mesa en la audiencia pública contempla que parte del pago a las empresas dependa del cumplimiento efectivo del servicio y de la evaluación de los vecinos. Entre las innovaciones previstas figuran seguimiento satelital de los camiones, sensores en contenedores, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y ajustes en los recorridos, el barrido y la recolección diferenciada. Ninguna de esas mejoras operativas, sin embargo, responde a la pregunta central del conflicto: quién pagará los 200 millones de dólares que los trabajadores consideran su derecho adquirido.
La tensión tiene una lógica política que va más allá del pliego técnico. Con vistas a las elecciones de 2027, el gobierno de Jorge Macri enfrenta la presión de mantener equilibradas las cuentas de la Ciudad sin comprometer partidas millonarias a futuro, mientras Camioneros, uno de los sindicatos con mayor capacidad de movilización del país, no está dispuesto a resignar conquistas contractuales bajo el argumento del ajuste. El resultado de esa ecuación se dirimirá, según todo indica, en la calle y en la Legislatura, antes de que los nuevos pliegos queden firmes.
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad confirmó en audiencia pública que los nuevos contratos de recolección (2028-2038) no incluirán el pago de indemnizaciones a los trabajadores del sector.
- El monto en disputa asciende a aproximadamente 200 millones de dólares para unos 6.000 recolectores y barrenderos.
- Pablo Moyano encabezó una movilización y advirtió que Camioneros hará «lo imposible» para que las indemnizaciones se efectivicen.
- El pliego vigente, prorrogado hasta septiembre de 2028, establece expresamente la obligación del Gobierno porteño de financiar esas indemnizaciones al vencimiento de los contratos.
- La propuesta oficial incorpora tecnología (GPS, sensores, IA) en el servicio pero no aborda el conflicto económico con el gremio.
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