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Gremiales

Ya rindieron examen más de 41.500 estatales y la cifra de aprobados se elevó al 98%

“Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque rindieron todos bien”, señaló Rodolfo Aguiar y exigió que no se implementen las evaluaciones en el resto del país.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó que hasta el momento ya rindieron el Sistema de Evaluación Pública (SEP) 41.532 estatales y que el porcentaje de aprobación ya supera el 98%. “Los reyes del achique y los recortes se gastaron más de 2.500 millones de pesos para estigmatizarnos a los empleados públicos y no pudieron, fracasaron porque todos rindieron bien”, aseguró Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

“Los maestros de la eficiencia acaban de derrochar cuantiosos recursos públicos en evaluaciones de desempeño que nunca tuvieron sentido. Cualquiera podría haber anticipado el resultado con sólo saber que se les exigía que prueben su idoneidad a trabajadores con 5, 10, 15 y hasta más de 20 años de antigüedad”, completó el dirigente.

En esta línea, Aguiar señaló: “Parece que finalmente los burros no éramos los trabajadores, sino los funcionarios que empezaron a ingresar hace poco más de un año. Ahora esperemos que no insistan, que la corten acá y frenen en el resto del país con la implementación del sistema”, indicó Rodolfo Aguiar.

“A esta altura podríamos hablar de criptoexámenes, porque terminaron siendo una verdadera estafa para toda la sociedad. La plata que gastaron proviene del pago de impuestos de todos los argentinos de bien. Imaginamos que después de demostrado este perjuicio multimillonario, alguien va a renunciar”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.

Hasta el momento, los exámenes del Gobierno costaron al menos $2.570.996.928 en el SEP, calculando los días de trabajo perdidos por los estatales que debieron destinar su horario laboral a rendir los exámenes. Esa cifra, además, no contempla los gastos para la elaboración del material de estudio, el personal que realizó las evaluaciones, la utilización de un inmueble del Estado, entre otros conceptos.

En cuanto a los 40.701 exámenes aprobados, este universo incluye a trabajadores que ya se presentaron en segunda y hasta tercera instancia de evaluación sólo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que hasta el momento no se ha implementado en el resto del país.

Ante esta situación, ATE reiteró que el Sistema de Evaluación Pública es innecesario ya que actualmente existen métodos de evaluación laboral en el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional.

Educación

Paro universitario: docentes presionan al Gobierno por salarios y fondos

CONADU y sindicatos del sector realizarán una medida nacional el 27 y 28 de agosto. Reclaman recursos para las instituciones públicas y una actualización de haberes, mientras sigue la controversia política y judicial por la normativa vigente.

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La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) confirmó un paro nacional de 48 horas para el 27 y 28 de agosto.

La medida cuenta con el respaldo de distintos sindicatos universitarios, entre ellos FEDUBA, y se inscribe en un conflicto que combina reclamos salariales con cuestionamientos por el financiamiento de las universidades públicas.

El frente sindical exige además que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación permanece en disputa luego de su ratificación por parte del Congreso tras el veto presidencial.

El financiamiento universitario es uno de los ejes del conflicto

Los gremios sostienen que las universidades no están recibiendo las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo.

Según el planteo sindical, la falta de esos recursos afecta los gastos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las instituciones y también partidas destinadas a salarios y becas estudiantiles.

El reclamo se desarrolla en paralelo con una disputa judicial, debido a la existencia de fallos que ordenan el cumplimiento de la normativa.

Los sindicatos reclaman una nueva negociación salarial

El otro eje central de la protesta es la situación de los haberes docentes.

La conducción sindical cuestiona que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses hayan sido definidas de manera unilateral y sin una reapertura de la paritaria formal.

Las entidades gremiales sostienen que los incrementos quedaron por debajo de la inflación acumulada y calculan una pérdida cercana al 30% del poder adquisitivo desde diciembre de 2023.

Para recuperar el nivel de compra de ese período, los sindicatos estiman que sería necesario un aumento superior al 50% sobre los salarios actuales.

La pérdida salarial afecta especialmente a las dedicaciones simples

De acuerdo con el reclamo sindical, el deterioro de los ingresos golpea con mayor intensidad a quienes tienen dedicaciones simples y semi-exclusivas.

Las dificultades también alcanzan a los cargos de dedicación exclusiva y se vinculan, según las organizaciones, con la pérdida de profesionales que optan por oportunidades laborales mejor remuneradas.

Representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores con formación de posgrado hacia el sector privado o instituciones del exterior.

Universidades advierten por la salida de investigadores

La brecha salarial con otros ámbitos laborales es señalada como uno de los factores que favorecen el desplazamiento de profesionales altamente calificados.

Según las autoridades y representantes universitarios, esta situación impacta en la capacidad de las instituciones para sostener equipos de investigación, proyectos científicos y tecnológicos y actividades académicas.

El conflicto, por lo tanto, abarca tanto las condiciones laborales de los docentes como los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

Los gremios podrían profundizar las medidas

El paro de agosto se concretará mientras continúa la controversia por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las organizaciones sindicales advirtieron que podrían profundizar el plan de lucha si no reciben respuestas concretas del Poder Ejecutivo.

La medida de 48 horas quedó establecida para el 27 y 28 de agosto, con reclamos vinculados al financiamiento universitario, los salarios docentes y el cumplimiento de la legislación vigente.

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