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Legislativo

Diputados aprueba bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Proyecto recibió 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

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El Argentino Diario-Cámara de Diputados.

Lo que tenés que saber:

  • Proyecto recibió 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
  • Edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años.
  • Pena máxima de 15 años para homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
  • Prevén institutos especiales para educación, salud y tratamiento de adicciones.
  • Se incorporan mecanismos de mediación y reconocimiento explícito de víctimas.

Diputados aprueban la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto recibió 149 votos a favor, con apoyo de Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El peronismo votó en contra, manteniendo su postura unificada, aunque algunos diputados del Frente Renovador habían señalado disposición a respaldar la baja de edad. Finalmente, el oficialismo decidió votar por capítulos y a mano alzada, lo que dejó fuera al massismo.

Penas más duras y medidas alternativas

El nuevo régimen establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos menores a 10 años, se aplicarán sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibiciones específicas. Se implementará la suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Protección y educación para los menores

El proyecto pone énfasis en institutos especiales donde los menores recibirán educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de estos centros estará especializado en infancia y adolescencia. Queda prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.

Derechos de las víctimas

La ley garantiza que las víctimas sean informadas, escuchadas, cuenten con patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Podrán participar en instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda. Laura Rodríguez Machado, diputada libertaria, sostuvo que la ley vigente desde 1980 “no previene, no resocializa y no repara”. Señaló que la nueva normativa incorpora estándares internacionales nunca antes plasmados en la ley argentina.

Críticas desde el peronismo

Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó que la baja de edad no resuelve el problema de fondo y pidió foco en salud mental, consumos problemáticos y herramientas para internación de adolescentes en situaciones críticas. Juan Carlos Molina advirtió que el debate prioriza la cárcel sobre la educación, los centros deportivos y la inversión social. Santiago Santurio, del bloque libertario, defendió la medida: “No será la solución definitiva, pero obliga a los jóvenes a responder por delitos graves y garantiza justicia para las víctimas”.

Presupuesto y financiamiento

El proyecto destina $23.739 millones para su implementación: $3.132 millones al Ministerio de Justicia y $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación. El ajuste se realizó tras la advertencia de gobernadores de no acompañar si los costos recaían únicamente en las provincias. Miguel Ángel Pichetto destacó que sin inversión en establecimientos adecuados y educación, la medida “es solo humo para la tribuna”.

Conclusión

La ley cambia la forma en que Argentina trata a los menores imputables, endurece penas y fortalece derechos de víctimas. Su implementación dependerá del financiamiento y de la creación de institutos especializados.

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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste

El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.

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El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición.

Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.

El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Qué garantiza el proyecto oficialista

El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.

En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa

El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.

«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.

Una derrota política disfrazada de iniciativa

La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.

Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.

Lo que tenés que saber

  • El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
  • El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
  • La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
  • Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
  • El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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