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Alberto lanzó en Vaca Muerta un Plan de Promoción de Producción de Gas
El anuncio se realizó desde una de las instalaciones del área Loma Campana que opera YPF en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, y busca promover las inversiones y el incremento de producción en todas las cuencas gasíferas.
El Gobierno nacional lanzó este jueves el Plan de Promoción de la Producción de Gas con el que pondrá en marcha un nuevo esquema de oferta y demanda en los próximos cuatro años, y con el que buscará sustituir importaciones por alrededor de US$ 5.629 millones e impulsar inversiones por al menos otros US$ 5.000 millones por parte del sector privado.
El nuevo esquema que presentaron esta tarde el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, desde la formación neuquina de Vaca Muerta, prevé un costo fiscal total de US$ 5.062 millones hasta el 2024, con un ahorro fiscal de US$ 2.574 millones, y un incremento en la recaudación proyectado de US$ 2.525 millones.
El anuncio se realizó desde una de las instalaciones del área Loma Campana que opera YPF en Vaca Muerta, en la cuenca neuquina, y busca promover las inversiones y el incremento de producción en todas las cuencas gasíferas con participación equitativa de todas las regiones.
Ese desarrollo del sector gasífero, según las estimaciones oficiales, permitirá contar a lo largo del plan con inversiones por US$ 5.000 millones por parte de las empresas productoras, de las cuales US$ 1.800 millones correrían por cuenta de YPF. En el acto, como empresa anfitriona y principal actor del sector, también estuvieron presentes el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, y el CE0 de la compañía, Sergio Affronti.
«es un plan que define reglas de juego claras, que van a potenciar la inversión, la producción, y la generación de empleo», dijo Guzmán.
En líneas generales el programa busca incentivar la inversión y la producción de gas como herramienta para detener el actual sendero de declinación creciente de la producción, para satisfacer la demanda interna, sustituir importaciones de GNL ahorrando divisas y bajando el costo fiscal, potenciar el empleo y el desarrollo en las las pymes y empresas regionales.
En ese sentido, el ministro Guzmán, -cuya cartera tiene a su cargo desde agosto la política energética-, explicó que el nuevo programa de incentivo a la producción de gas «va a permitir una menor dependencia de las importaciones, aportar divisas y contribuir a la estabilidad cambiaria».
«Este es un plan que define reglas de juego claras, que van a potenciar la inversión, la producción, y la generación de empleo, fruto de un proceso de articulación entre el sector público y privado», dijo Guzmán al referirse al plan que se analizó durante los últimos seis meses con las petroleras y las provincias.
El programa también «va a generar mejores condiciones para la competitividad y ayudará a todas las actividades en el sector privado, ayudará a la inversión y la generación de empleo, un paso más en el proceso de ir ordenando la economía argentina y que en la pandemia enfrentó tensiones mayores», agregó.
De esta manera se busca satisfacer la demanda de todos los segmentos de consumo, es decir el residencial, el industrial y el de las generadoras de electricidad, ante una tendencia decreciente de la producción.
La propuesta permitirá sustituir importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) por más de 18.000 millones de metros cúbicos (m3) de gas y el consumo de combustibles líquidos, y contribuirá también con el equilibrio de la balanza energética para tornarla superavitaria a los objetivos fiscales del Gobierno, destacó el informe oficial.
«el precio tope que el programa le asegura a las productoras, que supera en US$ 1,5 al precio promedio vigente, generará un incentivo a las empresas», dijo martínez, secretario de energía.
Se prevé también que el nuevo esquema permitirá armonizar la situación entre el precio necesario que fomenta inversiones con la tarifa que puede afrontar el usuario residencial, mediante el sostenimiento del esquema de subsidios.
En cuanto a la implementación del programa, el secretario de Energía, Darío Martínez, explicó que se dispone un esquema de subasta competitiva por 70 millones de metros cúbicos diarios con un precio tope de US$ 3,7 por millón de BTU que será destinado a las distribuidoras y para la generación eléctrica.
En caso de no alcanzarse el volumen de 70 millones de metros cúbicos por día (m3/d) del bloque en la primera ronda, se prevé segunda ronda complementaria, y para cubrir los picos invernales de demanda, se licitarán volúmenes adicionales para los períodos estacionales de esos 4 años.
Además, del precio tope que el programa le asegura a las productoras, que supera en US$ 1,5 al precio promedio vigente, generará un incentivo a las empresas, ya que «la petrolera que ofrezca el menor precio va a ser primera en el esquema de autorizaciones de exportaciones en firme», dijo el funcionario.
El programa, que se dará a conocer en detalle con su publicación en el Boletín Oficial, también prevé «un esquema de certificado de pago que es muy importante para dar certezas», subrayó el secretario de Energía.
Martínez también ratificó que el nuevo esquema «divide cupos por cuenca y para el bloque base se licitarán 2,8 miles de millones (MM) de m3/d en la zona Noroeste, 47,2 MM de m3/d en la Neuquina, y 20 MM de m3/d en la Austral.
De acuerdo al plan original si no se cubre el volumen en alguna de ellas se asignará ese margen faltante a las otras cuencas si hay capacidad de transporte».
El exdiputado neuquino agregó en ese sentido que este nuevo plan «trae reglas claras, un esquema que da tranquilidad a los inversores para poder invertir, que permite a los trabajadores volver a desempeñar sus tareas y que las pymes puedan generar inversión y producción».
Por último, el funcionario afirmó que se trata de «un esquema transparente de licitación para buscar el precio mas competitivo y va a permitir volver a tener los equipos perforando que hoy están parados, para en poco tiempo volver a producir el gas que necesitan los argentinos».
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La inflación interanual sin tregua: 33% golpea el costo de vida
El INDEC confirmó este jueves una inflación del 2,1% en mayo, con una acumulación del 14,7% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 33,2%. El gobierno libertario festeja la desaceleración mensual, pero la fotografía completa revela que una familia tipo necesita casi un millón y medio de pesos para no ser pobre, mientras Comunicación, Salud y Alimentos encabezan las subas.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo de 2026. El dato oficial confirmó una suba mensual del 2,1%, levemente por debajo del 2,6% registrado en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año trepó al 14,7%, mientras que la variación interanual cerró en 33,2%, mostrando un leve incremento respecto al 32,4% de abril, dado que un año atrás los precios habían subido menos.
El número mensual fue recibido con alivio en los despachos oficiales, donde el ministro de Economía Luis Caputo viene prometiendo un anclaje inflacionario como eje central de la gestión libertaria. Sin embargo, la lectura crítica de los datos obliga a mirar más allá del índice mensual: una desaceleración que se apoya sobre una base ya devastada por el ajuste tarifario, los recortes al gasto social y el peso de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no equivale a recuperación del poder adquisitivo de los sectores populares.
Los rubros que más presionaron en mayo
Según los datos oficiales del INDEC, la división de Comunicación lideró los aumentos del mes con un 3,4%, impulsada principalmente por subas en telefonía e internet. La siguió Educación con un 2,9% de incremento, traccionada por los ajustes en cuotas de colegios privados. El rubro Salud también se ubicó por encima del promedio general, con un 2,6%, empujado por la aceleración de los medicamentos y las cuotas de las prepagas.
Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,5%, por encima del índice general. El principal motor alcista dentro del rubro fue el precio de las verduras, con un salto del 27% de fuerte carácter estacional. Los productos panificados avanzaron alrededor del 2,5% y los lácteos un 3%, según la consultora privada C&T Asesores Económicos. En sentido contrario, la carne actúo como amortiguador, con un incremento de apenas el 1%, sosteniendo levemente el bolsillo de los sectores que más la consumen.
En el otro extremo de la tabla, los rubros de menor suba fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y Calzado (0,3%), este último influido por las campañas de descuentos del Hot Sale de fin de mes. Transporte registró un 2%, también por debajo del promedio general, tras los fuertes aumentos de combustibles de meses previos.
La brecha regional: el Noreste paga más, la Patagonia menos
El dato nacional oculta una distribución desigual del impacto inflacionario según la región del país. El Noreste fue la zona con la mayor variación del mes (2,6%), traccionada por subas en el gas en garrafa y los alquileres, dos rubros que golpean con especial dureza a los sectores más vulnerables de esas provincias. En el extremo opuesto, la Patagonia registró el menor incremento mensual, con un 1,7%.
La canasta que el dato mensual no puede tapar
El mismo jueves que el INDEC publicó el IPC, también actualizó los valores de las canastas básicas. Según los datos oficiales, en mayo una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) necesitó $1.500.000 aproximadamente para no caer bajo la línea de pobreza, de acuerdo con el informe de la Canasta Básica Total (CBT). Para no caer en la indigencia, ese mismo hogar requirió cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cuyo valor para el mes se situó en torno a los $665.000.
Estos números ponen en evidencia la brecha estructural que la narrativa oficial sobre la «desinflación» no puede cerrar: los aumentos mensuales de entre 2% y 3% se acumulan sobre una base de precios que, desde diciembre de 2023, ya destruyó décadas de conquistas en materia de poder adquisitivo. Según informes del IIEP (UBA-CONICET), los servicios públicos acumulan una suba superior al 525% desde el inicio de la gestión libertaria, con el transporte bordeando el 900%.
El relato oficial versus la persistencia del 33% interanual
El gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su capital político sobre la idea del control inflacionario como prueba de gestión. El dato de mayo, levemente mejor que el de abril, alimentará ese argumento en los próximos días. Pero la variación interanual del 33,2% expone la trampa del relato: una inflación que se desacelera mes a mes pero que acumula, en doce meses, el equivalente a un tercio de los ingresos de cualquier familia trabajadora que llegó a diciembre de 2025 con el bolsillo intacto, es decir, ninguna.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación interanual cerrará 2026 en torno al 30,5%. Esa cifra, de cumplirse, seguirá siendo una de las más altas de América Latina y muy superior a los compromisos asumidos con el FMI en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025, que estipuló metas de desinflación mucho más agresivas a cambio de un desembolso de USD 20.000 millones.
En ese contexto, el dato mensual más bajo en meses no es una victoria: es el piso mínimo que el ajuste permanente debe ofrecer para mantener la ficción de que el modelo funciona, mientras millones de argentinas y argentinos siguen sin poder cubrir la canasta básica de alimentos.
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