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Denuncia

Fentanilo contaminado: Rosario denunció irregularidades mucho antes que el Gobierno

La ciudad de Rosario detectó efectos adversos en pacientes tres meses antes del primer comunicado oficial del Gobierno nacional.

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Lo que tenés que saber

  • Rosario notificó al Gobierno sobre irregularidades con el fentanilo en mayo, aunque las muertes comenzaron en febrero.
  • ANMAT había recibido reportes sobre fallas en Laboratorios HLB Pharma desde diciembre de 2024.
  • El Gobierno nacional emitió una alerta recién el 8 de mayo y presentó una denuncia penal.
  • La medicación adquirida por Rosario fue suministrada a pacientes que luego presentaron infecciones graves.
  • Familiares de víctimas conformaron un colectivo que ya representa a 15 familias y reclaman justicia.

Rosario advirtió antes que el Gobierno sobre las muertes por fentanilo contaminado

La crisis sanitaria generada por el fentanilo inyectable contaminado suma una nueva polémica. Según confirmó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, la ciudad ya había detectado efectos adversos del medicamento en febrero de 2025, mientras que el Gobierno nacional recién emitió su primer alerta oficial el 8 de mayo. En una presentación ante el juzgado federal de La Plata, Javkin solicitó convertirse en querellante en la causa que investiga las muertes asociadas al uso de este potente opiáceo.

En el documento, firmado también por el secretario de Gobierno, Sebastián Chale, se detalla que el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez comenzó a registrar cuadros clínicos graves tras la aplicación del fentanilo suministrado por la droguería Nueva Era Rosario SRL. La medicación, 300 ampollas de la marca HLB, ingresó el 21 de febrero luego de un concurso de precios realizado el día 13 del mismo mes.

Inspecciones previas y alerta demorada

A pesar de que ANMAT contaba con una nota interna del 10 de febrero que advertía sobre “reportes bajo la sospecha de incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación” en Laboratorios Ramallo, el organismo no emitió ninguna advertencia pública hasta el 8 de mayo. Dicha nota surgió tras inspecciones realizadas entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024.

El informe técnico, firmado por Gabriela Mantecon Fumado y Nadia Agustina Bisio, instruía al laboratorio a presentar en un plazo de diez días hábiles un plan de acción correctivo. Sin embargo, los productos del laboratorio continuaron en circulación y algunos lotes fueron liberados al mercado entre el 4 y el 6 de enero de 2025.

Infecciones hospitalarias y vínculo con las ampollas contaminadas

El gobierno rosarino remarcó que la medicación fue aplicada a pacientes en cuidados intensivos, y que los efectos fueron inmediatos. “Dicha medicación fue suministrada a un listado de pacientes (…) se pudo corroborar el brote de klebsiella pneumoniae metalobeta-lactamasa bl +ralstonia picketi en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez”, lo que se asocia a una posible adulteración del fentanilo.

La situación derivó en al menos 30 muertes en Rosario, cifra que podría incrementarse conforme avanza la investigación judicial.

El Gobierno nacional reaccionó tres meses después

El 13 de mayo, ANMAT comunicó oficialmente la inhibición de HLB Pharma Group S.A. mediante el siguiente texto: “La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la inhibición del laboratorio HLB Pharma Group S.A. A raíz de graves y reiteradas irregularidades detectadas en la calidad y trazabilidad de sus productos. Asimismo presentó una denuncia penal, a fin de que la justicia investigue las responsabilidades correspondientes”.

Desde Rosario, fuentes del Ejecutivo municipal insistieron en que es necesario “poner el foco sobre los procedimientos de ANMAT y su posible impericia”.

Familias organizadas reclaman justicia

Un colectivo de familiares de víctimas, denominado Fentanilo Rosario, ya representa a 15 familias afectadas. Ayer, este grupo fue recibido por el intendente Javkin. La abogada Adriana Francese, quien los representa, explicó: “Los estudios preliminares demuestran un grado altísimo de precariedad en la fabricación de productos, específicamente de este fentanilo. Hay lotes que fueron fabricados en diciembre del año pasado y liberados al mercado entre el 4 y el 6 de enero, con registros precarios, confusos, sin el tiempo suficiente al que se deben someter estas ampollas para estudiar su proliferación bacteriana. Hay todo un circuito que se debe seguir minuciosamente, precisamente por ser medicamentos que van directamente a las unidades sanitarias para aplicar a pacientes vulnerables, no se venden en farmacias».

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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