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Gremiales

«Emergencia sanitaria»: gremios marchan por el Garrahan y exigen paro nacional

Organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron al Congreso para denunciar el vaciamiento de hospitales nacionales y exigir una recomposición presupuestaria urgente.

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La Ciudad de Buenos Aires volvió a ser epicentro de una manifestación en defensa de derechos esenciales. Desde las 16.30, trabajadores del Hospital Garrahan, junto con gremios de salud, docentes, estudiantes, artistas y jubilados, marcharon desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo para denunciar el desfinanciamiento del sistema sanitario nacional y exigir condiciones laborales y salariales dignas.

La convocatoria, impulsada por el Frente por la Soberanía, el Trabajo Justo y el Salario Digno, se replicó en distintas provincias bajo un mismo lema: frenar el vaciamiento de los hospitales públicos y visibilizar la emergencia en la que se encuentra el sector.

“El Garrahan y la salud pública en la Argentina están en emergencia”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Según el dirigente, el deterioro presupuestario promovido por el gobierno de Javier Milei “persigue la autoexplotación de los trabajadores hasta su muerte”.

El recorte como política de Estado

Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, los recortes al área de salud fueron profundos. En abril de este año, el Ministerio de Salud de la Nación sufrió un ajuste del 35% real interanual en su presupuesto ejecutado, según datos del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Las transferencias a hospitales nacionales, como el Garrahan, el Posadas o el Elizalde, mostraron una ejecución de apenas el 18% al primer semestre del año, muy por debajo de lo necesario para garantizar su funcionamiento pleno.

La situación del Garrahan se volvió paradigmática. En junio, su Consejo de Administración alertó que la parálisis presupuestaria comprometía la continuidad de cirugías, tratamientos de alta complejidad y compras de insumos esenciales. “Estamos trabajando al límite”, advirtieron en un comunicado.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan, reclamó la intervención de las centrales obreras: “A la CGT también le decimos públicamente que los llamamos porque tienen responsabilidad para la resolución de este conflicto: que llamen a un paro nacional en defensa del Garrahan y de la salud pública”.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La crítica principal de los trabajadores no se limitó al desfinanciamiento institucional, sino que puso el foco en los ingresos de los profesionales de la salud. De acuerdo con un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), más del 60% del personal sanitario percibe salarios por debajo del umbral de pobreza, calculado en $851.350 en junio por el INDEC para una familia tipo.

Ante la falta de una paritaria nacional del sector salud, muchos trabajadores se ven obligados a aceptar jornadas extenuantes en múltiples empleos. “Con Milei aparece un fenómeno nuevo que es el del pluriempleo”, denunció Aguiar. “El Gobierno Nacional promueve la autoexplotación como única forma de subsistencia”.

Un nuevo ciclo de resistencia

La jornada nacional fue la segunda gran movilización articulada por el Frente por la Soberanía, que agrupa a gremios de la CTA Autónoma, sectores de la CGT, agrupaciones políticas, organizaciones de derechos humanos y colectivos culturales. Más de 90 entidades acompañaron la marcha de este miércoles en Capital Federal.

“El mensaje que queremos darle al Gobierno y al ministro (Mario) Lugones es que dejen de mirar para otro lado”, exigió Lezana. El funcionario, titular del Consejo de Administración del Garrahan y designado por el Ejecutivo, fue señalado por los trabajadores como corresponsable de la parálisis presupuestaria.

La movilización, que combinó reclamos sectoriales con un cuestionamiento de fondo a la política sanitaria nacional, volvió a instalar en el centro del debate una pregunta crucial: ¿hasta qué punto está dispuesto el Estado a sostener el derecho a la salud?

Gremiales

ATE para el jueves: «Esto no es reforma, es saqueo» del DNU 70/23

El gremio estatal convoca un paro nacional de 24 horas y movilización al Congreso desde las 13.30 para exigir la derogación completa del decreto. Coincide con la Marcha Federal Universitaria.

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Columna de ATE en el 39.° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Córdoba

Un paro nacional de 24 horas en todo el país y una movilización al Congreso desde las 13.30. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convoca para este jueves a una jornada de protesta para exigir la derogación completa del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, con medidas que se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.

La medida fue definida por el gremio estatal y anunciada por su secretario general nacional, Rodolfo Aguiar. Coincide con la Marcha Federal Universitaria del mismo jueves 15 de octubre, que reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y fondos para el funcionamiento de las universidades públicas. El gremio ya había respaldado esa quinta marcha federal en los días previos.

«Voltear el 70/23 completo»

En el comunicado de ATE, Aguiar fue directo: «Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita».

Y sumó: «No podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».

El dirigente describió al DNU como un paquete a medida de los grandes grupos económicos y no como una reforma. «Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», afirmó.

Aguiar cerró el comunicado cuestionando el propio fundamento constitucional del decreto: «Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción».

Qué servicios se verán afectados

Durante la jornada se verán afectados, entre otros, la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, Migraciones, controles sanitarios del Senasa en puertos y aduanas, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), el mantenimiento de plantas nucleares y servicios públicos en provincias y municipios.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) solo garantizará vuelos sanitarios y de Estado; PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias. Según el gremio, en hospitales se sostendrán guardias mínimas y en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores solo la atención de urgencia; cada provincia definirá la extensión y la modalidad de la protesta.

El mismo jueves, el DNU en Diputados

La convocatoria gremial se da en un contexto en el que la oposición busca tratar en Diputados, también el jueves, la derogación del DNU 70/23, en una sesión especial que incluye otros temas de la agenda opositora. Mientras el Congreso discute si hay quórum para voltear el decreto, ATE sale a la calle a exigir que se derogue completo.

El gremio estatal, en cambio, insiste en que debe caer por entero.

Lo que tenés que saber:

  • ATE convoca un paro nacional de 24 horas para el jueves 15 de octubre y movilización al Congreso desde las 13.30.
  • El reclamo central es la derogación completa del DNU 70/23; la medida coincide con la Marcha Federal Universitaria.
  • Rodolfo Aguiar afirmó que el decreto «no es reforma, es saqueo» y que «nunca existió ni necesidad ni urgencia».
  • Se verán afectados residuos, educación auxiliar, Migraciones, Senasa, controladores aéreos, CNRT y servicios públicos provinciales y municipales, entre otros.
  • ANAC solo garantizará vuelos sanitarios y de Estado; PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
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