Denuncia
Denuncian al secretario de Hacienda por retención de fondos para Vialidad Nacional
El gremio conducido por Graciela Aleñá presentó acciones judiciales por el desvío de recursos asignados a salarios y condiciones laborales en Vialidad.
Lo que tenés que saber
- El gremio de trabajadores viales denunció penalmente a Carlos Guberman.
- La denuncia refiere a una deuda millonaria por fondos del impuesto a los combustibles.
- Reclaman falta de pago de sueldos, viáticos y elementos de seguridad.
- La situación fue notificada a diversas autoridades nacionales desde 2024.
- Anunciaron una asamblea para definir un plan de lucha el lunes 12 de mayo.
Denuncia penal contra Guberman por fondos no transferidos
Graciela Aleñá, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), presentó una denuncia penal ante el Juzgado General N°6. La acusación recae sobre Carlos Jorge Guberman, Secretario de Hacienda de la Nación, por “incumplimiento de deberes de funcionario público y de las funciones administrativas a su cargo”, bajo los artículos 248 y 249 del Código Penal.
Según consta en la denuncia CFP 1826/2025, se recaudaron 600 mil millones de pesos por el “Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono” en el primer bimestre de 2025. De ese monto, sólo se giraron 18 mil millones a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), de los 86 mil millones que corresponden por el Decreto 976/01 y la Ley 23.966. “Es un saqueo total al patrimonio de los argentinos”, declaró Aleñá.

Impacto en salarios, operativos y condiciones laborales
La denuncia argumenta que la retención de fondos impide actualizar salarios, pagar viáticos y financiar operativos como los de pesaje de camiones o el operativo invernal. Además, afecta directamente la provisión de elementos de seguridad. “La falta de fondos deviene en un peligro directo para todos los que trabajamos en Vialidad Nacional”, explicó Aleñá.
También mencionó que durante 2023 se firmaron actas para readecuar categorías de trabajadores en varias provincias, aunque “a la fecha no salió el correspondiente acto resolutivo”.
Reclamos a funcionarios y convocatorias sindicales
Aleñá afirmó que desde 2024 se enviaron reclamos a Marcelo Campoy (Administrador General de Vialidad), al área de Recursos Humanos del organismo, a Rosana Reggi (Subsecretaria de Desarrollo y Modernización del Empleo Público) y a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Informó que el lunes 12 de mayo a las 10 hs se realizará una asamblea en el Distrito 1 de Vialidad Nacional, ubicado en Av. General Paz 12190, Mataderos. Allí se definirá el plan de lucha para continuar con el reclamo por los fondos no transferidos.
Texto original de las declaraciones
“El funcionario o empleado público entonces, viene a desempeñar una tarea de servidor; por lo cual está obligado a obrar conforme al marco de competencias que el ordenamiento jurídico le ha instituido”, expresó Aleñá.

“Es una vergüenza el gobierno de Javier Milei en todos sus aspectos, pero fundamentalmente en el área de infraestructura hay un abandono total”, añadió, advirtiendo que “el 60% de las rutas nacionales se encuentran en estado ‘crítico’”, lo que pone “en riesgo la vida de todas las personas que deben transitar por rutas nacionales”.
Según la titular del gremio, también se enviaron reclamos al Ministro de Economía Luis Caputo y al Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. “El Gobierno está suficientemente notificado de la deuda y, por ende, del delito denunciado”, concluyó.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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