Lo que tenés que saber:

• Proyecto recibió 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.
• Edad de imputabilidad baja de 16 a 14 años.
• Pena máxima de 15 años para homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros.
• Prevén institutos especiales para educación, salud y tratamiento de adicciones.
• Se incorporan mecanismos de mediación y reconocimiento explícito de víctimas.

Diputados aprueban la baja de edad de imputabilidad

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El proyecto recibió 149 votos a favor, con apoyo de Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. El peronismo votó en contra, manteniendo su postura unificada, aunque algunos diputados del Frente Renovador habían señalado disposición a respaldar la baja de edad. Finalmente, el oficialismo decidió votar por capítulos y a mano alzada, lo que dejó fuera al massismo.

Penas más duras y medidas alternativas

El nuevo régimen establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales y secuestros. Para delitos menores a 10 años, se aplicarán sanciones alternativas: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibiciones específicas. Se implementará la suspensión del proceso a prueba y mediación penal juvenil para infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Protección y educación para los menores

El proyecto pone énfasis en institutos especiales donde los menores recibirán educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de estos centros estará especializado en infancia y adolescencia. Queda prohibida cualquier convivencia con detenidos mayores de edad.

Derechos de las víctimas

La ley garantiza que las víctimas sean informadas, escuchadas, cuenten con patrocinio jurídico y asistencia psicológica. Podrán participar en instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda. Laura Rodríguez Machado, diputada libertaria, sostuvo que la ley vigente desde 1980 “no previene, no resocializa y no repara”. Señaló que la nueva normativa incorpora estándares internacionales nunca antes plasmados en la ley argentina.

Críticas desde el peronismo

Desde el peronismo, Juan Grabois cuestionó que la baja de edad no resuelve el problema de fondo y pidió foco en salud mental, consumos problemáticos y herramientas para internación de adolescentes en situaciones críticas. Juan Carlos Molina advirtió que el debate prioriza la cárcel sobre la educación, los centros deportivos y la inversión social. Santiago Santurio, del bloque libertario, defendió la medida: “No será la solución definitiva, pero obliga a los jóvenes a responder por delitos graves y garantiza justicia para las víctimas”.

Presupuesto y financiamiento

El proyecto destina $23.739 millones para su implementación: $3.132 millones al Ministerio de Justicia y $20.607 millones a la Defensoría General de la Nación. El ajuste se realizó tras la advertencia de gobernadores de no acompañar si los costos recaían únicamente en las provincias. Miguel Ángel Pichetto destacó que sin inversión en establecimientos adecuados y educación, la medida “es solo humo para la tribuna”.

Conclusión

La ley cambia la forma en que Argentina trata a los menores imputables, endurece penas y fortalece derechos de víctimas. Su implementación dependerá del financiamiento y de la creación de institutos especializados.